Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
Cuando la gente supo que en las tierras de Cacahuatepec el gobierno planeaba construir la presa la Parota, el finado Isabel Suástegui Valeriano junto con Simón Cruz, fueron a ver a Marco Antonio a la playa. Los campesinos de Garrapatas se pusieron al frente de esta lucha antes del 2003. La gente de San José, de donde era originario el tío de Marco Antonio, también se adhirió a este movimiento. En la playa Icacos el joven arquitecto escuchó con mucho interés el relato plagado de preocupación y de angustia de sus familiares. Fue un encuentro luminoso: don Isabel y Simón vieron en Marco a un profesionista de la región que podía apoyarlos en la organización de las
comunidades. Por su parte, Marco Antonio encontró en el testimonio de los campesinos que aman la tierra, la causa de un pueblo que le dio un giro total a su vida. Dejó la playa y el ambiente bullanguero para regresar a la tierra que lo vio nacer: Cacahuatepec.
Su primer encuentro con los comuneros fue en el Fraile, un lugar estratégico que se ubica cerca de Parotillas. Alrededor de un árbol empezaron las reuniones dominicales. Ahí nació la resistencia, con la instalación del primer plantón. Los comuneros apoyados por Marco Antonio decidieron cerrar el paso a los ingenieros y la entrada a las camionetas de la comisión federal de electricidad (CFE). Era el único acceso para llegar a donde tenían planeado construir la cortina. Retuvieron la maquinaria que habían introducido a sus tierras comunales sin permiso y ya no pudieron usar sus casas ni sus baños móviles. Es en el 2003 cuando se gesta este movimiento al interior de los bienes comunales de Cacahuatepec y es cuando nace el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la
presa la Parota (CECOP).
Una vez conformado el CECOP, la lucha se torna más ríspida, porque las comunidades están acuerpadas y decididas a defender su territorio. Fue en el 2004 cuando acusan por primera vez a Marco Antonio Suástegui por los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad. Previamente los comuneros y comuneras habían acordado en asamblea que no permitirían la entrada de vehículos oficiales ni personal que trabajaba para la CFE. Fue en el plantón de Aguacaliente, en la huerta de don Chico, donde la gente retuvo a un ingeniero y otras personas más que se trasladaban en varios vehículos. El ministerio público armó el expediente contra Marco y otros compañeros e inmediatamente realizaron un operativo para detenerlo junto con don Chico.
Hace 14 años Marco Antonio pisó por primera vez el penal de Acapulco. Fue en la tarde del 27 de julio de 2004, en el vado de Amatillo, cuando elementos de la policía ministerial lo golpearon y lo obligaron a subir en un Jetta gris. Lo trasladaron a la agencia del ministerio público del Coloso y posteriormente lo llevaron al penal de las cruces. El juzgado sexto penal, supeditándose al ejecutivo estatal, cuyo titular era René Juárez, fijó una fianza de 194 mil 572 pesos. La intención fue impedir que Marco Antonio saliera. Para doblegarlo, el ex gobernador condicionó su libertad a cambio de que quitara los plantones y permitiera el ingreso de la maquinaria y de los ingenieros de la CFE. Fue la primera prueba de fuego de Marco Antonio. Ante el ofrecimiento de obtener su libertad mostró su postura firme: “yo no soy quien decide si se quitan o no los plantones. Es la asamblea la que tiene la última palabra. Conmigo no hables, habla con los comuneros”. No hubo ninguna negociación. La gente decidió protestar para exigir la libertad de sus compañeros. Ante la presión ejercida, el juez resolvió fijar una fianza de 7 mil 282 pesos.
Desde aquellos años el CECOP tuvo que hacer frente a la embestida emprendida por los gobernadores en turno. En el período de Zeferino Torreblanca se suscitaron hechos de violencia por el empecinamiento del empresario, de imponer la presa con la realización de asambleas espurias. Uso la fuerza policial para imponer el proyecto e impidió la entrada de los miembros del CECOP a las asambleas. La entereza del CECOP y su apuesta por la legalidad llevando la lucha a los tribunales, demostró tener la razón y el derecho al ganar los 7 juicios agrarios interpuestos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), por ser los verdaderos dueños de las tierras comunales de Cacahuatepec.
