Mapa por GEOCOMUNES
A 168 años de su fundación, Guerrero se encuentra en el torbellino de la violencia, donde la clase política protagoniza un nuevo atraco impulsado por el modelo depredador del neoextractivismo.
La clase política -que galopa con premura rumbo al 2018- se aparenta airosa, mientras que el resquebrajamiento (visible y no visible) es a todas luces el sello de su propia felonía.
En ese contexto el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, llamó a cerrar filas a las cúpulas partidistas en aras de mantener los cotos de poder y acaparar los recursos públicos que se multiplicarán en sus bolsillos a costa de la tragedia causada por los sismos y los huracanes.
Como gritos de auxilio, Astudillo pidió a los otros poderes hacer un “pacto en materia de seguridad para garantizar la paz en Guerrero”; sin embargo, en este llamado realizado el 19 de octubre frente al Congreso, la sociedad quedó excluida de un acuerdo que requiere la presencia y la fortaleza de quienes en medio de su dolor reconstruyen un estado maltrecho derruido por la corrupción.
Astudillo colocó también la necesidad de analizar la pertinencia de instaurar el mando único en los 81 municipios del estado, sin que la advertencia de las violaciones a los derechos humanos que ello traería consigo, le sirva para el análisis, por demás postergado.
El tema de la impunidad es inexistente para las autoridades. No representa un problema estructural. Se ha transformado en una loza que aplasta a una población inerme.
Ante la falta de memoria histórica y la reticencia a escuchar el clamor de las víctimas de crímenes del pasado, hoy se reciclan políticas represivas como fórmulas mágicas para enfrentar la inseguridad y la violencia, con más violencia.
Es evidente que la militarización de la seguridad pública es la única opción que este sexenio busca ofrecer a la ciudadanía, anulando con ello la posibilidad de construir alternativas que garanticen la seguridad, integridad física, emocional y la vida de la mayoría de las y los guerrerenses, que además de vivir en la pobreza son rehenes del crimen organizado y ahora la vida depende de quienes con el fusil en la mano deciden imponer una cuota para asegurar la vida, un día más.
El festín de esta clase acostumbrada a atracar no sólo el erario público sino el patrimonio colectivo de quienes aquí vivimos, escogió el 27 de octubre pasado, no sólo para celebrar la erección del estado sino para aplaudir alzando la mano casi por unanimidad para aprobar el decreto que da pie al establecimiento de la Zona Económica Especial (ZEE) “Lázaro Cardenas Unión” en la Costa Grande del estado.
Las ZEE se constituye en una región geográfica que posee ventajas naturales y logísticas que se potencian con leyes económicas y de otro tipo orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado, en las que las leyes de alcance nacional pueden ser suspendidas.
Se trata de una estrategia que fortalece el extractivismo a través de las minas, represas, monocultivos, maquiladoras, entre otros. De una manera legal, el poder de las empresas prevalece acaparando territorios indígenas, campesinos y urbanos.
Con este aval, Las Guacamayas, Melchor Ocampo, Santiago Zacatula y El Naranjito, son los Núcleos agrarios amenazados por la ZEE, núcleos en donde prevalece la pobreza, el hambre y la violencia.
Aunque en el discurso el Gobierno Estatal y Federal aseguran que la ZEE proveerá de los servicios básicos y combatirá su estado actual, en la práctica con este decreto se formaliza “la entrega por parte del Gobierno mexicano de los bienes comunes, los territorios y la soberanía del país a las grandes corporaciones transnacionales”, como lo ha referido el defensor mexicano del medio ambiente, Gustavo Castro.
Una vez más las autoridades y las empresas se alían para poder concretar el desarrollo -pero no de los pueblos- sino el desarrollo del capital transnacional.
El Gobierno de Guerrero y el Gobierno Federal se olvidan también de la bienes naturales y su modo de vida.
De manera tramposa y con alevosía, las autoridades prometen la panacea del desarrollo en la región de Zihuatanejo, prometen trabajos, los cuales -como en otras experiencias- serán solo empleos temporales a los dueños de la tierra -en su propia tierra-, pero ahora liberada para el beneficio de las empresas transnacionales.
A la fecha, la población que se verá afectada, desconoce en su mayoría los impactos de este modelo. Sin embargo, se impulsa ya la difusión de la información y la defensa para quienes se enfrentan a una situación de riesgo, no sólo de perder sus bienes naturales, sino a que la violencia e inseguridad incrementen en la zona, sólo por dar preponderancia a lógica de acumulación capitalista y cuyos impactos negativos, no están considerados dentro de la estrategia de seguridad estatal.
Como el gobernador, hoy las siete regiones del estado piden auxilio para poder comer, tener un trabajo y salario digno, ver a sus hijos e hijas acudir a las escuelas sin temor, pese a ello, las acciones tomadas por las autoridades se alejan de manera alarmante de lo que podría significar actuar de manera comprometida y cabal para combatir a la violencia y procurar el desarrollo desde los pueblos y no a costa de ellos.
Hoy, cuando Guerrero aparece en la escena nacional como un estado marcado por la impunidad y la violencia, las autoridades pactan con las cúpulas partidistas para afianzar el modelo extractivista, reforzado con el paradigma militar poniendo en charola de plata regiones estratégicas para los negocios multinacionales
El pacto por la seguridad es para mandar una señal a las transnacionales de que las élites del poder se comprometen con ellos para crear zonas protegidas por élites militares y policiacas donde puedan asegurar a las empresas transnacionales. Zonas económicas libres para crear paraísos donde puedan invertir las grandes empresas en territorios donde la población guerrerense ha sabido cuidar sus bellezas naturales.
En nuestro estado, no sólo hay una disputa de los grupos de la delincuencia organizada por el control territorial y las rutas de narcotráfico, ahora las mismas autoridades están abriendo otro frente que representa ser una amenaza para los pobladores asentados en los municipios de Zihuatanejo y la Unión que serán tratados como extranjeros en su propia tierra y sometidos a la dictadura del capital depredador.
Es una disputa entre la población pobre y trabajadora de la hermosa región de la Costa Grande contra el dragón chino que amenaza con apropiarse de este enclave estratégico del pueblo guerrerense.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan