El mismo día en que el gobierno federal anunció la llegada de 6 mil policías federales al puerto de Acapulco para resguardar a las y los maestros que presentarían el examen de permanencia, afloró el lenguaje policiaco de las autoridades educativas. El secretario de educación en Guerrero, José Luis de la Vega arengó ante los medios diciendo que “el (docente) que haya sido notificado y no haya entregado sus documentos y no asiste al examen perderá la oportunidad de seguir siendo docente y pierde su trabajo, se dará de baja automáticamente”.
El nuevo personal de la secretaría de educación pública (que no necesitan ser evaluados), son ahora los policías federales que tienen “la encomienda de proteger la integridad de los profesores y resguardar las instalaciones donde se realizará la evaluación de desempeño que aplicará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”. Para el mismo secretario la evaluación es un tema de “prioridad nacional y de mucho impacto”. La presencia de la policía federal y de la gendarmería se justifica “por las amenazas” que ha hecho la CETEG para el día de la evaluación con el objetivo de impedir que lleguen los maestros.
Los policías que deberían estar brindando seguridad a las poblaciones que están siendo sometidas violentamente por bandas del crimen organizado, en las diferentes regiones del estado y sobre todo en Acapulco, por decisión presidencial son enviados en avión para resguardar un recinto donde se pondrá a prueba la reforma educativa. Para las autoridades la prioridad nacional no está en combatir al crimen organizado, ni revertir esta espiral de violencia que ha colocado al puerto de Acapulco en la tercera ciudad más violenta del mundo. Su preocupación se focaliza en la aplicación de la reforma educativa, por eso para ellas, el gran peligro son los maestros y maestras que públicamente han expresado su rechazo a la aplicación de una evaluación punitiva. Contra ellos y ellas arremeten los gobernantes porque saben que está en juego la privatización de la educación, y este negocio millonario nadie lo puede parar.
A pesar del derroche de recursos económicos que realizó la federación para hacer venir a 4,100 maestros y maestras que fueron notificadas para hacer el examen de permanencia, y de la presencia aparatosa de policías federales, las autoridades educativas fueron incapaces de instalar a tiempo el equipo de computo que se requería para garantizarle a todos los docentes una máquina para su examen.
Ya eran las 4 de la mañana del jueves 3 de diciembre y todavía el personal encargado de instalar las computadoras en el gran salón del centro de convenciones Mundo Imperial, trabajaba a marchas forzadas. Varias de las máquinas ni siquiera pudieron desempacarse porque el tiempo estaba encima y quienes iban a ser evaluados ya se encontraban en el comedor almorzando.
El control férreo se hizo sentir desde antes de entrar al gran salón. Obligaron a todos los maestros y maestras a que dejaran sus celulares y demás objetos que portaban, en bolsas de platico que ahí mismo les daban. Se trataba de asegurar que no tuvieran comunicación con el exterior y que no pudieran documentar lo que pasaba dentro del salón. Cada docente ya tenía un número asignado y el personal que portaba uniforme blanco con negro se encargaba de colocarlos en su lugar. En ese momento le entregaban su contraseña para entrar al sistema e iniciar el examen. A las 8 de la mañana todo parecía indicar que la evaluación caminaría sobre ruedas.
Cerca de las 9 horas varios maestros y maestras escucharon voces de compañeros y compañeras que gritaban ¡solución! ¡solución! ¡solución!. No se sabía el motivo de su protesta. La reacción inmediata fue pararse de sus asientos y tratar de informarse de lo que sucedía. Vieron a varios docentes parados cerca de la puerta que da para el comedor. Exigían al secretario de la Vega y demás funcionarios que les proporcionara en ese momento el equipo de cómputo que hacía falta. Su exigencia encontró eco entre los demás maestros y maestras que suspendieron el examen para sumaron a la protesta. El ambiente se torno tenso y confuso. Por más que los funcionarios trataban de convencer a los docentes de que continuaran con el examen, los gritos arreciaban y se sobreponían a otras voces: ¡Todos o ninguno! ¡Todos o ninguno! Este emplazamiento a la autoridad hizo evidente que la logística había fallado y que su operación política naufragaba en plena sede del examen. Incrédulos por lo que sucedía y puestos contra la pared por sus propios errores el secretario no atinaba qué hacer. Este caos hizo que por las bocinas se escuchara una voz invitando a los maestros y maestras a que salieran del salón y se dirigieran al comedor para que les entregaran sus pertenencias. Fijaron en ese instante la postura oficial fue de que el examen se iba a reprogramar para otra fecha.