Este movimiento obtuvo una gran resonancia a nivel internacional por la lucha ejemplar que libraron en medio de un contexto político adverso y una confrontación comunitaria alentada por las mismas autoridades del estado. El CECOP logró atraer a su territorio a los relatores especiales de la ONU, como Rodofo Stavenhagen y Miloon Kothary, quienes respaldaron su lucha y presentaron sus informes en la asamblea de la ONU evidenciando las violaciones cometidas por el estado mexicano, a sus derechos como titulares de sus territorios. La recuperación de sus tierras vino afectar a los empresarios gravilleros, quienes se han asentado en el afluente del río Papagayo, extrayendo material pétreo sin ningún control, mucho menos sin permiso de la asamblea. Fue en el 2013 cuando se da la lucha contra las gravilleras. El CECOP decide en asamblea parar los trabajos e impedir que entren a explotar la arena y la grava. La confrontación más fuerte se da contra el empresario Humberto Marín, quien interpone varias
denuncias penales contra Marco Antonio en el 2014. Por defender el río Papagayo es acusado de 5 delitos. La conjunción de intereses políticos y económicos entre empresarios de la región, acostumbrados a saquear los bienes de las comunidades campesinas, con los grupos políticos de Acapulco y del estado, que han expoliado a las comunidades pobres del Acapulco rural, vieron en Marco Antonio y al CECOP una amenaza a sus privilegios. Por ello se aliaron para imputarle delitos graves que lo confinaran a un penal de máxima seguridad. Fue el 17 de junio 2014 cuando vuelven a detener a Marco Antonio y de manera ilegal, siendo Ángel Aguirre quien decide trasladarlo a Tepic Nayarit, para aislarlo y doblegarlo.
En esta lucha contra los empresarios gravilleros, el CECOP optó por crear la policía comunitaria para hacer frente a los grupos que empezaban a delinquir y a realizar trabajo sucio en favor de los gravilleros. Con el apoyo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlán, se crea la policía comunitaria. Con el plantón que instala el CECOP en la Concepción, se reactiva la confrontación contra Humberto Marín, quien ya no tiene el paso libre para explotar los recursos pétreos del Papagayo. La disputa por el control territorial provoca varios incidentes que derivan en acciones penales. El empresario acusó a Marco Antonio por robo calificado, despojo y lesiones. Su detención es con lujo de violencia, siendo víctima de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo trasladan ilegalmente fuera del estado para impedir que tuviera una defensa adecuada y evitar la visita de sus familiares. Permaneció 9 meses recluido ilegalmente en Tepic y 3 meses más en el penal de la Unión. Se demostró que a Marco Antonio se le impuso un castigo severo para destruirlo física y mentalmente. Para dejarlo sin ánimos de retomar la lucha y reintegrarse al movimiento del CECOP. No lo lograron.
Ante la terquedad y reciedumbre de Marco, los grupos de poder en la zona del Papagayo alentaron la confrontación intracomunitaria. Dejaron crecer la animadversión contra el CECOP, mantuvieron siempre a un grupo de simpatizantes a la presa la Parota para debilitar la organización comunitaria y diezmar la resistencia. Las mismas autoridades permitieron que se generara una descomposición al interior de las comunidades con la presencia de gente armada para provocar un conflicto que desencadenara hechos de sangre. Aprovechando la división comunitaria y la presencia de grupos de choque dentro del área de conflicto, los grupos de poder económico y políticos azuzaron a sus aliados para atizar la hoguera de la violencia. Perversamente se alentó la confrontación entre las mismas familias y las autoridades dejaron que ellas mismas ajustaran cuentas. El ejemplo más reciente son los lamentables hechos del 7 de enero ocurridos en La Concepción en los que durante la madrugada 8 personas perdieron la vida y cerca del mediodía en un operativo policiaco del gobierno, otras tres.
El estigma contra el CECOP y el linchamiento contra la policía comunitaria de la Concepción, tachados como delincuentes, evidencia la estrategia del gobierno del estado de acabar con un movimiento legítimo y de presentar a los defensores comunitarios como responsables de los asesinatos. La postura facciosa de las autoridades estatales, no es ninguna garantía para que las familias agraviadas logren justicia, porque desde el momento en que sucedieron los hechos, las autoridades actuaron con parcialidad. No realizaron una investigación objetiva ni imparcial, y lo peor de todo es que prefirió accionar sus armas contra los policías comunitarios para ejecutar a 3 de ellos, como la forma más burda de ajustar cuentas. El orden que debieron imponer las corporaciones policiales devino en ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales y agresión a periodistas. Estas graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso no nos llevará al camino de la justicia, por el contrario, nos coloca en el estado de la barbarie, donde impera el uso de la fuerza letal.
Defender la tierra con el acero en la mano, como lo ha hecho el CECOP a lo largo de 14 años, no le da el derecho a las autoridades de ejecutar a policías comunitarios, ni de calificar como delincuentes consumados a los miembros del CECOP, violentando con ello el principio de presunción de inocencia.