OPINIÓN | El clamor de justicia que doblegó al poder

En la madrugada del 27 de septiembre, el mal gobierno interrumpió nuestro sueño, nos obligó a abandonar a nuestros hijos pequeños, para enfrentar el golpe artero que nos propinaron sus narco policías, quienes mataron a 6 personas y se llevaron a 43 de nuestros hijos. Esta tragedia fue precedida por el show que dio María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del presidente de Iguala, al destaparse como precandidata del PRD a la presidencia municipal.

Mientras nuestros hijos eran perseguidos a balazos en las céntricas calles de Iguala, la clase política dilapidaba el dinero del pueblo, con un acto banal a favor de una mujer sedienta de dinero y de poder. En esa noche lúgubre corrió nuevamente la sangre en Iguala. La noticia del pueblo no eran los asesinatos ni las desapariciones de los normalistas, sino la fiesta preelectoral de la hermana de quienes fueron los líderes de la banda criminal de Guerreros Unidos.

Con la esperanza de que nuestros hijos llegaran al siguiente día a la normal, nos quedamos a la espera de su regreso. Sin conciliar el sueño y sin poder regresar a casa, han pasado ya 6 meses en vela, buscando a nuestros hijos sin dar tregua a los de la mala entraña. Nadie del gobierno nos ha dicho donde están. Todos con su silencio y su falsa compasión son cómplices y responsables. Se han empeñado en destruirnos, en comprar nuestro dolor, en hacer más cruento nuestro sufrimiento. En decirnos cínicamente que sus socios, los de la delincuencia organizada, son quienes se encargaron de matarlos y de volverlos cenizas.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto, que nunca se bajó de su pedestal para visitarnos en la normal, se ha obstinado en pedir públicamente que ya nos olvidemos de los 43, que le demos vuelta a la página del dolor, que tengamos la voluntad para superar el trauma. Quiere doblegarnos, pisotearnos, matarnos en vida. Le irrita que la gente salga a las calles a gritar que “fue el estado”. Para él, atrás de nosotros, hay quienes nos manipulan con sus intereses aviesos. Hay quienes tienen fines perversos de desestabilizar “su paz privatizadora” y su proyecto reformador. Lo que más tiene valor, son los grandes negocios donde se encuentran socios que regalan casas de virreyes. El polo opuesto, somos los padres y madres de familia, que en todo momento le reclamamos la presentación de nuestros hijos. Nosotros estamos muy lejos del aprecio que nos puede guardar por el dolor que llevamos a cuestas, porque la vida de nuestros 43 hijos no garantizan ninguna ganancia.

El gobierno federal repite lo que dijo e hizo Aguirre Rivero, de “limpiar la carretera”, quitando de las autopistas y las calles a los jóvenes que protestan, como sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, cuando se manifestaban en la autopista del sol, el 12 de diciembre de 2011. Ese día a punta de bala, los policías federales y del estado mataron a dos estudiantes, y también detuvieron y torturaron a otros más. Esta misma acción criminal la reeditaron policías municipales en complicidad con la delincuencia organizada, en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desollaron a Julio Cesar Mondragón Fontes y asesinaron a Julio Cesar Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo y otras tres personas.

Las acciones sanguinarias de los políticos, son parte de la normalidad democrática y de lo que sin vergüenza llaman estado de derecho. A ellos no les ruboriza nada, porque esa es su forma de gobernar, de ejercer el poder y de doblegar a quienes lo increpan. Todos gozan de fuero y son impunes. Cuentan con corporaciones represivas que actúan con total crueldad y desfachatez y tienen como sus mejores aliados a las bandas del crimen organizado. Los mismos politiquillos se erigen en defensores de los delincuentes que gobiernan el estado y los municipios   Basta recordar a los políticos mediocres y pendencieros que salieron en defensa del presidente defenestrado. Todos ellos actuaron al estilo de las mafias, lo protegieron, le cubrieron las espaldas para que huyera y pudiera esconderse. Todo por la ambición del dinero y por los millones recibidos para las campañas electorales.

Esta democracia manchada con la sangre de nuestros hijos, marcada con el sello funesto de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, no es la democracia por la que lucharon y dieron la vida los jóvenes del 68, que también fueron víctimas de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Esa democracia del garrote y del fusil ahogó en sangre a decenas de estudiantes y enlutó a miles de hogares. Esa democracia de los sepulcros, es la misma que sigue desapareciendo a nuestros hijos, es la que sigue cavando tumbas y la que se empeña en sepultar nuestro anhelo de justicia.

