En memoria de Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes
normalistas de Ayotzinapa que por ejercer
su derecho a la protesta fueron ejecutados
por policías federales y del estado en la
Autopista del Sol.
Nos unimos a la exigencia de justicia
de Coral Rojas y Victoria Bautista, hijas
de Eva Alarcón y Marcial Bautista,
defensores ecologistas de la sierra de
Petatlán que fueron desaparecidos el
7 de diciembre de 2011 por policías
ministeriales de Tecpan de Galeana
en contubernio con miembros de la
delincuencia organizada, después de
pasar un retén instalado por el Ejército,
cuando se trasladaban en autobús a la
Ciudad de México.
De acuerdo con la agenda de actividades del Senado de la República, este lunes 11 de diciembre a las 10 horas se tiene programada una reunión en la junta de coordinación política entre los presidentes de las comisiones dictaminadoras de la minuta a la Ley de Seguridad Interior (LSI) con gobernadores y alcaldes. El gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores anunció que estará en esa reunión para defender la Ley de Seguridad Interior. Se trata de una maniobra de último momento por parte de los presidentes de estas comisiones del Senado de la República para atender el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto el viernes 8 de diciembre, de ampliar el diálogo y buscar el acercamiento con organizaciones civiles con el fin de escuchar todas las voces para “realmente enriquecer” esa legislación.
En ese día el compañero Miguel Álvarez Gándara recibía el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 de manos del Presidente de la República y en presencia de su gabinete. En su mensaje Miguel Álvarez reiteró que la LSI forma parte de la misma estrategia basada en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que ya ha demostrado estar equivocada. “Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad nos demuestra lo contrario. Más fuerza termina generando más muertes. Por ello, soy de los que piensan que una Ley de Seguridad Interior no debe responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad: Lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia”. Esta posición firme que representa el sentir de un gran número de organizaciones sociales y civiles y de colectivos de familiares de víctimas de desaparición se expresó con un estruendoso aplauso de los asistentes que estuvieron presentes en la entrega del premio de derechos humanos 2017. Siendo fiel a este movimiento Miguel recalcó que dicha norma “no debe prosperar”, por eso pidió al Gobierno Federal, a las fuerzas armadas y al Senado que “profundicen el diálogo y la escucha por el bien del país. No se cierren”. Ante el temor de que el Senado no atienda este llamado, pidió al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad que abre el camino para invalidar esta ley.
En esta misma tesitura el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, expresó que “la certidumbre que se busca para nuestras fuerzas armadas no se logrará con una ley como la que actualmente se debate en materia de seguridad interior, que propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad”. Resaltó que se debe “propiciar el fortalecimiento de capacidades de los policías civiles, y sentar las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las funciones que le son naturales, en un entorno de transparencia y rendición de cuentas”. Fue en este marco en que se abrió un impasse para que el Senado postergara para esta semana la posible aprobación de la LSI.
Esta forma de actuar por parte de los legisladores, de aprobar leyes sin consultar ni atender las propuestas de la sociedad, es lo que nos ha llevado a polarizar posturas y a desencadenar mayores conflictos que nos han colocado en una disyuntiva de militarizar la seguridad, en detrimento del respeto irrestricto a los derechos humanos, apostándole a la fuerza como única salida para esta crisis de graves violaciones a estos derechos humanos. Esta cargada que se ve venir por parte de los grupos políticos que se han plegado a la línea dura planteada públicamente por el secretario de la Defensa Nacional, de exigir una ley que proteja sus actuaciones en materia de seguridad pública, ha generado una profunda preocupación entre organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y un nutrido número de expertos y organizaciones han señalado los riesgos implícitos en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y la posible vulneración de derechos para la seguridad y libertad de las personas.
Un amplio número de organizaciones de la sociedad civil que han convergido en el Colectivo #SeguridadSinGuerra han plasmado con mucha precisión y fundamento jurídico las amenazas más graves que presenta la propuesta de Ley de Seguridad Interior. Estos planteamientos han sido presentados en diversos foros con el fin de sensibilizar a las autoridades federales y establecer un diálogo de alto nivel con las comisiones parlamentarias para hacer ver las inconsistencias de esta ley y sus consecuencias dentro de un contexto donde impera la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza.
El proyecto de esta ley incluye definiciones laxas que fomentan la arbitrariedad, como la de “seguridad interior” bajo la que todo puede caber, en sus artículos 2 y 4. Regula inadecuadamente el uso de la fuerza, al remitir en el artículo cuarto a protocolos deficientes que no pasaron por revisión externa, como el que adoptaron las fuerzas armadas. Le da a las fuerzas armadas facultades de policía, al establecer que podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio en el artículo 6. No genera controles excepcionales para verificar el respeto de los derechos humanos, pues señala que la CNDH solo será notificada y solo se limitan a decir que los derechos se respetarán porque simplemente así lo dice el artículo 7.
