OPINIÓN | El desfondamiento de la política y la economía

En Guerrero estamos tocando fondo no solo por la crisis de inseguridad y el enseñoramiento de la violencia, sino por el desquiciamiento de la política que ha quedado en manos de las mafias que se han encargado de saquear y desfondar las arcas del estado. Los que han peleado por el poder cada seis años y han administrado los recursos públicos son los responsables de esta debacle.

Guerrero ha sido el botín de los gobernadores y de varios presidentes de la república. Es un estado de impúdicos dispendios, donde los que han estado en los cargos públicos se han dedicado a saquear y robar a manos llenas con la anuencia de las elites políticas del centro que apadrinan estas acciones delincuenciales. No solo se han llevado el dinero de todos y todas, sino que además han acumulado poder, al grado que forman parte de los grupos que son intocables en el estado y los que siguen teniendo los hilos de las grandes decisiones políticas, sobre todo a la hora de ungir al próximo gobernante. El afortunado de los dioses tiene que ser alguien que garantice impunidad, que respete los códigos no escritos de los políticos corruptos, que nunca caiga en la tentación de querer investigar y llamar a cuentas a sus sucesores porque correría el riesgo de tener contado sus días y cavar su propia tumba. Está prohibido trabajar con transparencia y utilizar los recursos para revertir los grandes rezagos sociales. Se tienen que aliar con los sátrapas del poder que ya saben todos los trucos para desviar los recursos y para no tener problemas con los que dicen auditar los dineros públicos.

En Guerrero cohabitan en medio de un charco de sangre los empresarios y políticos que han pactado para realizar grandes inversiones en las zonas turísticas con los recursos provenientes del erario público y más del 65% de guerrerenses que sobreviven en la pobreza, tanto en los centros urbanos como en las serranías y las montañas. No hay político que haya ocupado un cargo relevante en el estado que no cuente con casas o departamentos en Estados Unidos, Distrito federal, Cuernavaca y Acapulco. Muchos de ellos cuando la rueda de la fortuna no les favorece se refugian en sus aposentos, se mantienen alertas ante cualquier eventualidad, mientras tanto, esperan pacientemente en la banca para continuar con la vida parásita que les brinda la política.

A ninguno de estos personajes les interesa atender los grandes problemas que enfrenta el estado. Nadie está dispuesto a sacrificar sus ingresos, mucho menos a implementar una política de austeridad para hacer frente al endeudamiento incontrolable. Es inconcebible pensar que se generen leyes y normas que ataquen de fondo la corrupción y que se implementes mecanismos que obligue a las autoridades a rendir cuentas a la sociedad. La pobreza en que se encuentra sumido nuestro estado desde sus orígenes es el gran pretexto y argumento de los gobernantes para demandar más recursos millonarios, supuestamente para hacerle frente al flagelo de la pobreza. Entre más pobres hay en el estado más gobernantes millonarios y corruptos tenemos.

La información reciente del Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) constata lo que es el drama cotidiano de la mayoría de guerrerenses: que dos de cada tres habitantes bien en estado de pobreza y de pobreza extrema. Es decir, que 2 millones 315 mil personas, que corresponden al 65.2% de la población en el estado, están dentro de lo que este Consejo cataloga como “estado de pobreza”. Es muy evidente que en las últimas décadas, sobre todo a mediado de los noventa, cuando se empezaron a impulsar políticas subsidiarias como la mejor forma clientelar de administrar la pobreza, Guerrero continúa sumergiéndose en la miseria.

