El próximo sábado 11 de noviembre la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, visitará la Montaña de Guerrero. Se trata de una visita oficial al país que será del 8 al 17 de noviembre, con el fin de analizar la situación que enfrentan los pueblos indígenas de México. De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la relatora “examinará” diversas cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, como la tenencia de la tierra, los mega proyectos, la participación política, el acceso a la justicia y asuntos económicos, sociales y culturales.
Un tema de vital importancia es conocer los casos de “amenazas y criminalización contra las defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas”. La señora Tauli-Corpuz es una líder indígena de la región Cordillera en Filipinas. Ha trabajado durante más de tres décadas en la construcción de movimientos a favor de los pueblos indígenas y es una defensora tenaz de los derechos de las mujeres. Es importante resaltar que como líder indígena participó activamente en la redacción y adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en 2007. En su calidad de relatora especial de la ONU, ha brindado testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asesoría sobre políticas al Banco Mundial y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
La primer visita oficial del Relator especial sobre pueblos indígenas la realizó el eminente antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen en junio de 2003. Fue una visita histórica porque se trató del primer relator especial de la ONU que priorizó la situación de los pueblos indígenas de México. En el Informe que presentó a Naciones Unidas recomendó al gobierno de México que prestara “atención urgente a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revisara a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrollara una política económica integral en beneficio de las regiones indígenas con participación activa de los pueblos y con especial atención a los migrantes, los desplazados, las mujeres y los niños, y que se revisara la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos”.
A 14 años de la presentación del Informe del Relator especial del añorado doctor Stavenhagen, la relación del Estado con los pueblos indígenas es altamente confrontativa.
Las reformas constitucionales orientadas a concesionar los territorios indígenas a las multinacionales ha reactivado la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios. El modelo extractivista implantado por los megaproyectos en regiones estratégicas es la amenaza más grande a la que se enfrentan los pueblos que han sabido preservar sus bienes naturales en beneficio de la colectividad.
La visita de la Relatora se da en una coyuntura sumamente crítica por el empobrecimiento generalizado de la población indígena, por la legalización del despojo, y la colusión que existe entre la clase política con grupos de la delincuencia organizada que van controlando territorios y desplazando a comunidades para implantar el terror y socavar la organización comunitaria.
Esta trágica realidad la padecen los pueblos indígenas de Guerrero. Desde hace dos décadas, varios relatores de la ONU han documentado los estragos de la militarización en nuestro estado. Tanto el Relator especial contra la tortura como la Relatora especial de ejecuciones extrajudiciales, documentaron testimonios de personas que fueron torturadas y de familiares que denunciaron las atrocidades cometidas por elementos castrenses. La masacre de El Charco, las torturas sexuales cometidas contra Inés Fernández y Valentina Rosendo, los asesinatos de los defensores del pueblo mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, marcaron una etapa de graves violaciones a los derechos humanos que con la declaración de guerra contra el narcotráfico por parte del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, la violencia se expandió y los casos de desaparición de personas, de ejecuciones extrajudiciales, de víctimas de tortura y desplazamientos de familias se ha recrudecido por el pacto de impunidad que persiste entre actores estatales y las organizaciones delincuenciales.
La Relatora especial tiene programado visitar los estados de Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Su itinerario incluye que el sábado 11 de noviembre estará en nuestro estado. En la comunidad nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, tendrá el encuentro con las comunidades indígenas del estado que plantearán la diversidad de problemáticas que enfrentan. La lucha de los pueblos me’phaa, na savi, nahuas y ñomndaa ha trascendido a nivel nacional desde la erección de nuestro estado de Guerrero. Fue en la Montaña donde Vicente Guerrero resistió al lado de los pueblos para alcanzar la independencia de México. Lucharon a lado de Zapata para recuperar sus territorios ocupados por hacendados españoles. Reconstituyeron su vida como pueblos y revitalizaron sus formas de organización cimentados en la comunalidad. Sus autoridades son en verdad representantes legítimos de los pueblos y ellas son las garantes de la tradición pero sobre todo del ejercicio a la libre autodeterminación.
