Padre Bernardo: tu compromiso callado por la justicia y tu lucha discreta por los derechos de la gente pobre, le dio vida y fortaleza al Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Descansa en Paz
En medio de la euforia y la autocomplacencia por la detención de El Chapo Guzmán, el presidente Enrique Peña Nieto llegó a Guerrero engallado para enfrentar a la delincuencia y anunciar entre la clase política y empresarial el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero. El discurso triunfalista sintetizado en el mensaje “misión cumplida” da por sentado que su gobierno ya ganó la guerra a los cárteles del narcotráfico, y por lo mismo, el estado de cosas que imperan al interior de las instituciones de seguridad, como la corrupción de los funcionarios que dejaron escapar dos veces al Chapo, se mantiene intacto. Con su recaptura, los medios oficiales se empeñan en mostrar a un presidente victorioso, invencible, con un aparato gubernamental fuerte e infranqueable.
Nada se dice de la debilidad de las instituciones que han desquiciado la vida de la población mayoritariamente pobre. Se guarda silencio sobre los crasos errores y complicidades cometidas por los altos funcionarios de los penales de alta seguridad y se trata de no evidenciar las graves inconsistencias y corruptelas que arrastra el sistema de seguridad del Estado, que mantiene un maridaje subrepticio con el crimen organizado. Estamos lejos de que se llame a cuentas a los responsables de estas fugas y se arranque de raíz la red de complicidades tejida por los narcopolíticos. Estamos más bien ante una coyuntura propicia en la que estos personajes siniestros, que nos han sumido en la pobreza y hundido en el fango de la violencia y la inseguridad, vuelvan por sus fueros.
Mientras en el “mundo imperial” del Acapulco Diamante todo era algarabía por los anuncios millonarios que supuestamente nos sacarán de la pobreza y nos llevarán a la prosperidad, en la cabecera municipal de Arcelia, ubicada en la Tierra Caliente, más de 300 familiares y amigos de 17 personas de El salitre, levantadas el sábado 9 de enero, protestaban en las calles principales para exigir su presentación con vida y demandar la salida de la Policía Federal por estar coludida con el crimen organizado. En Teloloapan, la recién conformada Policía Comunitaria Tecampanera instalaba puestos de vigilancia para dar con el paradero de dos jóvenes que fueron levantados por hombres armados. Tanto en Arcelia como en Teloloapan, campea el miedo y la desesperación. No hay confianza en las autoridades municipales ni en las corporaciones policiacas, porque saben que están supeditadas a los intereses del crimen organizado.
El lunes 11, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, varias personas armadas vestidas con uniformes de policías ingresaron a la escuela Secundaria Técnica 114, ubicada en Santana del Águila, y se llevaron violentamente a cuatro profesores y una profesora. Piden 2 millones y medio por su libertad. Esta acción delincuencial muestra el grado de indefensión en que se encuentran las familias pobres de esta región y pone en claro el fracaso del operativo Tierra Caliente. Los familiares no tienen otra alternativa que salir a las calles para pedir cooperación a sus vecinos con la ilusión de juntar el dinero para el rescate de los docentes.
En la barranca de La Carnicería, cerca del basurero de Cocula, lugar donde el ex procurador Murillo utilizó para construir su “verdad histórica” sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, peritos de la PGR exhumaron un cuerpo de una fosa clandestina descubierto por el Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala el martes 12 de enero. El pasado 5 de enero la misma PGR exhumó cuatro cuerpos de dos entierros clandestinos en la barranca de La Carnicería, sumando 121 cuerpos encontrados en 13 meses.
Ese mismo martes, en Taxco de Alarcón hombres armados ejecutaron a un taxista de la ruta Taxco-Iguala en el barrio de Pedro Martin. El viernes pasado en pleno centro de la ciudad platera fue asesinada otra persona, sin dar con el paradero de los responsables.
En Chilpancingo, el viernes 9 de enero, nuevamente hombres armados irrumpieron en los bares del centro de la capital y en una plaza comercial para exigir que cerraran sus negocios. Esta amenaza obligó a que 35 negocios quedaran bajo amenaza, sabiendo que los levantones y secuestros están a la orden del día. A pesar de que hay policías que supuestamente vigilan el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, el lunes pasado, sucedió otro asesinato cuando hombres armados privaron de la vida a Luis Soto Fonseca, comerciante de frutas y legumbres, en el área de descarga de su negocio.
