OPINIÓN | Elección militarizada

¿Qué clima de tranquilidad puede existir este domingo de elecciones, cuando el gobierno federal envió más de 2 mil elementos de las fuerzas armadas y de la Policía Federal para copar las casillas con agentes armados? ¿Qué condiciones de seguridad puede ofrecer el gobierno federal a la población asediada por el crimen organizado, cuando helicópteros artillados hacen vuelos rasantes sobre las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Cómo pueden confiar los ciudadanos y ciudadanas en la Policía Estatal cuando se coordinan con los grupos de choque que conforman las clientelas políticas de los candidatos, para golpear salvajemente a la población que ejerce su derecho a protestar? ¿De qué estado de derecho hablamos cuando se restringen libertades y se impide el libre tránsito a la población al instalar retenes en las carreteras; al interrogar a los ciudadanos y exigir que se identifiquen y digan el motivo de su viaje; al someterlos a una revisión indigna de sus personas y sus pertenencias para decidir al final si continúan o no su trayecto? ¿Cómo hablar de democracia electoral cuando el Ejército y la Policía Federal tienen sitiada a la ciudad de Tixtla para irrumpir y someter a la población que ha decidido boicotear las elecciones?

¿De qué tipo de elecciones hablamos en Guerrero cuando la violencia nos avasalla, cuando no paran las muertes violentas y las autoridades se muestran condescendientes con los grupos de la delincuencia organizada, al acompañarlos y apoyarlos en sus acciones delictivas relacionadas con la desaparición de personas? ¿Por qué tanta obcecación contra las organizaciones sociales que se manifiestan públicamente contra las elecciones y que plantean que no hay condiciones óptimas para su realización? ¿Por qué tanta permisividad con las organizaciones del crimen organizado que extienden sus dominios a varias regiones del estado e imponen a sangre y fuego sus propias normas?

La multiplicidad de casos de desapariciones de personas; de una violencia imparable; de grupos delincuenciales que tienen el control de varios municipios; de pre candidatos y candidatos que han sido asesinados y amenazados; así como candidatos que la misma población sabe que tienen vínculos con algún grupo del crimen organizado, son signo ominosos de una jornada electoral turbulenta que estará marcada por la crispación social, la ira, la condena, la resistencia, el miedo y la indiferencia. Será una lucha contra un modelo de democracia representativa que ya no da de sí, porque la crisis de representatividad ha tocado fondo y porque los partidos y sus candidatos han caído al fango de la desvergüenza. En medio de la desolación por la tragedia que se trae a cuestas con los 43 desaparecidos y los más de 26 mil que hay en el país, la población se organiza para enfrentar una jornada electoral que amenaza con ser más de lo mismo. Tiene el presentimiento que muchos candidatas y candidatos, que con total desparpajo se presentan como salvadores del pueblo, son un símil de los Abarca, los que forjaron su candidatura con amarres y acuerdos con las cúpulas partidistas y con el visto bueno del jefe de la mafia. Los que hicieron su campaña con dinero mal habido y con el apoyo logístico de empresas vinculadas con el crimen organizado.

Esta realidad que muchos ciudadanos y ciudadanas han corroborado a lo largo y ancho del estado es la amenaza real que la población de a pie ha diagnosticado para esta jornada electoral. Lo dice con conocimiento de causa y toma como referencia la tragedia de Iguala. Hasta la fecha no existe ninguna autoridad estatal, federal ni militar que estén siendo investigados como probables responsables de los seis asesinatos y las 43 desapariciones del 26 y 27 de septiembre. Para los padres y madres de familia este encubrimiento es en verdad un obstáculo para dar con el paradero de sus hijos y para conocer la verdad. Son “los Abarca” del poder, las reales amenazas para la sociedad y para las familias que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos porque gozan de total impunidad y su poder les da protección durante toda su vida.

Por eso es entendible su postura de oponerse a la realización de las elecciones, no porque de manera irracional no lo quieran, sino por elemental sentido de justicia. Para ellos este proceso electivo primero tiene que limpiarse, tiene que sacar a todos los políticos y candidatos que responden a los intereses del crimen organizado; tienen que investigarse y castigarse a las autoridades que son responsables de este crimen; tiene que haber cambios de fondo en las instituciones de seguridad y de justicia del estado, para liberarse de las garras de la delincuencia. No podemos seguir con corporaciones policíacas que están infiltradas y que carecen de una formación básica en el uso de la fuerza y en el respeto a los derechos humanos. El gobierno federal tiene ante todo que implementar las recomendaciones que el Grupo interdisciplinario de expertos independientes han hecho con respecto a la búsqueda de sus hijos y a una investigación que se amplié hacia otros actores gubernamentales y hurgar sobre los vínculos que se han construido con las redes del crimen organizado.

Para quienes han abrazado la causa de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos es claro que mientras no se limpie la narco política en nuestro estado y se extirpe este cáncer de las estructuras gubernamentales no es posible hablar de democracia electoral. En esta perspectiva pierden relevancia y sentido los procesos electorales, porque sólo van a reproducir este sistema del narco poder, donde las cúpulas partidistas se transforman en la nomenclatura de las mafias políticas.

Las autoridades federales y estatales no solo han evadido esta realidad delincuencial, sino que la encubren y hasta son cómplices. Es una realidad que es consustancial al sistema, que funciona como la correa de transmisión, por ello tienen que cuidar los procesos electorales, porque son la garantía de que se reproduzca este modo de gobernar. Cuando la sociedad se organiza para desmontar esta estructura que subyuga y causa muertes violentas, entonces los altos mandos del poder utilizan a las fuerzas represivas para contener y someter a la población que se inconforma.

Hoy en Guerrero reeditamos una etapa que creíamos superada, cuando la violencia era la marca de agua que caracterizaba los procesos electorales; cuando la policía y el Ejército se parapetaban en los municipios donde era fuerte el movimiento opositor al partido oficial para reprimir a la población y acallar a sus líderes metiéndolos a la cárcel. Hoy hay visos de una regresión autoritaria, de un retorno a los tiempos de la persecución y aniquilamiento de los adversarios. La militarización del estado es la amenaza más grande que enfrentamos los y las guerrerenses, porque vienen restaurar un régimen obsoleto, basado en la fuerza, el amedrentamiento, la amenaza, la criminalización y el encarcelamiento. Vienen ahora como defensores de la democracia; a imponer con sus armas la elección; a contener el malestar social; a reprimir las manifestaciones y protestas; a detener a los líderes que abanderen esta lucha, y como siempre ha causar más terror a una población lastimada y agraviada que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes y castigo a las autoridades responsables de este crimen de lesa humanidad. Los saldos de una elección militarizada serán funestos si las autoridades civiles mantienen su postura inflexible de no permitir que la sociedad exprese su descontento y su ira por tantas atrocidades cometidas por quienes han sido elegidos en las urnas y se han transformado en los verdugos del pueblo.