En lugar de revertir el rezago educativo, el gobierno federal se ha empeñado en cerrar las normales rurales y reducir cada año la matrícula. Los niños y niñas de la Montaña y de las seis regiones del estado, no cuentan con infraestructura básica para tener un desarrollo educativo óptimo. Proliferan las escuelas multigrado, jóvenes capacitados al vapor por CONAFE para habilitarlos como asesores pedagógicos. Escuelas sin suficientes aulas y sin el número idóneo de maestros o maestras. Al analfabetismo es muy alto en los municipios indígenas más marginados como Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte y Tlacoapa.
Muchos niños y niñas siguen caminando más de una hora para ir a las escuelas, por la negativa dee las autoridades de construir más escuelas y contratar más docentes. Las familias que solo siembren una vez al año maíz, tienen que migrar con sus hijos en la temporada de secas para trabajar como jornaleros en los campos agrícolas del norte del país. Este ausentismo escolar repercute enormemente en los niños y niñas, quienes además de arrastrar problemas de desnutrición, tienen que trabajar arduas jornadas como recolectores de hortalizas. La escuela en estos contextos de pobreza extrema no aparece como una alternativa que les ayude a salir de este laberinto. Resulta oneroso, porque implica permanente realizar gastos para la compra de materiales y para que sus hijos puedan comprar algo en el tiempo del receso. Por otra parte, ven que la escuela los desarraiga, los acultura y los obliga a hablar el español en detrimento del uso público y de la enseñanza de la lengua materna.

Con la nueva reforma educativa, vista desde los parámetros de los empresarios de la educación, que quieren achicar la planta docente, restringir los derechos laborales de las y los maestros y privatizar todos los servicios educativos, la debacle educativa continuara multiplicando el número de familias pobres con menos posibilidades de estudiar, de tener acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a los servicios básicos en sus viviendas y a viviendas de calidad. Lo más dramático en este escenario dantesco es la progresiva disminución del poder adquisitivo que viene arrastrándose desde 1992. Guerrero es un estado que pende sus ingresos de la federación y los recursos que llega a obtener del sector terciario, es insuficiente por la gran diversidad de necesidades y carencias que enfrentan la mayoría de Guerrerenses.

El tema alimentario es muy grave en la mayoría de familias de nuestra entidad por la crisis financiera internacional que está causando estragos en varios países y que en México ya lo sentimos con la depreciación de nuestra moneda y por la gran volatilidad de los precios de los alimentos, donde es imposible que una familia pobre de Guerrero tenga ingresos para la compra de la canasta básica.

El gobierno federal ha quedado en entredicho con sus políticas de combate a la pobreza. En la toda la entidad hay desolación por la violencia y la pobreza. Cala hondo el abandono y la forma cruenta como los gobernantes tratan de resolver los problemas sociales y políticos, invirtiendo más en armas, en contratación de más militares y policías, que va en detrimento de las plazas para maestros, maestras y médicos, para la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, viviendas. En las comunidades no hay ni jeringas para las vacunas, mucho menos se cuenta con el cuadro básico de medicamentos para atender una gripa o calentura.

Hoy sabemos que tenemos un déficit financiero de 13 mil 50 millones de pesos que se ha venido acumulando desde el 2001 y que por lo mismo, a este estado pobre le depara lo peor, porque no hay dinero ni para pagar la nómina. Las y los guerrerenses sabemos que este quebranto no es por la mano invisible del capital sino por las manos corruptas de los políticos que han saqueado al estado y que aún tienen influencia y poder dentro del aparato gubernamental para continuar como jeques intocables que amasan fortunas con el hambre y el analfabetismo de la mayoría de guerrerenses.
El combate a la pobreza no es más que una acción propagandística para asegurar clientelas cautivas y afianzar proyectos políticos transexenales que les permitan imponer sus reformas para garantizar la privatización de los bienes estratégicos del país. La perversidad de los gobernantes no tiene límites: violenta los derechos básicos de las mayorías empobrecidas, militariza el país para controlar a la población que no está dispuesta a obedecer los dictados del capital, deja intacto todo el sistema financiero del narcotráfico, se colude con los grupos de la delincuencia organizada para someter a las organizaciones que increpan al poder y se solapa a los políticos corruptos, asesinos y saqueadores que son los responsables de la violencia que impera en el estado y de la inseguridad que nos sojuzga. Es claro que también son responsables de las 43 desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que este domingo volvieron a recordarnos, que a 10 meses de la desaparición de sus hijos, ¡Ni olvidan, ni perdonan!, por el contrario, exigen castigo a los responsables, que se investigue al ejército y a las autoridades de mayor rango y que continúe la búsqueda con vida de los 43. Este quebranto económico es más cruento cuando existe autoridades que no solo roban al pueblo sino que también desparece a sus hijos.