Esta semana inicia el peregrinar de centenares de familias Na savi, Me phaa y Nauas hacia los campos agrícolas de 20 entidades del norte, noroeste y centro del país. Después de convivir con sus difuntos y compartir los alimentos de la nueva cosecha, empacan sus cobijas y trastes, cierran sus casas y sus hijos abandonan la escuela, para ser enganchados en Tlapa por contratistas de la región. Su desplazamiento lo realizan en condiciones sumamente precarias, sin ningún apoyo ni acompañamiento por parte de las autoridades del estado. Las familias jornaleras, desde que salen de sus comunidades hasta que llegan a los campos de trabajo, sufren múltiples vejaciones. Los tratos discriminatorios son sistemáticos; el racismo de los mestizos se traduce en engaños, burlas, atracos y lo más cruento, es que son víctimas de la sobre explotación laboral por parte de los empresarios. En este viacrucis del hambre, las autoridades de los tres niveles de gobierno asumen el rol de comparsas y capataces que abandonan a su suerte a miles de niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad, madres y padres de familia, quienes se ven obligados a trabajar de sol a sol, como en tiempos de los encomenderos españoles.
La Montaña y Costa Chica son las regiones de mayor expulsión de mano de obra semiesclava, debido a las condiciones sociales y económicas que rayan en la pobreza extrema. La exclusión social y las políticas discriminatorias, materializadas en los bajos índices de desarrollo humano, han orillado a que más de 10 mil personas sufran el flagelo del desprecio y la violencia laboral. La precarización de la vida comunitaria, sumado a la desigualdad de género y la inequidad por su pertenencia a un pueblo indígena, son factores que contribuyen a que se consuman violaciones masivas a sus derechos humanos, principalmente en el plano laboral, social y económico.
Las jornaleras y los jornaleros agrícolas no cuentan con seguridad social, reciben salarios deplorables, por debajo del mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo, sin contratación laboral formal ya que las empresas, productores agrícolas y/o rancheros hacen el contrato bajo palabra, a través quienes llaman contratistas, enganchadores o reclutadores, que en su mayoría son personas de las comunidades de origen, o de otros lugares cercanos. Ellos son los que establecen la comunicación de manera unilateral y sin supervisión al acuerdo laboral, lo que ocasiona que exista una nula relación laboral. Las personas trabajadoras jornaleras realizan acuerdos bajo presión, y están lejos de firmar algún contrato de trabajo como lo señalan los artículos 24 y 25 de la ley federal del trabajo.
Los contratistas de la región de la Montaña, para convencer a la población jornalera ofrecen casas, alimentación, guardería, buen sueldo y días de descanso. De manera dolosa usan esas tácticas para atraer a la población jornalera, dentro de la misma Unidad de Servicios Integrales (USI), mejor conocida como “La Casa del Jornalero”, donde colocan pancartas anunciando contratación de personas jornaleras en distintos campos de cultivo del país. A pesar de este atraco público ninguna autoridad se interesa en verificar las condiciones labores de los campos agrícolas que promueven estos beneficios.
Se han identificado diversas problemáticas que enfrenta la población jornalera en todo el proceso migratorio y que es crucial para la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos humanos, particularmente los derechos laborales.
Es muy grave que ninguna institución se encargue de velar por los derechos de las y los jornaleros agrícolas, por lo mismo, no existe una base de datos confiable sobre la población jornalera. Los únicos datos disponibles son los de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009) de la Sedesol. Actualmente no hay una fuente censal o estadística que permita tener un conocimiento certero acerca de la magnitud de la fuerza de trabajo asalariado ocupada en el campo.
Para el caso de la Montaña, no se realiza un registro de la población jornalera de manera permanente. Es una gran deficiencia que demuestra el desinterés y el mismo trato discriminatorio de las autoridades estatales, que no cuenten con un registro migratorio sobre la dinámica migratoria de la población jornalera.
La casa del Jornalero en Tlapa no tiene las condiciones mínimas para albergar a las niñas y niños que pernoctan en las instalaciones, ya que, ante el retraso de sus salidas o la falta de autobuses, suelen dormir encima de cartones que consiguen, o bien en el suelo cubierto con una sola cobija que arropa a las familias.
