Desde abril de este año, los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa solicitaron formalmente su comparecencia en la alta tribuna del país, para ser escuchados por quienes dicen representar los intereses más sentidos del pueblo mexicano. Como siempre sucede con los formalismos jurídicos, no hubo respuesta a la solicitud planteada. Este desdén del Congreso federal hacia los papás y mamás, los obligó a tomar una postura más firme. Se plantaron en la entrada de la Cámara para emplazar a los diputados a dar una respuesta. Fue la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa la que se encargó de hacer las gestiones necesarias ante la Junta de Coordinación Política del Congreso para atender la solicitud de los familiares, quienes del 24 al 28 de octubre se instalaron en la entrada del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los papás y mamás que permanecieron día y noche plantados sopesaron la falta de compromiso y sensibilidad de la totalidad de los diputados y diputadas. Ninguno de ellos ni de ellas se apropiaron de su causa, fue más bien la presión social que ejercieron la que pudo abrir un resquicio para la interlocución. Esta forma de hacer pública la protesta causó molestia entre los representantes de los grupos empresariales que llegaban presurosos al Congreso. Para este sector pudiente, la carpa que albergaba a los papás y mamás en la entrada principal del Palacio era un estorbo en su trabajo de cabildeo político. Se trataba de momentos claves, porque estaba en discusión el presupuesto de 2017. Infinidad de asesores de corporativos y representantes de organizaciones hacían largas filas para entrar al Congreso y establecer contacto con diputados afines a sus intereses económicos.
Eran muy evidentes los contrastes sociales en un espacio donde se entrecruzaban diversidad de actores sociales, políticos y empresariales, llevando consigo intereses antagónicos. La gran mayoría de personajes encorbatados se mostraban ajenos a lo que planteaban los padres y madres de los 43. Todos y todas expresaban su molestia por la demora de sus citas. Llamaban a sus contactos por sus celulares y de diferente manera hacían sentir su desprecio y coraje a quienes desde hace más de dos años luchan incansablemente por encontrar a sus hijos. La aglomeración de gente que estaba ansiosa de entrar frustraba cualquier intento de burlar la fila y llegar directo a la ventanilla.

El porte sencillo de los papás y mamás y sus palabras claras y directas contra los diputados y diputadas que no los atendían, contrastaba con la arrogancia y suntuosidad de la clase pudiente amafiada con los líderes de las fracciones parlamentarias o presidentes de comisiones estratégicas encargadas de elaborar la propuesta del presupuesto para el 2017. El plantón no era para arrancar dinero, ni para exigir alguna partida presupuestal. Era para obligar a los representantes populares a brindar atención digna a quienes dicen representar y defender sus intereses. A las familias que han sido vilipendiadas por el Ejecutivo federal y por las instituciones encargadas de proteger los derechos de las víctimas y de investigar los delitos. Su lucha, a diferencia de quienes hacían fila para negociar partidas presupuestales con los diputados, es por lo más elemental: ser escuchados por los representantes del Poder Legislativo. Comparecer en el salón de plenos para presentar el caso Ayotzinapa, que ha cimbrado a México y obligar a que la Cámara de Diputados asuma el compromiso de velar por los derechos de las víctimas; de ser garantes para que se haga una investigación acorde con los estándares internaciones de derechos humanos, plasmados como ley interna en la misma Constitución. Su lucha es por el piso básico que exige todo ciudadano y ciudadana: proteger la vida y garantizar justicia y verdad.

La exigencia tuvo sus frutos, obligó a que la Comisión para el Caso Ayotzinapa se pusiera a trabajar, que hicieran llegar el sentir de los papás y mamás a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y obligara a que las fracciones parlamentarias fijaran su postura sobre cómo atender la demanda de las familias víctimas de desaparición de sus 43 hijos, que plantean comparecer ante el pleno. Se logró que en esas fechas sesionara la Comisión Especial para asumir una postura en torno a la comparecencia. El jaloneo no se hizo esperar, las fracciones del PRI, PAN y Verde Ecologista cerraron filas para oponerse a que los papás y mamás presentaran el caso de sus 43 hijos desaparecidos en el salón de plenos. Las demás fracciones impulsaban la propuesta de las familias. La propuesta que logró tener consenso por parte de todas las fracciones parlamentarias fue recibir a los papás y mamás de los 43 estudiantes en la sala de sesiones de la Comisión Permanente, conocido como salón verde.

Fue el tesón mostrado por los papás y mamás, que en todo momento luchan con el corazón por delante, para romper con las inercias, burocratismos y cerrazón de las autoridades, lo que logró ahora abrir las puertas del Palacio Legislativo, para que todas las fracciones parlamentarias escuchen el dolor de México condensado en el movimiento por los 43. Será este miércoles 23 de noviembre a las 10 de la mañana cuando la voz de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa resuene en la sede del Poder Legislativo. El acuerdo asumido por la Junta de Coordinación Política es que estarán presentes las comisiones de Justicia, Seguridad, Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa.
En esta reunión presidida por el presidente de la Junta de Coordinación política, Francisco Martínez Neri, en un primer momento hablarán los papás y mamás, posteriormente fijarán sus posturas los o las representantes de las diferentes fracciones parlamentarias. En un tercer momento habrá otra intervención de los papás y mamás, dejando para la última parte la intervención del diputado presidente de la Junta, quien será el encargado de clausurar este encuentro histórico.

A diferencia de la comparecencia de una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otra delegación del Congreso Nacional Indígena, que en la voz de la Comandanta Esther dirigieron su mensaje central a la nación en el salón de plenos, el 28 de marzo de 2001, la participación de los padres y madres de los 43 estudiantes desparecidos, se dará en la sala de sesiones de la Comisión Permanente. Su comparecencia se enmarca también dentro de un contexto sumamente adverso y doloroso, por los miles de casos de personas desaparecidas y asesinadas, situación que ha generado gran preocupación en los organismos internacionales de derechos humanos que en sus visitas han corroborado la grave crisis de derechos humanos en que se encuentra sumido nuestro país. En sus informes han documentado que la práctica de la tortura es sistemática y que las mismas desapariciones de personas es un fenómeno recurrente, a causa de un sistema de justicia impune que protege a los agentes estatales que violan los derechos humanos de las víctimas.

Entre las mismas fracciones parlamentarias no se ha hecho esperar el jaloneo político, a causa de varios diputados y diputadas que se oponen a que los padres y madres de los 43 ocupen la tribuna legislativa. Con sus posturas arrogantes y pendencieras se niegan a escuchar las voces de las víctimas. No les interesa saber cómo han enfrentado el drama de que el gobierno después de dos años, no haya dado con el paradero de sus hijos. Tampoco quieren saber la realidad de las víctimas de este sexenio, de las graves violaciones de derechos humanos que van a la alza y de las estrategia fallida implementada por el Ejecutivo federal, para contener la avalancha delincuencial. Este rejuego de fuerzas políticas y de intereses facciosos deja entrever cómo los poderes públicos supeditan los intereses de la población pobre que sufre y que carga con el dolor de sus hijos desaparecidos, a los intereses macroeconómicos, pero sobre todo, a mantener las estructuras que son causa de la tragedia que vivimos, porque es un sistema que protege a los perpetradores, que se confabula con el crimen organizado y que se niega a atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes han elaborado varias recomendaciones orientadas a redireccionar las investigaciones realizadas por la PGR y a atender planteamientos centrales para la búsqueda de los estudiantes y garantizar la atención apropiada a las víctimas.

La comparecencia de los papás y mamás en el Congreso Federal es para emplazar al Poder Ejecutivo a que asuma un papel más proactivo en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Se requiere un contrapeso político ante los otros poderes, que esté del lado de las víctimas, que haga eco a sus reclamos, que impulse el mecanismo especial de seguimiento de la CIDH y que monitoree el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el GIEI en sus dos informes. Es un momento propicio para poner a prueba el compromiso de los representantes populares que se han acostumbrado a sobrellevar sin sobresaltos una agenda afín a la clase empresarial interesada en consumar las reformas estructurales que requiere el modelo neoliberal. Han evadido su responsabilidad de defender con ahínco los derechos de la población que increpa al sistema dominante que la ha dejado en total indefensión y la ha transformado en víctima de la violencia y del despojo perpetrado por el mismo gobierno impune.