Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El día que las autoridades federales desairaban con su ausencia el segundo informe del GIEI presentado en el Claustro de Sor Juana en el centro de la ciudad de México, por la noche en el puerto de Acapulco los grupos de la delincuencia organizada se desplazaban libremente por la costera para enfrentarse a balazos con los policías federales que se encontraban hospedados en el hotel Alba Suites. Ese domingo 24 de abril, el GIEI señaló con certeza “la coordinación perfecta” de distintas corporaciones policiacas en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa con grupos de la delincuencia organizada. Confirmó que estos grupos operaron la noche del 26 de septiembre en un territorio de 80 kilómetros, de Mezcala a Huitzuco, sobre la carretera federal de Chilpancingo a Iguala, en el mismo lapso que ocurrieron las agresiones a los estudiantes. Mientras tanto policías federales, estatales, ministeriales y militares, conocían en tiempo real los ataques, a través del sistema de comunicación de seguridad pública C-4, durante un lapso de 10 horas.
A más de 19 meses de los hechos trágicos de Iguala, nadie imaginaría que la violencia en Guerrero cobraría más vidas y que las organizaciones criminales se mantendrían intocables y fortalecidas en los lugares donde supuestamente las autoridades federales han implementado operativos de gran envergadura para garantizar seguridad a una población inerme que perdió la confianza en las instituciones.
Guerrero sigue atrapado por los grupos que delinquen bajo el amparo de la ley y con la complicidad de las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos y ciudadanas son rehenes de las organizaciones armadas que han logrado controlar vastos territorios y han impuesto la ley del fusil. Las balaceras en la costera y en las estribaciones de la sierra son parte del espectáculo de la sangre y de la tragedia cotidiana que las y los guerrerenses tienen que sortear a diario para sobrevivir bajo el fuego cruzado. Tan solo en Iguala, donde debería de haber más vigilancia y control por las fuerzas del orden, a causa de los 6 asesinatos y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se han registrado 40 asesinatos en lo que va de enero al mes abril del presente año. Recientemente el 5 de mayo, hombres armados asesinaron a dos jóvenes de la colonia las Brisas. En dos días 5 personas fueron asesinadas en esta ciudad, siendo dos de ellas mujeres. Para las y los Igualtecos, la muerte ronda de día y de noche; en la calle y en sus casas. Están resignados a padecer los estragos de la violencia impuesta por los sicarios. Saben que sus vidas penden del crimen organizado. De nada sirve que esté la gendarmería, el ejército y todas las corporaciones policíacas, porque son parte de la urdimbre delincuencial.
Tomando como referencia la información vertida por el sistema nacional de seguridad pública de la secretaría de gobernación, corroboramos el acrecentamiento de esta violencia. Tan solo en el mes de marzo del presente año ocurrieron en Guerrero 188 homicidios dolosos, lo que representa 6.06 de asesinatos violentos diarios. En este primer trimestre la suma de asesinatos ascendió a 514, aumentando en un 18.7 por ciento, comparado con los 433 crímenes que se cometieron en el primer trimestre de 2015. De los 188 homicidios dolosos 131 se cometieron con armas de fuego y 93 de ellos ocurrieron en Acapulco.
Las cifras de la violencia han evidenciado que tanto el gobierno federal como del estado han fracasado en su estrategia guerrerista contra el crimen organizado. La militarización en lugar de garantizar mayor seguridad y gran efectividad para abatir el crimen organizado, ha desencadenado mayor violencia. En los hechos con sus operativos suspende garantías y no hay poder ni ley que los controle ni marque límites. Son las armas su único recurso para hacer frente a la población civil que cataloga como enemigo potencial al que hay que someter o abatir. La fórmula de copar de militares en los lugares donde se asientan los intereses económicos de los grandes empresarios, resulta ser una estrategia fallida, porque con el uso de la fuerza y operativos ostentosos quieren garantizarle al gran capital seguridad para que sus negocios prosperen. No importa garantizar la seguridad de la población en general. Tampoco se plantea una estrategia integral que parta de una perspectiva ciudadana de la seguridad, que se garantice la protección a las víctimas, que se priorice la prevención del delito y se atiendan las causas sociales de la violencia delincuencial. Es impostergable una transformación de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia. No pueden manejarse como cotos de poder destinados a proteger intereses de los grupos políticos, ni continuar con las mafias que hacen del delito un gran negocio.
