Abel Barrera Hernández
Este primero de octubre se realizó una audiencia de supervisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para constatar el cumplimiento de las sentencias de Fernández Ortega y Otros y Rosendo Cantú y Otra contra del Estado Mexicano. A 10 años de emitidas las sentencias, Inés y Valentina nuevamente bajaron de la montaña mostrando su aplomo y fortaleza ante la jueza y jueces del tribunal interamericano para evidenciar el incumplimiento de las sentencias por parte de las autoridades mexicanas.
Debido a la contingencia por Covid-19 la audiencia se realizó de manera virtual. Inés caminó varias horas por la madrugada para alcanzar la única camioneta que pasa a las 4 de la mañana rumbo a la cabecera municipal de Ayutla. Fueron más de 9 horas para llegar a las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, con sede en Tlapa de Comonfort. Por su parte, Valentina encargó a sus hijas e hijo para que siguieran con sus clases virtuales, mientras atendía esta cita con la jueza y los jueces de la Corte Interamericana. Fue muy grato contar con la presencia de Inés y Valentina, quienes siguen siendo un ejemplo de tenacidad y valentía, en medio de tantas adversidades y riesgos que siguen enfrentando para alcanzar justicia.
Es admirable su lucha incansable. Como madres han sabido guiar a sus hijas e hijos por estos caminos escabrosos de la Montaña, donde se carece de alimentos y medicinas. Tienen ese temple para sacar adelante a la familia y mantenerse siempre en primera fila para exigir justicia. La mayor felicidad es ver que sus hijas e hijos mayores hayan logrado cruzar el umbral del analfabetismo para coronar sus esfuerzos como profesionistas. Saben que esos son los frutos de su sufrimiento y escarnio que enfrentaron a lo largo de 18 años, cuando sucedieron estas atrocidades.
El Estado mexicano se presentó con una amplia delegación de autoridades federales y estatales, encabezada por Martha Delgado, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debido a la multiplicidad de medidas de reparación que abarcan las sentencias, la audiencia se dividió en dos bloques. El primero abordó las garantías de no repetición relacionadas con las políticas públicas para la atención e investigación de la violencia de género. El segundo estuvo enfocado en el avance de las investigaciones contra los perpetradores y los servidores públicos que obstruyeron sus denuncias. También se abordó la operación del centro comunitario y albergue para niñas y niños en Ayutla de los Libres y el centro de salud de Caxitepec, municipio de Acatepec.
La participación del Estado mexicano dejó mucho que decir, porque repitieron el mismo formato al que nos tienen acostumbrados las autoridades mexicanas, de proporcionar información general sin dar respuesta concreta al cumplimiento de las medidas de reparación. En la primera intervención la presidenta del Tribunal interamericano tuvo que interrumpir al funcionario federal por rebasar el tiempo que le correspondía, sin dar respuestas satisfactorias a Inés y Valentina. Se notó la molestia de la señora jueza Elizabeth Odio por esta forma de responder de las autoridades mexicanas. Lo mismo sucedió en el segundo bloque con la intervención que hizo la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes dejaron entrever la falta de compromiso con las víctimas, reduciendo su intervención en meros trámites burocráticos.
Para Inés y Valentina, fue una gran decepción por las respuestas huecas que proporcionaron las autoridades mexicanas. Ellas volvieron a interpelar por la inacción y falta de compromiso de los funcionarios federales y del Estado para atender los 33 puntos resolutivos que contienen las dos sentencias. Resaltaron que sigue sin atenderse la violencia de género que se ha incrementado en nuestro país, prevaleciendo este contubernio que existe entre las autoridades que procuran y administran justicia y los perpetradores. Con gran fuerza y coraje reclamaron el estancamiento de las investigaciones y el pésimo trabajo que se realiza en las fiscalías para darle celeridad a las indagatorias en las que se encuentran involucrados servidores públicos. Para ellas el sistema de justicia no ha cambiado y mantiene intocado los intereses de los grupos de poder que desprecian y discriminan a las mujeres indígenas.
