El jueves de la semana pasada el ex Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro presentó cifras que siguen documentando la tragedia que nos ha sumido en el espiral de la muerte. Reportó un total de 40 mil 180 personas desaparecidas, sin considerar las cifras negras que aún persisten por el gran número de familias que ante el ambiente de impunidad en el que se encuentran sumidas, sufren en silencio la desaparición de sus seres queridos. Se trata del primer informe desde que entró en vigor la Ley General en materia de desaparición de personas y que nos muestra la crítica situación de derechos humanos marcada por el dolor de las víctimas.
En Guerrero desde la época de la Guerra Sucia la desaparición de personas se ha convertido en un hecho cotidiano para los pobladores que en los últimos son víctimas que han implantado las organizaciones criminales por la disputa territorial y el negocio de la droga. Fue muy contundente el mensaje del obispo Salvador Rangel, en su misa de apertura a la 4ª Brigada Nacional de Búsqueda, quien no sólo mostró la solidaridad con estas familias, sino que también ha sabido alzar su voz profética para que pare esta avalancha delincuencial. Además de acompañar a las familias y de estar en los lugares donde se dirimen los conflictos más graves del Estado ha podido documentar realidades sumamente dolorosas. Comentó, que en los últimos 12 años existe una cifra aproximada de 21 mil 684 personas desaparecidas en nuestro Estado. En contra partida, las autoridades se han desentendido de este drama y más bien han dejado crecer esta ola delincuencial donde se encuentran involucrados agentes del Estado que forman parte del engranaje delincuencial. La respuesta de las familias ante la indolencia gubernamental no las ha detenido, por el contrario, se han visto obligadas a salir a los cerros y salir a las calles para buscar a sus seres queridos.
Ejemplo de ello son las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, que nos han demostrado como con valentía y determinación se puede reconstruir una esperanza para un país que sangra por la violencia y emplazar a las autoridades para que cumplan sus obligaciones. Fue esta misma fuerza con la que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México logró impulsar la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la que ahora también trae la creación e instalación de un modelo único e inédito respecto el acceso a la verdad y justicia para familiares de personas desaparecidas, que si bien se ha encausado en el caso específico de Ayotzinapa, es una herramienta para todas víctimas de desaparición forzada en el país.
El 4 de diciembre de 2018, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador suscribió el Decreto por el que se crea la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Esta nueva etapa ha iniciado con una nueva postura, de escuchar a las familias y de construir una ruta de trabajo de común acuerdo. En esta línea se le ha dado importancia a la atención psicosocial de las madres y padres de los 43 estudiantes con el apoyo de equipo de psicólogas y médicos que han estado trabajando durante estos 4 años en el campo de la salud, han encontrado eco en el nuevo gobierno para que sus propuestas puedan implementarse.
Ante la multiplicidad de enfermedades que padecen las madres y padres de los 43 estudiantes se llevó a cabo una brigada de médica este fin de semana. Con el objetivo de brindar la atención especializada que requieren. En estas circunstancias es triste recordar a doña Minerva Bello, quien después de librar una batalla contra el cáncer y una férrea pelea contra el gobierno que siempre se empeñó en hacer más cruento su dolor, sucumbió el 5 de febrero de 2018, con la esperanza de que su hijo Everardo regrese a su casa.
Doña Minerva se fue con el dolor de una madre a la que le arrebataron un hijo, sus fuerzas no pudieron con la enfermedad ni la tristeza de no volverlo a ver ni saber qué le había sucedido. Su dolor, es el dolor que sienten todos los días las 42 madres y 43 padres que siguen sin encontrar respuesta y que tienen miedo de que al igual que Doña Minerva se vayan sin volver a abrazar a sus hijos. Es este coraje e indignación es lo que les da fuerza para salir día con día a buscarlos, para seguir gritando en las marchas y exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. A pesar de que existe un voto de confianza para este nuevo gobierno, sigue habiendo una deuda pendiente que se tiene que saldar.
Este sábado se cumplieron 52 meses de la desaparición forzada de sus hijos y como cada 26, las madres y padres salieron a las calles para exigir su presentación con vida y para reiterarle al gobierno que nunca dejarán de protestar hasta conocer el paradero de sus hijos. Este domingo de hoy fueron a Iguala donde la 4ª Brigada Nacional de Búsqueda también se unió a su grito de justicia como acto de solidaridad de cientos de familias que saben qué significa esperar todos días alguna noticia sobre sus seres queridos, que sienten su dolor y el vacío por su ausencia.
La 4a Brigada Nacional de Búsqueda concluye este primero de febrero y busca que sus recorridos, traigan consigo cambios y resultados importantes para los familiares de desaparecidos en el Estado. Esperan que las autoridades puedan analizar los restos que fueron encontrados en las fosas clandestinas y se pueda identificar los cuerpos para poder ser entregados a sus familiares. Que la información recabada en las escuelas e iglesias sobre puntos posibles de más fosas sean tomados en cuenta para nuevas búsquedas y que aquellos lugares en donde se encontraron restos sean explorados profundamente. La omisión de las autoridades ante estas obligaciones significaría un nuevo acto de desaparición forzada y con ello, un nuevo daño para las miles de familias que buscan a un ser querido.
Son estos movimientos de víctimas, el de las madres y padres de los 43 normalistas, el impulsado por los integrantes de esta 4ª Brigada Nacional de Búsqueda, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y los miles de colectivos de familiares de personas desaparecidas los que realmente ha generado cambios en el país. Son estas mujeres y hombres valientes los que han logrado desenterrar la verdad y emplazar a las autoridades para que cumplan sus obligaciones. Es con el trabajo que han realizado en los cerros y en las calles, que han logrado cambios estructurales, con la creación de nuevas leyes y figuras que buscan asegurar una mejor atención a la problemática de la desaparición forzada. La humildad con la que iniciaron a capacitarse entre unos y otros para buscar en montes y caminos restos de personas, los ha convertido ahora en expertos en búsquedas que incluso guían a profesionales de la Procuraduría General de la República. Su fortaleza para organizarse todos los meses para salir a las calles y plantarse ante las instalaciones de diversas instituciones les ha dado el respeto ante las autoridades, quienes ahora los han incluido como parte fundamental de una Comisión sin precedentes, que busca convertirse en un modelo único para la investigación de la desaparición forzada.
Es el ejemplo de estas personas que día a día salen con sus pancartas a marchas o con sus palas y picos a los cerros, lo que realmente ha logrado un cambio de paradigma en cuanto la atención de la desaparición forzada. Es sólo desde el corazón de las víctimas como se reconstruye la paz en un país que ha sido mancillado por la violencia. Es la fuerza de su indignación la que las ha posicionado ante los procesos legislativos que no pueden avanzar sin ellas. Es ahora turno del Estado el seguirlas escuchando y no olvidarlas, mantenerlas como un actor fundamental de sus políticas y legislaciones, y seguirá siendo tarea de ellas recordarnos que sin ellas no podremos avanzar en la verdad y la justicia.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”