No podemos ser cómplices de un sistema electoral que solo se preocupa por el voto y para que impunemente los partidos políticos jueguen a la rueda de la fortuna. Son ellos mismos a través de las cámaras de representantes los que se asignan presupuestos millonarios para sufragar las campañas, comprar votos y vender promesas hechizas.

El sistema electoral está hecho a la medida de quienes le han dado la espalda al pueblo y dicen representar los intereses de la población pobre, que ha sido expoliada por los mismos gobernantes. Es funcional a los grandes intereses de las cúpulas partidistas, que todo lo reducen a pactos, prebendas y negocios. Para ellos las elecciones son sagradas porque les hace el milagro cada trienio de vivir de a gratis, dilapidando el dinero del erario público.

No podemos permitir que las instituciones se transformen en meras fechadas de un poder espurio, que desempeñan el papel funesto de simples ejecutoras de normas y procedimientos hechas para que los delincuentes de cuello blanco lleguen al poder. Para que la clase política vetusta reciclada con políticos de oropel siga monopolizando el poder y malbaratando el patrimonio nacional.

En el pasado período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington, los representantes del Estado mexicano afirmaron que Ayotzinapa es un “caso atípico”. Lo dijeron para desvirtuar las afirmaciones categóricas de los expertos de la ONU, que han declarado que las desapariciones en México es un problema generalizado, al igual que la práctica de la tortura. La intervención tardía del gobierno; la ausencia de un plan de búsqueda en vida consolidado a través de información de inteligencia policial; las deficiencias en los órganos periciales de investigación; y la revíctimización de las familias al emitir como “verdad histórica” una tesis de la Procuraduría, dan cuenta del típico patrón de casos de desapariciones que se registran en el país.

No obstante, debido a la presión social, mediática e internacional generada por la desaparición forzada de 43 estudiantes, el Estado se vio obligado a desplegar diversas acciones que en muchos casos de desapariciones, nunca llegan a realizarse. Sin embargo, incluso en este caso de alto perfil, se identifican graves deficiencias..

El caso Ayotzinapa es emblemático por la colusión del crímen organizado con las autoridades estatales, en los distintos niveles. Ayotzinapa sólo constituirá un punto de inflexión en la situación de derechos humanos en México en la medida en que el Estado esclarezca de una vez por todas este aberrante crimen y tome acciones para desmantelar la “macrodelincuencia” o colusión entre los distintos niveles de gobierno y el crimen organizado.

Lo grave es que a 6 meses de las desapariciones de los 43 estudiantes, ninguna de las personas acusadas se encuentra procesada por desaparición forzada, sino por el delito de secuestro; es decir, la investigación no ha sido direccionada para investigar la responsabilidad del Estado en el conjunto de los hechos.

Más aún, funcionarios federales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, tampoco han sido investigados. De acuerdo con declaraciones de los policías, desde el año 2013 el Ejército mexicano conocía lo que pasaba en Iguala, y del circuito de contubernios que había entre las corporaciones policiales y el crimen organizado, sin embargo, no intervino para desmontar dicho esquema de corrupción.

Hoy en día existen más de 250 denuncias de desaparición en solo la ciudad de Iguala. Lo que confirma un patrón de desaparición por señalamiento, donde redes formales de la policía municipal, así como personas vestidas de civil, pertenecientes al crimen organizado, señalaban a quiénes detener, para posteriormente desaparecer. Los alrededores de Iguala la gente lo identifica como un cementerio clandestino, donde se han encontrado múltiples fosas y más de 50 cuerpos humanos que dan cuenta de la grave crisis que enfrentamos como país. ¿Cuántos cementerios clandestinos tendremos en otras regiones de Guerrero y del País, que no han podido ser exploradas por no contar con la fuerza de los padres y madres de familia que con su lucha y clamor de justicia han doblado al poder?

Este 26 de marzo, a 6 meses de la tragedia de Iguala los padres y madres de familia en medio de miles de voces esparcidas por todo el país increparan de nueva cuenta a un poder indolente, que se ha agazapado para golpear y criminalizar esta lucha. Hoy es más fuerte el grito de ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! que toda la propaganda fútil de las televisoras, que con sumas millonarias promueve las imágenes de los futuros depredadores del poder en México.