De igual forma, hicieron un pronunciamiento especial sobre dos recomendaciones que son exclusivas para cada caso. Valentina Rosendo Cantú se refirió al centro de salud de Caxitepec que continuamente opera sin personal capacitado ni suficiente y no cuenta con el abasto de medicamentos. Inés Fernández Ortega fue muy enfática en su reclamo por la indolencia de las autoridades que han dejado a medio construir el centro comunitario y albergue para niñas y niños de Ayutla de los Libres, arguyendo en todo momento la falta de presupuesto. Para Inés es una clara muestra del desinterés que existe para proteger los derechos de las mujeres.
A pesar de las exigencias concretas expuestas por Inés y Valentina, no hubo respuesta del Estado mexicano ni compromisos claros. Ante el emplazamiento de la señora jueza de que pudieran concluir los trabajos del centro comunitario en seis meses, un representante de la delegación mexicana se vio forzado a decir que cumplirían con esta medida reparatoria. Esta postura evasiva y vacua de los funcionarios federales hizo reaccionar a los jueces que participaron en la audiencia, con mensajes claros a las autoridades mexicanas. Al respecto el juez Eduardo Vio Grossi señaló “soy el único juez que participó en estas dos sentencias. Ya estoy próximo a finalizar mi segundo periodo como juez. Me gustaría que este caso tan emblemático se cumpliera plenamente. No me gustaría irme de la Corte después de 12 años sin el cumplimiento cabal de las sentencias, por lo que le pido al Estado que se hagan los mayores esfuerzos para cumplir las dos sentencias.”
Por su parte, la presidenta del Tribunal, Elizabeth Odio Benito, aprovechó para agradecer a Inés y Valentina su perseverancia y fortaleza para continuar buscando justicia. Señaló que han dado una lucha heroica muy importante, abrieron camino extraordinario para que esta Corte avanzara en jurisprudencia trascendental en la región. Es obvio que todavía queda mucho camino por recorrer, lo siguen recorriendo. Por ellas y todas las mujeres que sufren de esta atroz violencia en Guerrero, en México y en el mundo, es una lucha a la que hay que sumarse. Este fenómeno atroz de la violencia, feminicidios, se han exacerbado de forma brutal. En la Corte estamos muy preocupados, sobre todo las que somos mujeres sobre estos fenómenos. Sabemos lo que sufren las mujeres, muy especialmente las mujeres indígenas, afromexicanas y pobres. Para esta Corte es muy importante asegurar que las garantías de no repetición realmente aporten en los cambios estructurales. Ayúdenos, ayúdense representantes del Estado.
Las palabras de apoyo de parte del máximo tribunal interamericano volvieron a arropar a Inés y Valentina, que vieron en esta institución la única instancia para alcanzar justicia. Reiteraron que no están solas y que la Corte seguirá velando para que sus fallos sean acatados. Estos mensajes de aliento reanimaron a Inés y Valentina ante la postura tibia de las autoridades, que se mostraron con falta de oficio y hasta detalles mínimos como la falta de coordinación entre los participantes. Inés y Valentina dejaron constancia de su grandeza como mujeres de roble, inquebrantables, dignas y firmes en su lucha por la justicia. A pesar de haber alcanzado esta cima, las autoridades mexicanas siguen siendo el principal obstáculo para cumplir las medidas de reparación y garantizar justicia. De la montaña a la Corte Interamericana existe aún ese gran abismo de la violencia y la impunidad que ha colocado a las mujeres que han sobrevivido a la tortura sexual al borde de la exasperación. Su lucha ha vencido innumerables peligros y ha tumbado los obstáculos del poder impune del ejército para abrir la brecha de la justicia en estos territorios sembrados de cruces por la violencia institucional castrense. Inés y Valentina son el puente seguro que construyeron a lo largo de estos 18 años con mucho sacrificio para estrechar los lazos entre las mujeres que han tenido la fuerza para desafiar este sistema de justicia patriarcal y encontrar la protección de la jueza y los jueces de la Corte Interamericana.
Públicado originalmente en Desinformémonos