OPINIÓN | Iguala: contra el pacto del silencio

 

 

Para Elmer Pacheco Salazar, compañero de Arnulfo Cerón

en las luchas por los derechos humanos de la Montaña.

Tu paso por Tlachinollan marcó tu derrotero

en favor de la población indígena.

 

Maestro José Rubio Villegas, siempre honraste la memoria

de tu hermano Bonfilio, quien fue ejecutado por el ejército en el 2009.

 

Compañero Roque Nava,

desde el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia,

mostraste tu casta como un defensor de los pueblos Nauas de Chilapa.

 

 

En esta fecha memorable, cuando se proclamó el Plan de Iguala, que fue el inicio del surgimiento de nuestra nueva nación que se expresa en la bandera nacional, se crean las bases para alcanzar la independencia política de México y para iniciar una lucha permanente por el proyecto de nación, que hemos querido forjar desde hace más de 200 años. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Iguala, en este 24 de febrero, rememoró este momento histórico protagonizado por ilustres guerrerenses, abanderados por el general Vicente Guerrero, quien resistió al lado de los pueblos indígenas de la Montaña en el cerro de Xonacatlán, municipio de Alcozauca y La Purísima, en Atlamajalcingo del Monte. Gracias a la organización de los pueblos indígenas, Vicente Guerrero pudo atrincherarse y mantener viva la llama de la independencia. Hasta la fecha las comunidades del pueblo Na’Savi asentadas en los municipios de Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca, siguen esperando del gobierno federal el cumplimiento de la deuda histórica, que, con puño y letra del general, dejó asentado en un documento fechado el 21 noviembre de 1809.

 

En su repaso histórico, el presidente de la república trajo a la memoria el caso del gobernador Ambrosio Figueroa, quien “protagonizó un suceso brutal y vergonzoso que puso en entredicho la buena fe del presidente Francisco I. Madero”. Ante el asesinato artero del dirigente opositor Salustio Carrasco Núñez, por parte del general Ambrosio, el presidente Madero, contrario a sus convicciones humanitarias, casi justificó que el fusilamiento, al lamentar que: “no haya cumplido con todos los requisitos legales”. Se mostró complaciente con el gobernador Ambrosio, y trató de arreglar el asunto “de modo conveniente”, con la población guerrerense inconforme. Este episodio muestra que en muchas ocasiones las autoridades al sentirse presionadas por los grupos de poder, o por cacicazgos políticos que tienen el control de ciertas regiones, se ven obligadas a pactar y a tolerar actos deleznables, que son contrarios a los principios democráticos que enarbolan.

 

En nuestro estado, en los años aciagos de la guerra sucia, donde se dieron muchas masacres y desapariciones, centenares de familias no han descansado para exigir justicia. Son de larga data las represiones policiacas y militares, los asesinatos de líderes sociales, estudiantiles y magisteriales, así como las ejecuciones arbitrarias de defensores comunitarios, normalistas y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, a causa de este pacto de la impunidad que sigue protegiendo a quienes desde el poder atentan contra la vida de las luchadoras y luchadores sociales. En nuestro estado arrastramos la cauda de la violencia a causa de gobernantes siniestros y pendencieros, que han usado la fuerza para acallar el clamor de justicia y someter a bayoneta calada, a un pueblo insumiso. Hemos padecido gobernantes corruptos y cómplices de las atrocidades consumadas por los gobiernos centrales. Se han caracterizado por ser comparsas de los grupos de poder acostumbrados a lucrar con el erario público, a erigirse en trúhanes con licencia para robar y matar. Ha sido el pueblo de Guerrero, sobre todo los más pobres que habitan en la Costa, Sierra, Montaña y colonias periféricas, quienes han escrito los mejores capítulos de nuestra historia nacional. A través de la memoria colectiva y de la historia de los vencidos hemos sabido de muchos héroes y heroínas locales y de talla nacional, que estuvieron dispuestos a luchar por la independencia, por la tierra, por la justicia y por el desarrollo de nuestro estado, a costa de su vida. Son los héroes desconocidos que en las serranías desafiaron al poder y fueron masacrados y desaparecidos. No solo hay cruces en la sierra madre del sur, sino también en las profundidades del mar, en las oquedades de la tierra, y ahora en las barrancas y basureros. Esta cauda de muertes son parte de la herida abierta que hay en nuestro país; de la impunidad que impera en las instituciones de justicia y de la violencia que se expande por la complicidad de los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas.

 

Esta visión depredadora del poder permeó en la clase política y contaminó todas las estructuras del Estado, al grado que los gobernantes se erigieron como seres supraterrenales, como todopoderosos y como dueños del patrimonio nacional. Su felonía no tiene límites y su obsesión enfermiza de concentrar el poder y la riqueza ha derruido el sistema político de nuestro país. Son estos grupos voraces los que han socavado estas conquistas históricas de garantizar justicia, libertad e igualdad. Esta actitud demencial de quienes nos han gobernado ha tocado fondo y desnudado su esencia criminal. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, condensa esta tragedia.