Ante la ola delincuencial que ha demostrado ser capaz de romper el cerco de los centros turísticos y desafiar a sus socios que ostentan el poder, el gobernador enfrenta serios problemas para recomponer un estado maltrecho. No puede deshacerse de los grupos de poder enquistados dentro de su mismo partido, quienes a lo largo de los sexenios establecieron alianzas tenebrosas con las diferentes organizaciones del crimen para afianzar su poder y asegurar su futuro dentro del primer círculo.
Es sumamente banal afirmar que la situación de violencia que está enraizada en nuestro estado y que hunde sus fauces en la corrupción, pueda extirparse en un año, como lo pregonó el gobernador en cadena nacional. Sabiendo que el estado es el más violento, con la tasa más alta de homicidios a nivel nacional de 54.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, de que está rezagado en varios indicadores de desarrollo, situación que genera un mal desempeño en los indicadores relacionados con la distribución equitativa de los recursos, con un entorno empresarial sólido y con altos índices de capital humano, es inviable arribar a una nueva fase en este proceso de lucha contra la violencia. Esto no será posible si las autoridades siguen empecinadas en endurecer sus políticas de seguridad y en centralizar todas sus decisiones en el ámbito militar, como lo ha estado impulsando el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio.
Es importante señalar que en Guerrero es fundamental que exista un gobierno que realmente funcione para los ciudadanos y ciudadanas. Lo que ha caracterizado al gobierno de Héctor Astudillo es el gran descuido que persiste para atender las demandas sociales. Sobre todo se ignora a las organizaciones que ejercen su derecho a la protesta. Se recurre a la fuerza y a la acción penal para dirimir los conflictos, como sucedió recientemente con los 71 detenidos que fueron desalojados de la autopista del sol el 28 de abril. No se atienden los conflictos a tiempo, se sobrellevan y tratan de relegarlos en la medida que pierden visibilidad mediática. Esta forma recurrente de sortear los grandes problemas del estado no generan confianza entre la ciudadanía, mucho menos se orienta a proteger los derechos humanos de la población más vulnerable. Pesa mucho la acción partidista y el interés enfermizo de ocupar los cargos públicos relevantes con gente del grupo que gobierna, para asegurar el control faccioso de las instituciones y de la misma población.
No hay un ataque frontal a la corrupción, por el contrario, se fortalecen los cotos de poder para lucrar con los recursos públicos. Los grupos políticos se han repartido el pastel de las finanzas, que es la causa del encono social, por esta forma burda y cínica de gobernar. Estas tropelías del poder generan situaciones extremas que son catalizadoras de una violencia mayor a causa de la desigualdad atroz y la institucionalización de la rapiña. La corrupción ha llevado al actual gobierno a que en todo momento se justifique, para no resolver las demandas más sentidas de la población, con el argumento ruin de que el estado está desfalcado y por eso mismo está atado de manos y no resuelve nada.
Si en el gobierno no existe una estrategia más amplia para revertir la escalada de violencia y contener el malestar social, perderá credibilidad y se distanciará más de lo que está, de una sociedad crítica y proactiva, que demanda urgentemente a que las autoridades federales atiendan las recomendaciones que ha hecho el GIEI, para dar una respuesta convincente a los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desparecidos que buscan a sus hijos. Sin verdad y sin justicia en Guerrero será imposible construir un estado fincado en un régimen de derecho. No habrá tregua, ni paz, porque Guerrero no aguanta más acciones delincuenciales de los gobernantes en turno.