Este anuncio generó más desconcierto porque varios decidieron salir del salón, otros se fueron al comedor y otros más permanecieron en el lugar para continuar con el examen. En algunas secciones las computadoras dejaron de funcionar porque fueron desconectadas, en otros grupos preferían que les aclararan si se ampliaría el tiempo para concluir el examen. Fueron más de dos horas de versiones encontradas, de información confusa. La presencia del gobernador no representó para los maestros y maestras un reencausamiento al desorden que imperaba, más bien causó mayor enojo al ver la llegada de policías a quienes les gritaron que se salieran. En medio de esos gritos se alcanzó a escuchar la voz de un maestro “yo no voté por el pri”. Para evitar la desbandada la multiplicidad de funcionarios que había, recibieron órdenes de que se abocaran a convencer, uno a uno, a los maestros y maestras que estaban en el comedor haciendo fila para el bufet. Los invitaban para que volvieran al salón a continuar con el examen. El personal que se encargó de colocarlos también les animaba a continuar al informarle que ya se había restablecido el sistema y que iban a recuperar la información que habían vertido. Fue después de la una de la tarde cuando se reinició la prueba con un número menor de maestros y maestras que habían llegado antes de las 8 de la mañana. Hasta esta hora en que lograron reactivar el sistema, las autoridades asumieron una postura firme ante los maestros y maestras que permanecían en el salón, de que continuaran con el examen.
Es lamentable que las autoridades educativas no asuman su responsabilidad ante las graves deficiencias a la hora de aplicar la evaluación. Ellas fueron las causantes del desorden que se suscitó al interior mismo del salón. De manera ruin se quiere mostrar a un grupo de maestros y maestras como autores de un sabotaje al examen, y no se tiene el valor de admitir que las mismas autoridades educativas fueron las que dieron pie para que el malestar, que de por sí existe por esta evaluación punitiva, se desbordara en la misma sede que fue amurallada por policías. Ahora resulta que el mismo secretario de educación pública de la federación quiere interponer denuncias penales contra los mismos maestros y maestras, quienes por temor a ser sancionados acudieron al examen, pero que ahora son tratados como delincuentes, por supuestamente sabotear el examen. No hay prueba más clara sobre esta evaluación punitiva que las mismas acciones de fuerza, del manejo faccioso de la ley y de la criminalización de la protesta, de querer castigar a como de lugar a las maestras y maestros que se oponen al examen, con cárcel. De acallarlos con acciones represivas que buscan socavar las libertades fundamentales, para poner en entredicho un estado de derecho pisoteado por las misma autoridades que se han coludido con las fuerzas del crimen organizado.
La lucha de los maestros y maestras de Guerrero es histórica, es contra las injusticias cometidas por los caciques, contra la guerra declarada por los gobiernos racistas que usan al ejército para cometer atrocidades, como la que sucedió en los años de la guerra sucia. Es para acallar a los maestros y maestras que se levantan contra el yugo explotador de los patrones que esclavizan a los indígenas y campesinos. Es una lucha para que la educación sea un derecho que llegue a los pobres, para que los hijos de indígenas y campesinos tengan espacios dignos para estudiar. Luchan para que se acabe tanta corrupción e impunidad de los políticos, para que pare la guerra contra los jóvenes normalistas que son asesinados y desaparecidos. El movimiento magisterial en Guerrero, pasa necesariamente por las coordenadas de la justicia, la democracia y la educación popular. No solo se circunscribe a un proyecto sectorial, o para mantener cotos y privilegios gremiales. Así se le ha querido calificar, por las traiciones de algunos de sus líderes, pero la base magisterial que trabaja en condiciones adversas y en situaciones deplorables, lucha por cambios de fondo y por ello no permitirá que en Guerrero pase la evaluación punitiva, porque es continuar con el desmantelamiento de un estado que debe de velar y proteger los derechos fundamentales de la población más empobrecida, y sobre todo de que la educación dignifique la vida de las y los olvidados. Para que el gobierno de con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa y deje de mandar policías para desmovilizar al magisterio.