Uno de los grandes fracasos del gobierno federal en turno fue la falta de operatividad del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual tenía como objetivo el “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales para potenciar las capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo en la alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares” . Asimismo, durante el año 2017 y lo que va del 2018, México tuvo la oportunidad de retomar las propuestas presentadas por varias organizaciones de la sociedad civil, en la cual Tlachinollan participó, en la Consulta Nacional sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el gobierno se perfiló más sobre la migración de origen, tránsito, destino y retorno, así como de las personas solicitantes de la condición de refugio, que en este momento deja mucho que decir. De cualquier manera, en las dos dimensiones de la migración: la internacional e interna, ha quedado evidenciado el desinterés de las autoridades sobre la población pobre que sale en busca de una mejor vida. La lucha por sus derechos y el interés que ha despertado en la opinión pública, se debe a las familias que están denunciando situaciones indignantes tanto en sus países de origen como en nuestro mismo país que sigue dando trato de delincuente a las familias migrantes que pugnan por una vida digna.
De los 24 años que Tlachinollan llevamos trabajando, uno de los primeros casos que atendimos fue el de una familia jornalera que horas después de arribar en la terminal autobuses de Tlapa, el jefe de familia fue privado de la vida por elementos de la policía judicial, al dispararle cuando iba a la tienda a comprar. Estos hechos ocurrieron de madrugada, cuando los jornaleros habían regresado de trabajar de los campos agrícolas de Sinaloa y se encontraban descargando sus cosas en la terminal. Esperaban que amaneciera para contratar una camioneta que los llevara hasta su comunidad San Pedro Acatlán, municipio de Tlapa. La madre del jornalero agrícola con mucho dolor nos relató los sucesos en me´phaa. Lo que más le dio miedo fue constatar que los agresores eran policías que no solo le impidieron acercarse a su hijo que estaba herido de bala para llevarlo al hospital, sino que la amenazaron y le quitaron dinero y una televisión. El regreso de las familias jornaleras, se da en situaciones trágicas como esta. Sufren la violencia de las autoridades, el atraco de los transportistas y el robo de sus pertenencias por parte de las fuerzas del orden.
Es una infinidad de agravios los que padecen las familias jornaleras. Lo hemos documentado en tres informes y en todo momento hemos pedido la intervención de las autoridades. Cada año tenemos que emplazar a las autoridades del estado para que atiendan las demandas básicas de la población jornalera. A pesar de que se ha creado una comisión intersecretarial que se encargue de darle seguimiento a la agenda planteada por el consejo de jornaleros agrícolas, la secretaría de asuntos indígenas es incapaz de convocar a las demás secretarías y de mínimamente cumplir con los compromisos contraídos de apoyar el comedor comunitario para garantizar alimentación a la población que llega a la casa del jornalero para embarcarse en los autobuses destartalados, que envían los empresarios.
Una de las graves situaciones que atendemos en cada temporada son las muertes de personas jornaleras migrantes, principalmente de mujeres, niños y niñas. Las causas son diversas como enfermedades derivadas del trabajo que realizan como jornaleros(as), intoxicación por el contacto con agroquímicos, accidentes vehiculares, muertes maternas y homicidio. En muchos de estos casos los agricultores y las empresas, se deslindan totalmente de sus responsabilidades, así también las autoridades tanto federales como estatales, que se deslindan con el acuerdo que no cuentan con presupuestos para atender casos emergentes. Por lo que, son las familias las que tienen que desembolsar de sus propios recursos y mucha de las veces se endeudan por cantidades que van desde 30 a 45 mil pesos, para poder pagar a una funeraria y trasladar el cadáver de sus seres queridos hasta su lugar de origen.
Del primero de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, el veintinueve por ciento son de traslado de cuerpos de fallecimientos de jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas de los estados receptores, seguido el catorce porciento de violencia familiar que padecen principalmente a las madres de familias y los niños, niñas y adolescentes, finalmente se tiene la cifra de las muertes maternas. La vida de surco en surco de las familias jornaleras experimentan la discriminación institucionalizada del gobierno y el racismo de los empresarios. Mientras tanto el gobierno sigue haciendo mutis con el grave problema de la migración interna, que es el verdadero pilar del sostenimiento de las familias indígenas en la Montaña.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan