OPINIÓN | El cinturón dorado de la muerte |

En el mismo día y casi a la misma hora en que el nuevo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, tomaba la protesta a los integrantes de su gabinete en Acapulco, 9 elementos de la policía federal a bordo de tres patrullas, incursionaban en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri para detener al comisariado ejidal, Ricardo López García. Como ya es costumbre, los agentes federales iban acompañados de un civil, quien regularmente se encarga de señalar a las personas que llevan en la lista para ser detenidos.

Los habitantes tocaron las campanas y se arremolinaron en el domicilio del comisariado donde se encontraban los policías. Más de 200 pobladores los retuvieron por más de 14 horas en el interior de la comisaría municipal. A las 3 de la mañana del 29 de octubre fueron entregados a efectivos de la secretaría de Marina, quienes se encargaron de ponerlos a disposición del ministerio público federal.

En declaraciones a los medios de comunicación, tanto el comisario municipal Nelson Figueroa Peña, como el comisariado ejidal, Ricardo López García comentaron en representación de su comunidad, que los agentes federales y el civil detenido, Modesto Onofre Peña Celso, oriundo de Carrizalillo, colaboran con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Señalaron también que son los responsables de los secuestros, extorsiones y ejecuciones que se han suscitado desde hace dos años contra varias familias de la comunidad. Los informes de la subprocuraduría especializada para la investigación de la delincuencia organizada (SEIDO) corroboraron que lo dicho por Modesto Onofre, de que en los alrededores de Carrizalillo existían varios enterramientos clandestinos, era real. Hasta el día viernes 6 de noviembre, personal de la SEIDO había informado sobre la localización de 4 fosas con 6 restos de personas, siendo cuatro de ellas mujeres.

Carrizalillo, es una comunidad pequeña, de aproximadamente mil habitantes. Se ubica entre la zona centro y la región norte de Guerrero, a 30 minutos de la ciudad de Iguala, la capital del oro. Es también una de las entradas principales para la sierra de Tlacotepec y cuenta con caminos de terracería que comunican con la región de Cocula. De acuerdo con datos del 2011, la comunidad estaba conformada por 252 familias. Se trata de un ejido, cuya comunidad fue fundada antes del estallido de la revolución mexicana. Su núcleo ejidal cuenta con 1,406 hectáreas, sin embargo, el 83% de tierras fueron concesionadas en el 2005 a la empresa minera Goldcorp.

En ese año la comunidad de Carrizalillo firmó un contrato de ocupación temporal con la empresa canadiense para dar inicio al complejo minero conocido como “Los Filos”, que se compone de dos tajos a cielo abierto: el Bermejal y los Filos. Fue hasta enero de 2007, cuando los ejidatarios decidieron cerrar la entrada de la empresa para anular el contrato de compra-venta de sus tierras y para mejorar su renta anual que era de mil pesos la hectárea. Esta lucha tuvo como consecuencia el desalojo violento de las familias por parte de las policías del estado y del municipio. A pesar de que varias mujeres y niños resultaron heridos, los ejidatarios permanecieron 80 días en plantón para obligar a la minera a mejorar la renta de sus tierras. En el 2009 arrancaron la firma de un convenio para que la Goldcorp se comprometiera a revisarlo cada año. Con este acuerdo lograron doblegar a la empresa que obligaba a los dueños de las tierras a revisar sus contratos cada 30 años. Este triunfo lo coronaron con el pago de la renta de sus tierras en onzas troy para ubicarse también en la misma órbita de los precios internacionales del oro.

Desde que las negociaciones comenzaron a dar resultados tangibles, al recibir pagos que oscilaban entre 100 mil a más de un millón de pesos (de acuerdo al número de hectáreas que cada ejidatario o ejidataria tenían rentadas con la empresa), el problema de la inseguridad empezó a agudizarse. Las familias en lugar de invertir su dinero en cuestiones básicas de salud, alimentación, educación y vivienda, se engolosinaron con la compra de camionetas de lujo. Despilfarraron el dinero en nimiedades y se exhibieron como gente pudiente. En el 2010 afloraron los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y también las acciones arbitrarias de los cuerpos policiacos y militares.

El 28 de diciembre de 2010 el presidente del comisariado ejidal Onofre Peña Celso fue detenido y golpeado por elementos del Ejército mexicano cuando se desplazaba en su camioneta en el tramo que va de Carrizalillo a Amatitlán. Fue en marzo de 2011 cuando secuestran al señor Gilberto Celso Solís, quién después de tenerlo 21 días en cautiverio, apareció muerto en una barranca. Este primer caso que conmocionó a la comunidad marcó la debacle ante un ambiente de inseguridad que fue complejizándose con la entrada del crimen organizado, que se encargó de cobrar la cuota tanto a los ejidatarios, como a los trabajadores sindicalizados y hasta la misma empresa.

Del mes de marzo de 2011 al mes octubre de 2015 se tiene un registro de 23 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo. Esta violencia ha sido incitada en los últimos dos años por las bandas del crimen organizado que han marcado sus límites territoriales en la comunidad de Mezcala dejando en la ruina a un gran número de familias, quienes además de perder a sus seres queridos, han tenido que abandonar sus casas y andar a salto de mata fuera del estado.

Carrizalillo forma parte del cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas más de una docena de empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan. Son tres regiones del estado que se encuentran atrapadas por los grupos del crimen organizado. El control territorial está en manos de la delincuencia organizada al grado que las autoridades municipales están supeditadas a su poder depredador que ha logrado la cooptación de las fuerzas de seguridad pública y del mismo ejército. Esta cintura de los metales preciosos se ha transformado en el enclave donde convergen los intereses de las multinacionales mineras y los de las organizaciones criminales que han socavado la vida comunitaria y destruido el hábitat. Para nada las inversiones mineras han sido un detonador del desarrollo, más bien, se han erigido en consorcios que se coluden con el crimen organizado para generar terror entre los habitantes, para desplazarlos de sus tierras, dividirlos, cooptarlos e incorporarlos a sus filas. La voracidad de las multinacionales mineras no tiene límites, necesitan de la sangre de los dueños de la tierra para hacer más redituables sus ganancias. El capital necesita chupar la sangre de los trabajadores y trabajadoras y extraer la riqueza dorada de su subsuelo para imponer el imperio de la violencia y la conflagración fratricida. La disputa por las minas en Guerrero es la otra batalla que están enfrentando los pueblos contra la tríada maléfica del poder depredador: las autoridades, los empresarios y la delincuencia organizada.