Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación Económica del Banco de México, calificó como estados muy vulnerables a Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, “porque tienen una orientación turística y, por lo tanto, claramente, el riesgo de perder empleo por estar en actividades muy riesgosas, es elevado”. El turismo que se ha catalogado como una actividad no esencial en la fase tres de la pandemia, coloca en una situación sumamente critica a nuestra entidad, por el elevado número de empleos que se han perdido. Esta situación ha impactado fuertemente en el Puerto de Acapulco, que es el corazón de la economía del estado.
El Banco de México en su reporte sobre las Economías Regionales de enero – marzo de 2020, registró una pérdida de 685 mil 840 puestos de trabajo, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reporta que las mayores contracciones se dieron en Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Guerrero. Son estados cuya vocación productiva está orientada al turismo que, ante el choque sanitario, la gran mayoría de trabajadores pasó de la noche a la mañana a las filas del desempleo. Por su parte el gobernador Héctor Astudillo, informó que la fase tres de la pandemia provocó la pérdida de más de 50 mil empleos formales e informales, llegando a cerrar 220 hoteles en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. La situación pasó de ser delicada a grave.
El grave problema que enfrentamos como estado es que una alta proporción de la fuerza laboral se concentra en un sector económico vulnerable, como ahora es el turismo. Las grandes fluctuaciones en los niveles de ocupación son como una ola que arremete con toda su fuerza contra los trabajadores de este sector. La contingencia ha castigado con toda su furia a la población que se asienta en los centros turísticos del estado.
La gran desventaja es que se trata de trabajos que no pueden llevarse a cabo a la distancia. Los turistas requieren una atención personalizada y un servicio directo. El turismo implica el desplazamiento de personas por diferentes vías de comunicación, marcado por temporadas altas y bajas y centrado en el esparcimiento, la diversión y el descanso. Nada de estos servicios se pueden obtener a distancia, por lo mismo, las empresas están imposibilitadas de implementar otra modalidad de trabajo para mantener la continuidad de sus actividades. Por otra parte, el nivel de calificación que se requiere para la asignación de determinados puestos, no exige un alto grado de profesionalización. Por lo mismo, la rotación laboral es mayor y el desempleo es una amenaza inminente.
El estudio del Banco de México enfatiza que la falta de gobernanza es también un factor de mayor riesgo para el crecimiento económico, es decir, que si en estados como Guerrero, la violencia y la inseguridad pública, siguen siendo la principal amenaza para la población, se truncan las posibilidades de que se consoliden las inversiones económicas en las diferentes regiones de la entidad. No solo el COVID – 19 vulnera nuestro desarrollo, sino también la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestro orden constitucional.
El reciente informe publicado por International Crisis Group, titulado La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, afirma que nuestro estado es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. “Al menos 40 grupos luchan, por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína, para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales, que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión (…) una reforma a la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerable y el desarme de grupos violentos, son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica (…) el gobierno debe de proveer los recursos y la protección física para permitir que la sociedad civil local, tal como las organizaciones de víctimas, asuman roles de liderazgo en estos procesos”.
Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la siguiente investigación: Vulnerabilidad ante el COVID-19 en México, donde plantea las tres principales dimensiones del índice de vulnerabilidad en el marco de la pandemia: la demográfica que incluye factores socioculturales que dificultan el acceso a la información para prevenir el contagio y acudir a los servicios médicos; la salud que se refiere a la presencia de morbilidades asociadas a complicaciones del coronavirus como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares e infraestructura en salud, y la socioeconómica, relacionada con la satisfacción de los derechos básicos y la capacidad económica.