Los partidos políticos se han erigido como los principales agentes externos que han defraudado la confianza que han depositado los habitantes en estas instituciones que dicen representar a la sociedad. Al colocar los intereses de los partidos políticos y de sus candidatos, la comunidad y los intereses supremos de la asamblea han quedado relegados. La lucha partidista fracturó la vida comunitaria y diezmó su organización como pueblos. Las mismas políticas clientelares y discriminatorias implementadas por el gobierno federal han denigrado la dignidad y la vida de las mujeres y hombres que son un gran bastión de la resistencia de los pueblos y de la identidad que nos enorgullece como mexicanas y mexicanos.
A pesar de esta embestida de los actores políticos del Estado, los pueblos mantienen vigente sus sistemas de gobierno, sobre todo su organización como núcleo agrario para defender su territorio. Han reavivado sus sistemas normativos para hacer valer su sistema de seguridad y justicia plasmados en lo que popularmente conocemos como Policías Comunitarias y Ciudadanas. Las luchas de las mujeres indígenas han logrado llegar hasta la Corte Interamericana como sucedió con Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo quienes demostraron la responsabilidad del Estado mexicano sobre la violencia institucional castrense que les infligieron como política de contrainsurgencia.
Esta nueva oleada delincuencial y el robustecimiento de la impunidad implantada por una clase política que ha lucrado con el poder y que actúa al estilo de las mafias, ha reditado los años nefastos de la guerra sucia. El punto de quiebre de la grave crisis de derechos humanos que arrastramos en Guerrero fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Se trata de jóvenes provenientes de familias indígenas y campesinas de la Montaña, Costa Chica y región Centro de nuestro estado. Este hecho atroz ha mostrado el entramado delincuencial que priva en un estado pobre gobernado por grupos caciquiles que han impuesto el uso de la fuerza como un modo rudimentario de gobernar.
Ante el uso letal de la fuerza que ha causado asesinatos de estudiantes normalistas, de campesinos, maestros, defensores de derechos humanos y periodistas, las y los guerrerenses se han organizado para defender sus derechos. La criminalización de la protesta social, el asesinato de defensoras y defensores comunitarios y el encarcelamiento de sus líderes en penales de alta seguridad ha sido una práctica recurrente de un gobierno intolerante que no reconoce ni respeta los derechos de quienes defienden los derechos del pueblo.
Los casos de Arturo Campos, Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Marco Antonio Suástegui son emblemáticos por el patrón de criminalización que les imputan, como secuestradores y terroristas. Todos ellos han asumido públicamente el compromiso de abanderar las causas por las que luchan los pueblos. Sus delitos más grandes son su fidelidad, compromiso y coherencia que los mueve para luchar.
La situación de las familias desplazadas a causa de la violencia que impera en varias regiones del estado, así como los asesinatos de líderes sociales como el de Ranferi Hernández, acaecido recientemente, junto con su esposa, su suegra y un amigo de la familia, nos muestra la inacción e indolencia de las autoridades que no han podido garantizar la seguridad de la población ni restablecer el Estado de derecho.
Guerrero también es un terreno fértil de experiencias exitosas protagonizadas por los pueblos indígenas; la lucha histórica del Cecop contra la presa La Parota se transformó en un emblema de la resistencia de los pueblos en defensa de su territorio; el triunfo inédito de la comunidad de Mini Numa para garantizar su derecho a la salud; las dos sentencias de la Corte Interamericana de los casos de Inés y Valentina; el modelo ejemplar del sistema de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Montaña y el gran triunfo en los tribunales por parte de la comunidad me’phaa Jùba Wajiín (San Miguel el Progreso), que ha logrado que las autoridades federales y las mismas empresas mineras respeten la integridad de su territorio comunitario.
Para la ONU la situación de los pueblos indígenas de Guerrero es de gran preocupación, no sólo porque las autoridades mexicanas han incumplido con las recomendaciones del 2003, sino porque los pueblos enfrentan una desigualdad atroz y son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El despojo se ha acentuado y las amenazas de las empresas trasnacionales y el crimen organizado son expresiones de la descomposición de las instituciones, del desprecio y discriminación de las autoridades a los pueblos que forman parte del patrimonio tangible e intangible de nuestro estado. Por eso Guerrero sigue formando parte de la agenda de la Relatora especial de pueblos indígenas de la ONU en esta segunda visita oficial a nuestro país.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