Permite a las fuerzas federales incluyendo a las armadas, intervenir contra protestas sociales, cuando al arbitrio de dichas corporaciones éstas pueden considerarse no pacíficas en el artículo 98. Fomenta la opacidad, al determinar genéricamente que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial como lo dice el artículo 9. Extrae a la seguridad interior del régimen de legalidad, pues dispone que es una materia en la que no se aplicará el procedimiento administrativo, como lo plantea el artículo 10. Permite la indeterminación geográfica de medidas excepcionales de seguridad interior, al no acotarse a un área geográfica específica y tampoco impone límites temporales precisos a las acciones de la mal llamada seguridad interior, acorde con los artículos 14 y 15. Permite que se profundice que se militarice la seguridad pública, como lo plantea el artículo 16. Abre la puerta para politizar la seguridad al adscribir la coordinación de estos operativos a la Secretaría de Gobernación, como se expresa en el artículo 19.
Por otra parte omite disponer que las autoridades estatales y municipales de las regiones donde se aplique la declaratoria de seguridad interior tengan que fortalecer a sus policías civiles, en tiempos y conforme a metas concretas bien especificadas, como lo podemos ver en el artículo 23. Además se fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, abriendo la puerta a que crezcan y aumenten las instancias diseñadas para ello, conforme lo especifica el artículo 30. Existe una amenaza a los mismos organismos constitucionales autónomos, incluyendo al sistema ombudsman al disponer que estos deberán entregar la información con que cuenten en contextos donde haya afectaciones a la seguridad interior. Así lo especifica el artículo 31. No existen verdaderos contrapesos que obliguen a las fuerzas armadas a rendir cuentas y transparentar sus acciones, de acuerdo a como se expresa el artículo 34.
Ante este diagnóstico tan contundente el Colectivo #SeguridadSinGuerra, haciendo eco al llamado que hizo el Presidente de la República al Senado, de ampliar los espacios de diálogo, ha emitido una amplia convocatoria que involucre “a todos los actores políticos y sociales que deben ser escuchados para la construcción de una agenda para la paz, desde el Colectivo #SeguridadSinGuerra conformado por más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 personas expertas en temas de seguridad, justicia y derechos humanos, estimamos indispensable la reflexión nacional sobre un modelo de seguridad ciudadana, que permita la formación de policías y que realmente de certeza jurídica a los miembros de las fuerzas armadas, por este motivo convocamos a un diálogo nacional sobre seguridad ciudadana”. Los objetivos centrales son: construir una agenda legislativa integral que permita avanzar en un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la constitución y que lleve a la formación de instituciones civiles capaces de asumir sus responsabilidades en materia de seguridad. Elaborar una propuesta legislativa de regulación de las fuerzas armadas, compatible con nuestro régimen constitucional y democrático que otorga seguridad jurídica a los cuerpos castrenses y que incluya un plan gradual de retiro regulado.
Este lunes un grupo representativo de este colectivo emplazará a las senadoras y senadores para este diálogo nacional. Por lo mismo la postura del Colectivo #SeguridadSinGuerra, del que formamos parte y que también suscribimos, es discutir una nueva política de seguridad y rechazar la Ley de Seguridad Interior. Esta postura es asumida de cara al Senado y al Presidente de la República porque la LSI representa una gran amenaza que se cierne sobre nuestro país en una coyuntura sumamente crítica donde impera la impunidad y donde el Ejército ejerce un poder supremo en cuestiones de seguridad pública, desde que el ex presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas salir a las calles para emprender una guerra contra los cárteles de la droga el 8 de diciembre de 2006.
Es importante que el gobernador escuche y atienda los planteamientos que hemos presentado como organismos civiles tanto a los diputados y diputadas como a los senadores y senadoras. Se requiere que las autoridades del estado incorporen a sus políticas de seguridad las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos. Retomando al colega Miguel Álvarez, queremos decirle al gobernador Astudillo que no piense que “más fuerza es igual a más seguridad”, porque la realidad de nuestro estado nos demuestra todo lo contrario. La presencia ininterrumpida del Ejército desde la década de los 70 hasta la actualidad es un trágico ejemplo del fracaso de este modelo militarizado de la seguridad, porque arrastramos una cauda funesta de desapariciones de personas, desplazamientos forzados, personas torturadas y ejecuciones extrajudiciales, que se mantienen en la impunidad, alentando con ello el uso de la fuerza y un patrón de violencia institucionalizada que nos sigue colocando como el estado más beligerante donde diariamente seis guerrerenses pierden la vida, aún con el Ejército en las calles y teniendo como secretario de Seguridad Pública a un general del Ejército.