Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Por la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera,
luchador ejemplar de la policía comunitaria
a los 3 años de su encarcelamiento injusto
¿Con qué cifras fatídicas terminaremos las y los guerrerenses este 2016? ¿Seguiremos al alza en cuanto al número de asesinatos y de personas desaparecidas? ¿Continuaran expandiendo su poder los grupos de la delincuencia organizada en medio de la presencia ostentosa e infructuosa del Ejército y la policía federal? ¿Seguirá la misma política de seguridad que no ataca de raíz las causas de la criminalidad? ¿Hasta cuando se desarticulará la alianza que persiste entre los agentes del estado y las organizaciones criminales? ¿Qué podemos esperar de los gobernantes cuándo son los primeros en delinquir, como ha pasado con los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Coahuila? ¿ Podrá llegar un cambio real con una clase política hundida en la corrupción y atada a los intereses económicos de las trasnacionales? ¿Cómo contener esta vorágine delincuencial cuando impera la impunidad en las altas esferas del poder para no investigar a las autoridades civiles y militares involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Por qué las autoridades civiles y militares no afrontan la realidad cual es y se empeñan en ocultarla con declaraciones vanas, cuando la situación es sumamente aberrante?
Las estadísticas de la muerte nos desquician y nos colocan al borde de la exasperación, sobre todo porque la estrategia de seguridad, que ha fracasado desde la administración de Felipe Calderón con sus operativos bélicos, lo único que ha hecho es exacerbar más la violencia. Si antes el foco rojo era Acapulco por ser el centro neurálgico de la macrocriminalidad, ahora el problema se ha extendido hacia la Costa Grande teniendo a Zihuatanejo como parte de los 50 municipios más inseguros del país junto con Coyuca de Benítez. La zona Centro se ha agravado con las disputas por el control del corredor carretero que va de Xaltianguis, Tierra Colorada, Ocotito y Petaquillas. Las mismas autodefensas han entrado a esta disputa de la territorialidad. La parte Serrana sigue siendo inescrutable por lo minado de su orografía y por la multiplicidad de grupos que se disputan el control de las comunidades productoras de enervantes. Chilpancingo, Tixtla, Chilapa y Zitlala no solo son ciudades inseguras que están dentro de las más peligrosas del país, sino que son municipios donde los grupos de la delincuencia han protagonizado diversidad de hechos violentos que ha dejado una larga cauda de asesinatos y desaparición de personas. El tramo carretero que va de Zitlala, Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, donde hay varios retenes militares, ha sido escenario de múltiples acciones delictivas, que en las últimas semanas se ha acrecentado el número de asesintos.
La región norte es una herida abierta por los hechos trágicos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde las corporaciones policiales municipales, estatales, federales y elementos del ejército se coludieron con la organización criminal de Guerreros Unidos para asesinar a 6 personas, tres de ellas estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 40 estudiantes heridos y 43 de sus compañeros desaparecidos. Esta estela de violencia ha puesto al descubierto decenas de fosas clandestinas donde familiares de la organización “Los Otros Desaparecidos” han librado una batalla desigual contra las mismas autoridades que no los apoyan y la delincuencia organizada que tiene el control de la ciudad. Dese noviembre de 2014 a junio de 2016 estas familias no han tenido otra alternativa que dejar sus casas para caminar por los cerros de Iguala en busca de sus hijos y hermanos. Esta ardua y peligrosa búsqueda ha logrado dar con el paradero de 145 cuerpos exhumados de fosas clandestinas llegando a identificar 24 personas.
Los cerros y caminos pedregosos de Iguala no solo están poblados de fosas clandestinas, también forman parte de las rutas por donde se llevaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Los municipios de Tepecoacuilco y Huitzuco es una ruta que no ha sido indagada por la PGR y que ha sido sugerida por el GIEI y la misma CNDH, porque existen testimonios de dos policías federales que llegaron en la noche del 26 de septiembre al puente del palacio de justicia, donde habían sometido a varios estudiantes normalistas. Uno de los policías federales preguntó “qué pasa con los chavos”. Ante esta pregunta uno de los tres policías municipales de Huitzuco contestó: “Allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que el Patrón decida qué va hacer con ellos”. El mismo policía federal dijo “ah, ok,ok. Está bien”. Esta cita tomada del informe de la CNDH, corrobora lo que ya el GIEI había documentado: que existe otra ruta donde probablemente se pudieron llevar a los estudiantes desaparecidos., sin embargo, hasta la fecha la PGR no ha llamado a comparecer a los policías de Huitzuco ni a los policías federales.