En el Acapulco de los pobres, en ciudad Renacimiento, en la noche del martes, cuando se anunció el Guerrero Incluyente, asesinaron a tres hombres y uno más quedó herido. En la escena del crimen dejaron dos cartulinas con mensajes escritos. Uno de ellos decía: “Dejen de estar torturando y secuestrando en el penal de las cruces. Gobierno federal, estatal estos son los internos que tienen el auto control en el penal”.
Mientras tanto en Iguala, en el foro de consulta ciudadana para la integración del Plan de Desarrollo 2015-2021, funcionarios del gobierno estatal y empresarios de la minería con total desparpajo discurrieron para que Iguala se convierta en el “centro neurálgico” de las mineras asentadas en el estado y que sirva para dotar de mayor seguridad, industria y creación de fuentes de trabajo. El secretario de Fomento y Desarrollo Económico del estado, Abel Arredondo elucubró: “yo me imagino a Iguala como una ciudad de Oro prácticamente… al estar asentada en una zona estratégica, entre las zonas mineras más importantes”. Celebró que este año Guerrero recibirá 120 millones de pesos del fondo minero para obras de agua potable, drenaje y escuelas en los municipios del cinturón dorado.
Por su parte, la clase política del estado, su celebración por el año nuevo alcanzó su climax el sábado 9 de enero, cuando el gobernador Astudillo intercambió halagos con el secretario de operación política del CEN del PRI, Manuel Añorve, teniendo a sus espaldas al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Robespierre Robles Hurtado. Sometidos los poderes públicos y repartidos los cargos más relevantes entre los jefes de las facciones priistas, brindaron y partieron la rosca (del estado) a la usanza caciquil.
Esta algarabía de los políticos encambrados que se publicita a diario en los medios es la muestra fehaciente de su frivolidad y decrepitud como grupo gobernante. Habitan en el mundo de la fantasía, en los escenarios armados para estrellas de cine y gravitan en medio de santuarios de la idolatría, donde predomina la vanalidad y la hipocrecía. En estos tiempos de crisis, tratan de recomponer en el discurso triunfalista de la inclusión y la prosperidad, un estado devastado. Un estado hecho añicos por los malos gobiernos que han saqueado las arcas públicas. Una entidad rota en sus entrañas, en los tejidos más finos de la solidaridad. Ensangrentada a causa de la colusión de sus gobernantes, policías y militares con la delincuencia organizada. Un sistema político infestado por la corrupción de los funcionarios iletrados que han usado el poder para arremeter con la población que lucha por la justicia y los derechos humanos. Un pueblo combativo conformado por familias mayoritariamente pobres, expulsadas de su hábitat, obligadas a deambular como seres sin derecho para construir un futuro digno. Familias desahuciadas por no saber nada de sus hijos desaparecidos. Estudiantes asesinados, perseguidos y desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Jóvenes sometidos por el crimen organizado, víctimas de la cultura de la muerte.
La danza de los miles de millones que supuestamente se invierten en Guerrero es en realidad para la prosperidad de las élites económicas y políticas. Por eso los anuncios se hacen en espacios cerrados y en lugares exclusivos, porque los megaproyectos son para los grandes inversionistas, no para que se le apueste a construir el piso básico de la igualdad y la equidad. Los recursos millonarios son para apuntalar a los sectores económicos estratégicos y para garantizar el modelo económico extractivista, teniendo como punta de lanza el asentamiento de las empresas mineras en territorios donde habitan pueblos indígenas y campesinos, cuyos territorios son comunales y sagrados, destinados al sustento de la familia y a la preservación y cuidado de sus bienes naturales.
La inversión en Guerrero no es para que llegue directamente a las comunidades indígenas y campesinas, es para robustecer a una clase empresarial advenediza que se anime a invertir propiciándole condiciones de seguridad y estímulos fiscales. Esa es la apuesta del Acuerdo presidencial de un Guerrero incluyente y próspero. Con este nuevo derrotero tratarán de darle la vuelta a la página y relegar la lucha por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Dejarán de lado todo el movimiento de víctimas de desaparecidos que exigen justicia y verdad. Le seguirán apostando a la militarización y gendarmerización del estado como única salida para contener la espiral de violencia, afinando la estrategia de contención del movimiento social y de persecución contra la población que lucha contra la desigualdad, la discriminación y la inequidad. La prosperidad nunca llegará a Guerrero si se ignora el dolor de las víctimas y no se da con el paradero de los 43 estudiantes.