El 17 de junio de 2014, elementos de la policía ministerial acatando las órdenes del entonces Procurador de Justicia Iñaki Blanco, detuvieron a Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). La perversidad del poder fue acallarlo, desmovilizarlo y someterlo. Fue cobrar venganza por atreverse a encarar al gobernador por su inacción ante los estragos causados por las tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades que se encuentran asentadas en los márgenes del río Papagayo.
Después de una serie de violaciones al debido proceso y a una defensa adecuada, la Fiscalía consignó en tiempo record, cinco averiguaciones previas por los delitos de ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo. Estas irregularidades han sido evidenciadas en dos juicios de amparo interpuestos ante la justicia federal que tuvo a bien atender y proteger al líder del CECOP. En primer lugar se interpuso el amparo 1034/2014 contra el auto de formal prisión que demostró las violaciones al debido proceso, entre ellas que a la hora de tomar la declaración de Marco Antonio en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza; tampoco se le dio oportunidad de que pudiera comunicarse con su familia; no se tomó en cuenta su autoadcripción como miembro de un pueblo indígena y además nunca se le informó de los delitos que se le acusaba. Este derecho al debido proceso también se vio agravado cuando su declaración no fue recabada dentro del plazo constitucional, sino hasta seis días después.
En segundo lugar, varias irregularidades en el proceso penal iniciado contra Marco Antonio, quedaron evidenciadas en el amparo contra su traslado 649/2014, en el cual se demostró la ilegalidad de su traslado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 04 Noreste ubicado en Tepic, Nayarit, debido a que el traslado no fue justificado dentro del proceso jurídico por las autoridades estatales que así lo solicitaron. Esta acción irregular violó las garantías a la legalidad, a su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley. A pesar de la decisión del Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo estatal demoró sin fundamento el traslado del integrante del CECOP a Guerrero, lo que dejó en claro el uso faccioso de la ley cuyo fin perverso es castigar a quienes se atreven a cuestionar los actos impunes de los gobernantes. Otra de las inconsistencias que se ha podido demostrar es la carencia de pruebas existentes en la causa penal, al grado que no se ha logrado acreditar fehacientemente que Marco Antonio cometió los delitos que se le imputan.
Estas violaciones procesales debilitan toda la causa penal y por lo mismo, ponen en cuestión a la misma autoridad judicial que ignora y no toma en cuenta estas irregularidades que ameritan que Marco Antonio alcance su libertad inmediata, amén del cumulo de pruebas que se han aportado y que demuestran de manera contundente su inocencia.
Este martes 14 de julio, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, sostendrá una audiencia de vista respecto de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo al defensor Marco Antonio Suástegui, por parte del empresario gravillero Humberto Marín.
Es conocida la lucha del CECOP y uno de sus líderes históricos contra la construcción de la presa La Parota y la defensa de sus tierras comunales. Esta lucha no solo ha sido contra la Comisión Federal de Electricidad, que fue la que detonó el conflicto al entrar a sus tierras sin permiso e iniciar los trabajos de la cortina. Posteriormente la Procuraduría Agraria se encargó de hacer todo el trabajo sucio para dividir a los comuneros y nombrar al comisariado de bienes comunales de manera ilegal y sin tomar en cuenta a los miembros del CECOP. Usaron a este representante para que se encargara de convocar a las asambleas con el fin de aprobar la construcción de la presa. El CECOP no solo dio la lucha en el ámbito social, resistiendo a brazo partido para impedir la realización de estas asambleas, sino que también tuvo la visión para enfrentar la embestid del estado, en los tribunales agrarios. Demostró tener la razón y desenmascaró todas las irregularidades y tropelías cometidas por los funcionarios de la Procuraduría Agraria. Ganaron cinco juicios agrarios y lograron para a pulso este megaproyecto, que a todas luces atenta contra los derechos de los verdaderos dueños de estas tierras, además que ha sido demostrado por especialistas su inviabilidad social y ambiental.
En esta disputa el Ejecutivo estatal en turno trató de denostar y criminalizar al CECOP. No sólo hubo detenciones contra varios comuneros opositores, sino que las mismas autoridades con el apoyo de líderes esbirros del sector campesino alentaron la división y generaron un ambiente de crispación que desencadenó en hechos violentos, donde perdieron la vida varias personas de los dos grupos. El CECOP, supo mantenerse firme y no cayó en provocaciones, más bien demostró capacidad para lograr la solidaridad internacional, al grado que pudo traer a sus tierras comunales, a los relatores de la ONU sobre Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen y sobre vivienda Miloon Kothari. También los visitó la secretaria general de Amnistia Internacional, Irene Khan, quién aprovechó la ocasión para iniciar una campaña mundial para promover los derechos económicos sociales y culturales.