La verdad histórica sostenida por el ex procurador de Justicia Jesús Murillo Karam y fabricada por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubica al basurero de Cocula como el lugar donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes. Es en este municipio donde también se ha suscitado un grave conflicto entre las comunidades Nuevo Real de Limón y Nueva Fundición, dos comunidades pequeñas que se encontraban en el cerro donde actualmente explota el mineral la empresa canadiense Media Luna y que desde el 2013 desplazó a más de 500 personas, sin que haya cumplido con el plan de su reubicación. En este 2016 se suscitó otro conflicto con la comunidad de Nuevo Balsas, cuyos habitantes fueron desplazados hace 30 años por la construcción de la presa El caracol, municipio de Apaxtla. Actualmente los trabajos de explotación están causando severos daños a la presa por las explosiones con dinamita y por todos los escombros que van a dar al vaso de agua que está acabando con la fauna acuática, de la cual dependen sus pobladores. Este conflicto ha dejado en total indefensión a los campesinos y pescadores que exigen el pago de daños a la minera. El mismo gobernador Héctor Astudillo ha apoyado a “la minera Media Luna, cuyo nombre en Canadá es Torex Gold, (porque) tiene una inversión de 14 mil millones de pesos…No hay otra inversión parecida más que la autopista del sol”. Esta postura no le permite ponerse del lado de los pobladores, quienes exigen que se respete su derecho a preservar su entorno, a no contaminar la presa y a garantizar su sustento que depende de la pesca. La depredación ambiental causada por la actividad minera a cielo abierto no es considerada como un peligro para los ecosistemas de la región. Todo se tolera cuando se trata de empresas trasnacionales que vienen a extraer la riqueza mineral y a implantar el modelo extractivista. No importa si los pobladores son echados de su hábitat y sometidos a la lógica criminal del gran capital.
En la ruta de Cocula se llega a Teloloapan, la entrada a la región de la Tierra Caliente. En ese municipio existe también una disputa férrea por el control territorial por parte de la delincuencia organizada. A decir de los mismos habitantes de Teloloapan, existe en Arcelia una organización delictiva denominada “La familia Michoacana” que últimamente secuestró a 3 herreros de Totoltepec, que aparecieron desmembrados el 20 de noviembre, con mensajes alusivos de que las autodefensas denominada Tecampanera pertenece a Guerreros Unidos. Esta disputa a muerte en los municipios de la Tierra caliente sobre todo en Arcelia donde se asientan organizaciones delictivas como la familia michoacana y los tequileros ha desencadenado una serie de asesinatos que nadie se atreve a denunciarlos. Esto mismo sucede en Ajuchitlán del Progreso donde recientemente secuestraron entre 12 a 14 personas en la comunidad de San Jerónimo el Grande. San Miguel Totolapan, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán son los municipios más violentos e inseguros, donde la población se ha resignado en su mayoría a sobrevivir bajo el yugo de la delincuencia, que ejercen un poder de facto. Los asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos son el pan de cada día, que ninguna autoridad trata de brindar algún a poyo a las víctimas de la violencia. El asesinato del alcalde de Ciudad Altamirano, Ambrocio Soto, es un claro ejemplo del fin que puede tener cualquier persona que se atreve a denunciar. La gente de la región sabe bien quién tiene el control de las instituciones en la región y que las autoridades municipales están supeditadas a su mando.
Las cinco regiones con mayor potencial económico en el estado sufren el flagelo de las organizaciones criminales. El turismo que es el eje que dinamiza la economía guerrerense ha dejado de ser una actividad segura. Los centros turísticos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco son ahora el triangulo de la muerte y la desolación. La misma ciudad de Chilapa, famosa por su tianguis dominical, ha perdido el interés y el encanto de miles de visitantes, quienes por su seguridad han optado por permanecer en casa. Nadie imaginaría que el municipio indígena de Zitlala se transformaría en un lugar siniestro. El pasado 22 de noviembre se reportó el hallazgo de 17 fosas clandestinas por parte de la Fiscalía del estado en el cerro del Boludo, municipio de Zitlala. Encontraron 33 cuerpos: 30 hombres y 3 mujeres. En el mismo paraje fue encontrada una hielera con 8 cabezas. La organización de familiares de desaparecidos de Chilapa “Siempre vivos” es la que ha levantado la voz y exigido a las autoridades federales que investiguen sobre la identidad de estas personas. Han emplazado varias veces a los tres niveles de gobierno que se decidan a desarticular los grupos de la delincuencia que en su disputa por el control territorial han causado terror en la región. El registro de personas desaparecidas es de 89 casos que pertenecen a los municipios de Chilapa y Zitlala, principalmente. También hay reportes de personas desaparecidas de los municipios de Ahuacotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera.
Para los guerrerenses el llamado “buen fin” de semana promovido por las grandes empresas, fue fatídico, porque fue la semana más violenta del año. Para colmo de males nuestro estado llegó a la cifra de mil 832 asesinatos de enero a octubre, colocándose en el primer lugar nacional en cuanto a homicidios dolosos. La tendencia se acrecienta gravemente y la respuesta de la autoridad se mantiene en la misma postura de incrementar el número de efectivos militares y policías federales. Los han ubicado en los centros urbanos, sin dimensionar que la gravedad de los casos se dan en las comunidades pequeñas que son presa del poder funesto del crimen organizado. Ante los resultados adversos de esta estrategia, hay una reactivación de los grupos de autodefensa en varias regiones del estado, por el vacío de poder que han dejado las autoridades municipales y estatales ante el avasallamiento de las instituciones por parte de las organizaciones criminales. Estamos cruzando el umbral de la explosividad social porque ante la incapacidad de contener esta ola delictiva, se está dejando que afloren respuestas violentas en las regiones donde la vida no vale nada. Urge atender las recomendaciones de los organismos internacionales sobre cómo enfrentar esta crisis de inseguridad y de graves violaciones a los derechos humanos. El clamor de las víctimas tiene que ser atendido en lo inmediato, de lo contrario, cerraremos el año con más días y fines de semana funestos.