OPINIÓN | Guerrero: un pueblo sediento de justicia, de paz y de agua

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Guerrero es el epicentro de las injusticias por los contrastes sociales, el manejo patrimonialista de los recursos públicos y el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir a quienes levantan la voz. Las atrocidades cometidas sistemáticamente por los gobernantes en turno son sepultadas impunemente por una clase política acostumbrada a manosear las leyes y las instituciones en favor de quienes tiene poder económico y político. La sed de justicia clama al cielo y aunque retiemble en su centro la tierra los gobiernos pedestres se arremolinan para proteger un sistema anclado en la corrupción y la impunidad. La lucha social en Guerrero es por lo más elemental: pan, techo, agua, salud, educación y empleo. De los 81 municipios Acapulco concentra casi la tercera parte del presupuesto federal. Los 19 municipios de la Montaña su presupuesto global queda por debajo de los recursos financieros que maneja Acapulco. Este trato desigual se expresa en los diferentes ámbitos de la vida pública, solo los políticos que han alcanzado un alto rango al ocupar cargos de primer nivel en el estado y los empresarios de los centros turísticos y de la capital de estado, que han amasado su riqueza bajo el amparo del poder son los que dilapidan el dinero del pueblo y se llenan la boca para decir que Guerrero es un paraíso.

En contrapartida el 85% de la población guerrerense no solo enfrenta la amenaza del crimen organizado sino que padece cotidianamente el drama de la sobrevivencia. La mayoría de familia no tiene recurso para asegurar una alimentación suficiente y adecuada. Los pueblos indígenas y campesinos tienen que acarrear en burros el agua que no llega por las tuberías mal instaladas. Los niños y las niñas tienen que cruzar río y barrancas y caminar más de una hora para llegar a la escuela con el estómago vacío. Los centros hospitalarios carecen de todo, desde espacios dignos para la atención de los pacientes, hasta sábanas y jeringas.

Cansa verbalizar en todo momento esta realidad que nos ha deshumanizado; desquicia a la mayoría de guerrerenses el flagelo de la pobreza; lastima y hiere en lo más profundo a centenares de familias la violencia y la inseguridad. Impera el caos protagonizado por el crimen organizado. Por su parte, las autoridades  siguen realizando eventos suntuosos en su “mundo imperial”, sin saber qué hacer en las siete regiones del estado. Continúan dando palos de ciego, apostando a que la delincuencia se canse y declare una tregua. La misma población padece su propia desesperación e impotencia, están muy lejos de esperar que la policía y el ejército lleguen a tiempo para ponerlos a salvo. Los percibe como agentes del mal, que trabajan para el mejor postor. Es el infierno del pacífico, donde la región de la Tierra Caliente la población se encuentra asfixiada y moribunda por el fuego ensordecedor de los cuernos de chivo. El drama de las familias desplazadas es inenarrable. Después de sufrir algún hecho trágico se desplazan en silencio de sus lugares de origen para encontrar entre los suyos un pequeño espacio donde esconderse. No hay un resquicio en las instituciones para encontrar protección y garantía de justicia. La presencia aparatosa del ejército se ha transformado en un espectáculo dantesco que solo causa miedo y desconfianza a la población.

La clase privilegiada montada en el poder ha desatado una guerra sin cuartel con el apoyo del ejército para impedir que la clase trabajadora del campo y la ciudad pueda beneficiarse de las riquezas naturales que han sabido conservar y mantener su belleza. La población acapulqueña sobrevive ahora en los cinturones de la muerte, donde la pobreza extrema se expande en las pedregueras de los cerros y los lodazales de la llanura. Las siembras del odio surcan de amapola la Sierra y la Montaña que son los santuarios del agua que le dan vida a los imponentes ríos: el Balsas y el Papagayo. Guerrero es una tierra pródiga encantadora, cuyos contrastes en sus nichos ecológicos son un gran potencial para un desarrollo sustentado en su mega diversidad.

Los ríos caudalosos que escurren de la sierra madre del sur nos dan un parámetro de la gran reserva acuífera que existe en el estado. Varias represas que se han construido contra la voluntad de sus mismos pobladores  hacen que las autoridades se den el lujo de surtir de agua y energía a otras entidades. Lo inaudito es que en Guerrero se sufre de sed teniendo tanta agua.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero, es la segunda entidad con menor porcentaje de acceso al agua entubada con un 84.6% y también con el menor porcentaje de viviendas habitadas que cuentan con servicio de drenaje con un 81.7%, situación que no es revisada por ninguna autoridad del Estado. Esta situación afecta prioritariamente a la población indígena que en lo alto de la montaña no reciben agua potable, sin embargo Conagua, la CDI y los mismos ayuntamientos reportan cifras millonarias que supuestamente han invertido en sistema de agua potable.

En Guerrero existen centenas de comunidades rurales,  como Paraje, Santa Cruz, que solo llegan a tener de 40 litros de agua al día por familia, lo que contrasta con lo establecido como mínimo vital señalado por la Organización Mundial de la Salud que va de 50 a 100 litros al día por persona.

Ante este desastre de las entidades gubernamentales, son las mismas comunidades y organizaciones de base las que luchan denodadamente para hacer realidad el derecho que tienen todas las familias y personas a tener en su domicilio este líquido vital.

La presente visita del señor Leo Heller, relator de la ONU sobre el derecho humano al agua y saneamiento, es muy oportuna y significativa. Es una gran oportunidad para colocar este tema dentro de la agenda gubernamental. En esta semana el relator escuchó importantes testimonio de defensores y defensoras comunitarias, quienes expusieron la gravedad de sus casos dentro de un contexto marcado por la violencia, la impunidad y la criminalización que enfrentan  cientos de líderes comunitarios que han luchado desde hace tiempo por sus lagunas y ríos. Su defensa del agua ha costado vidas y encarcelamientos injustos.

El relator tuvo conocimiento de casos graves que enfrentan campesinos e indígenas de Guerrero ante las amenazas de los empresarios que se han aliado con grupos de la delincuencia organizada. El caso de los opositores a la Minera Media Luna de Cocula, Guerrero, es una lucha desigual, porque las mismas autoridades del estado se han puesto del lado de la minera. La misma universidad de Guerrero se ha prestado para realizar estudios con la consigna de proteger los intereses económicos de la minera. La población ha tenido que padecer la contaminación del agua con los desechos tóxicos expulsados que ha causado múltiples enfermedades dañando su principal actividad económica, que es la pesca. La contaminación de la presa ha provocado mal formaciones de los mismos peces que ya no son aptos para consumo humano. A pesar de estas evidencias los representantes de la empresa canadiense se ostentan como los grandes benefactores y detonadores del desarrollo. No solo han dañado el entorno natural, sino que han afectado la actividad pesquera, coludiéndose con grupos del crimen organizado que se erigen en los guardianes de la mina.

Asimismo, se encuentra la lucha por parte del Consejo de Ejidos y Comuneros Opositores a la presa «La Parota»,  donde uno de sus líderes históricos, Marco Antonio Suástegui  fue golpeado y encarcelado injustamente en un penal. Le han fabricado varios delitos de secuestro y robo agravado con el fin avieso de acallarlo y atemorizar a los opositores a la presa hidroeléctrica la Parota. Las autoridades del estado han dejado en total abandono a estas comunidades, al grado que no cuentan con agua potable ni drenaje. Es increíble que en sus propias tierras surtan de agua a los hoteles de Acapulco y que sus habitantes padezcan enfermedades por no contar con agua limpia y suficiente.

El relator también atendió a representantes del pueblo Ñomndaa del municipio de Xochistlahuaca quienes expusieron el despojo del agua de los ríos San Pedro y Santa  Catarina y la sobreexplotación del material pétreo, denunciando a los grupos caciquiles que se han impuesto sobre los derechos básicos de las comunidades indígenas. En esa región de la Costa Chica se ha impulsado una gran obra diseñada para abastecer de agua al municipio de Ometepec, sin antes consultar a las comunidades afectadas. No solo se les ha ignorado, sino que el gobierno municipal se niega a atender sus planteamiento para evitar la sobre explotación del  agua de los ríos y así evitar mayores daños al entorno natural y a la reserva acuífera.

Los testimonios que escuchó el relator dieron cuenta de la depredación que se vive en el estado de Guerrero. Constató que la forma de gobernar y el modo de explotar los bienes naturales nos tienen en una situación deplorable. El empobrecimiento de la población, el enseñoramiento del crimen organizado y la depredación ambiental, alentada por los intereses empresariales y caciquiles son las paradojas de un gobierno que le apuesta a una mayor militarización. Una estrategia que no está pensada para garantizar la paz de las y los guerrerenses, sino para mantener incólume la estructura del poder caciquil, que sigue medrando a una población que resiste y se organiza, a un pueblo indómito sediento de justicia, de paz y de agua.