 

Es rescatable la postura del presidente AMLO, sobre este acontecimiento doloroso, al manifestar en su discurso que “sería imperdonable estar en esta ciudad, sin recordar el lamentable suceso del 26 de septiembre del 2014 (…) Ese día el autoritarismo mostró, de nuevo, su rostro siniestro y se hizo evidente la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada (…) Es tan temible la asociación delictuosa que produjo esta tragedia y el pacto de silencio que establecieron, que aún con 82 detenidos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa es una espina que traemos clavada en el alma”.

 

Para las 43 madres y padres, la esperanza sigue siendo el motor de su lucha. Por eso a seis años y cinco meses de la desaparición de sus hijos se mantienen unidos y con la postura firme. En la última reunión con presidente de la república, resaltaron que las investigaciones tienen que materializarse con detenciones y que no pueden pararse las búsquedas en vida. Ellos y ellas han expresado que nunca se resignarán a aceptar la muerte de sus hijos, si antes no existe una investigación veraz, sobre el paradero de sus hijos. Por dignidad, no pueden resignarse, ni quedarse callados, mucho menos claudicar y borrar de la memoria a sus hijos.

 

A pesar de la pandemia, las madres y padres monitorean de forma permanente los trabajos que realizan las autoridades. En Palacio Nacional demandaron que se difunda más el programa de protección a testigos y colaboradores; el ofrecimiento de recompensas; así como los criterios de oportunidad y otros incentivos legales, para obtener información veraz sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre. Este eje de trabajo sigue siendo una veta, que en los últimos meses ha permitido avanzar en las búsquedas en varios puntos claves de la región de Iguala.

 

A pesar de que se han librado 120 órdenes de aprehensión y 82 de ellas se han ejecutado, las madres y padres continúan insistiendo en que se materialice la detención de Tomás Zerón de Lucio, y que continúen las investigaciones entre las más altas autoridades tanto a nivel federal como estatal. Han reconocido que hay detenciones importantes como la de José Ángel Casarrubias Salgado alías el mochomo, líder de los guerreros unidos; de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la policía ministerial en el día de los hechos; el capitán José Martínez Crespo, adscrito al 27 batallón de infantería y Luis Antonio Dorantes Macías, ex jefe de la estación de la policía federal de Iguala. Estos avances tienen que traducirse en un mejor conocimiento del modus operandi que implementaron tanto los grupos de la delincuencia organizada, como la participación de los diferentes actores gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Es inconcebible para las madres y padres que, a pesar del involucramiento de una multiplicidad de grupos de la policía, del ejército, de funcionarios federales, estatales y municipales y obviamente, un amplio número de personajes vinculados al crimen organizado, aún no se logre consolidar la nueva narrativa sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Es el pacto del silencio que sigue intocado entre los grupos políticos y delincuenciales. Son los acuerdos siniestros, que se establecen por debajo de la mesa entre los gobernantes y el sicariato que pulula alrededor del poder público. Vivimos en un ambiente de macrocriminalidad donde los intereses económicos traspasan fronteras nacionales y los mismos giros de la economía criminal han adquirido tanta fuerza, que hasta los mismos gobernantes se transforman en empleados o súbditos de los grandes capos o jefes del narcotráfico.

 

La criminalidad que impera en Guerrero, está empantanada por esos intereses oscuros que la misma clase política, que converge en los partidos para la disputa del poder, se han manchado de sangre y se han enriquecido de dinero mal habido, por sus enroques diabólicos, donde las víctimas de este sistema patriarcal, así como los ciudadanos y ciudadanas pobres, son sacrificables, en la disputa por la gobernatura.

 

Las madres y padres son un ejemplo y un símbolo de lo que sueña y lucha la sociedad mexicana: que haya verdad, justicia y respeto a los derechos humanos. Ellos y ellas son la voz que clama en este México adolorido. Representan el patrimonio moral de hombres y mujeres del campo y de la ciudad que, sin tener ninguna ambición de poder, han entregado su vida para que impere el Estado de derecho, para acabar con la impunidad; para derrumbar esos muros que protegen a los violadores de derechos humanos; para increpar al mismo ejército que sigue gozando de privilegios en plena cuarta transformación. En estas luchas históricas siempre hay un motor que empuja los cambios, y en este momento crítico que enfrentamos por la pandemia, es el gran movimiento de víctimas que, desde diferentes regiones y contextos sociales y políticos, están en sus trincheras, luchando sin descanso. Son ellos y ellas las que alimentan nuestra esperanza y las que en verdad luchan contra el pacto del silencio.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”