Acuerpados con los relatores de la ONU y con las resoluciones del Tribunal latinoamericano del agua que en marzo de 2006 falló en favor de la cancelación de la hidroeléctrica, el CECOP, convocó a una consulta entre los mismos comuneros para analizar las ventajas y desventajas de esta megaobra. El resultado fue contundente, más de 5 mil comuneros de los núcleos agrarios que serían afectados por la presa votaron por el no a la construcción de la hidroeléctrica.
A pesar de todos estos triunfos tanto en el ámbito jurídico como social, las autoridades federales y estatales no han quitado el dedo del renglón. Por eso han acudido al uso faccioso de la ley para fabricar delitos y encarcelar a sus dirigentes. El gobierno del estado, en la administración de Aguirre Rivero, mantuvo siempre una postura ambivalente. Por un lado, buscó un acercamiento con los líderes del CECOP, para congraciarse con ellos y poder legitimarse como un gobernador afín a sus posturas. Sin embargo, cuando logró entrar al territorio del CECOP, la asamblea lo emplazó a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec, que planteaba que el gobernador se comprometía a buscar una reunión con el ejecutivo federal para que el CECOP, tuviera la oportunidad de hablar directamente con el presidente de la Republica y expresarle su ¡no! rotundo a la Parota!. Además se comprometía a ya no impulsar ni convocar a más asambleas para aprobar la construcción de la presa. Aguirre Rivero se negó a firmar esos acuerdos, sin embargo, después de que la situación política le era adversa lo hizo pero como mera acción mediática, sin que hubiera un compromiso serio por defender a los comuneros del CECOP.
La embestida contra su líder se dio cuando los comuneros entraron a un proceso de recuperación de sus tierras que por décadas han sido invadidas por empresarios gravilleros que han contado con el apoyo de presidentes municipales de Acapulco y autoridades encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente. Esta lucha contra los empresarios hizo que el ejecutivo estatal aprovechara la oportunidad para que se iniciaran denuncias penales contra Marco Antonio. Esta línea política derivó en la integración de cinco averiguaciones previas. Primero se detuvoa Marco Antonio por el delito de lesiones agravadas y ya que se encontraba recluido en Nayarit le llegó la denuncia por robo por parte del empresario Humberto Marín, quien lo señala junto con otros comuneros, cuando Marco Antonio los días 9 y 10 de abril de 2014 se encontraba realizando asambleas en varias comunidades, como Tasajeras, Salsipuedes, la Concepción, Garrapatas y Arroyo Verde del municipio de Acapulco, para darle seguimiento a los acuerdos establecidos con autoridades del estado, de verificar los daños causados por las tormentas Ingrid y Manuel y ver los proyectos de reconstrucción comunitario.
Sin importarle al órgano investigador sobre la veracidad de lo denunciado por el empresario Marín, se fabricó el expediente contra Marco Antonio con el fin de encarcelarlo, para sacarlo del estado, exhibirlo como un delincuente de alta peligrosidad y negarle la posibilidad de una defensa adecuada. Es la estrategia implantada en nuestro estado para desmovilizar a las organizaciones que ejercen sus derechos a través de la libre manifestación y de la protesta social. Solo de esta forma los pueblos y las organizaciones sociales pueden parar la embestida del gobierno y de los empresarios, que tienen el poder y las leyes de su lado para despojar e invadir los bienes comunales de los indígenas y campesinos, como actualmente sucede en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde el empresario Humberto Marín que es el invasor y destructor de sus tierras, se dice agraviado por los opositores de la presa. Ha logrado comprar la justicia para acusar a Marco Antonio de robo y despojo, para que pueda seguir impunemente extrayendo material pétreo del río papagayo, invadiendo y devastando sus territorios.
En esta semana veremos qué tanto los magistrados de la segunda sala penal en Acapulco valorarán en su justa dimensión las imputaciones que hace el empresario Marín contra Marco Antonio, y constataremos hasta dónde realmente valorarán con objetividad e independencia las pruebas que presentó la defensa, para que puedan demostrar a la sociedad que por encima de todo impera el sentido de justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de un defensor que fue injustamente encarcelado.