El índice de vulnerabilidad está clasificado en 4 grados: media, alta, muy alta y crítica. En la Montaña de Guerrero el grado muy alto de vulnerabilidad se concentra en los municipios de mayor marginación, que cuenta con áreas urbanas pequeñas y un gran número de comunidades dispersas. En esta región la infraestructura de salud es muy escasa, con una tasa de hacinamiento alta. Los hogares cuentan con pocos medios de comunicación y la producción económica es precaria. Son municipios mayoritariamente indígenas. Para los investigadores, las poblaciones con un grado critico de vulnerabilidad, representan un reto mayor que debe ser atendido de manera especial por las autoridades. En términos socioeconómicos, son los municipios con menor capacidad de resistencia y por consecuencia, menor capacidad de resiliencia. Por lo mismo, debe ser un imperativo que la política pública se encamine a evitar la propagación de contagios en estas áreas, ya que no existen los servicios médicos para atender a quienes se enferman.
El estudio señala que la mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del país, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hace unas semanas, el gobierno federal catalogó como municipios de “La Esperanza”, a 269 que se ubican fundamentalmente en estos estados y se caracterizan por su alta marginación. Su vulnerabilidad es extrema, a pesar de que no hay contagios, sin embargo, la precariedad en la que viven tiene fuertes efectos negativos en las economías locales. Se señala que es en estos municipios donde se deben prevenir a toda costa los contagios, ya que además de la precariedad económica, los servicios de salud son prácticamente nulos.
Recomiendan aumentar y mantener las medidas de prevención del contagio en municipios con vulnerabilidad muy alta y critica, aunque no presenten casos, por el alto impacto de la pandemia. Sugieren que no se levante las medidas de mitigación del contagio, porque no hay certeza de que en estas poblaciones estén al margen de los intercambios económicos, sociales y culturales. Más bien, existe una gran movilidad poblacional, ante la falta de trabajos remunerados. La alta migración que se ha registrado por parte de familias indígenas provenientes de los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte y Tlapa, que se trasladan a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, nos muestran el intenso desplazamiento que se está dando, sin que se implementen acciones coordinadas entre los estados expulsores de mano de obra jornalera y los estados receptores para prevenir contagios y brindar una atención digna a mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que ante la falta de condiciones materiales y económicas para sembrar en sus pequeñas parcelas, no tienen otra alternativa que realizar actividades agrícolas extenuantes.
Hoy el gobierno de Guerrero no deja de insistir en su publicidad oficial que la pandemia no ha terminado. Que necesitamos extremar precauciones. El mensaje que dio este domingo el gobernador, fue muy enfático, al reiterar que el semáforo rojo se mantiene en el estado. Advirtió que no estamos en condiciones de abrir las actividades no esenciales. Anunció que se aplaza hasta el 30 de junio del 2020 el inicio de estas actividades. También enfatizó que es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y recomendó el uso de la careta. Reconoció que hay una gran cantidad de contagios, remarcando que por esta situación mucha gente está sufriendo.
En esta semana las cifras de decesos rompieron récord con 61 defunciones en un solo día, arrojando este domingo 14 de junio, un total de 546 defunciones y 3 mil 325 casos confirmados. Lo que más preocupa es que sigue aumentando el número de casos, a pesar de las escasas pruebas que se aplican en los centros hospitalarios. El fenómeno de la comorbilidad, es decir, el padecimiento de dos o más enfermedades que tiene una misma persona, ha desconcertado a un gran número de familiares y a la población en general, porque a pesar de que hospitalizan a sus enfermos por diabetes o hipertensión, cuando el desenlace es fatal, los médicos dictaminan, que la causa de su muerte fue por coronavirus. Esto ha generado desconfianza entre los nuevos pacientes y desencadenado versiones inverosímiles, de que en los centros hospitalarios la gente se está contagiando y muriendo por COVID – 19.
Otro elemento que es importante señalar, es el doble sufrimiento de las familias, quienes además de tener a un familiar hospitalizado, deben de sufragar todos los gastos relacionados con la compra de medicamentos. En el hospital de Tlapa, hemos constatado que ni siquiera mascarillas, ni paracetamol pueden proporcionarles a los pacientes. Desconocemos dónde está el problema, pero lo real, es que ha habido pacientes que han gastado hasta 10 mil pesos en la compra de medicamentos. Estas situaciones que deben de atenderse y corregirse, se adhieren a los problemas más complejos que enfrentamos en el estado, y que nos colocan en el desfiladero de la extrema vulnerabilidad.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
