En memoria de Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, de su esposa Lucía, su suegra Juana y su ahijado Antonio. Su lucha ha dejado una huella indeleble entre los pueblos y organizaciones de Guerrero que desde la Montaña y la Costa pelean por su dignidad y la defensa de sus derechos. Ranferi fue un ejemplo de reciedumbre y dignidad.
Ayutla de los Libres hace honor a este nombre después de 525 años, cuando los españoles sometieron a los pueblos me’phaa y na’savi e impusieron el yugo de la esclavitud. Desde aquellos siglos la lucha ha sido ardua, sumamente sangrienta, porque a sangre y fuego los conquistadores se apropiaron de las mejores tierras de la Costa Chica y la Montaña. Este corredor mesoamericano que atravesaba la Montaña para llegar al puerto de Acapulco fue utilizado por los encomenderos españoles para extraer el tributo en oro y en trabajo. Las familias indígenas no tuvieron otra alternativa que huir a las montañas para refugiarse y refundar su vida basada en la propiedad comunal y en las asambleas comunitarias. Resistieron en lo más recóndito de las montañas.
Los Yopes representaron la rebeldía de los pueblos originarios de Guerrero, que en todo momento defendieron su territorio y se alzaron en armas. Fue un pueblo indómito que nunca claudicó ni se dejó conquistar por los colonizadores. Resistieron como un pueblo digno que dejó como legado la defensa colectiva de su patrimonio.
Hoy en este 2018 fueron los pueblos na’savi y me’phaa los que decidieron en sus asambleas nombrar, ya no un presidente municipal mestizo, sino un Concejo Municipal Comunitario, donde se encuentran representados todos los pueblos dentro de esta figura centrada en el reconocimiento de los derechos colectivos y en el ejercicio efectivo del derecho a la consulta. Rompieron con esa estructura piramidal impuesta por los partidos políticos que seguían sojuzgando y discriminando a los pueblos indígenas, como en el coloniaje.
No fue en vano la lucha heroica de los Yopes, que prefirieron morir peleando y mantuvieron viva la memoria, que los derechos colectivos y de la madre tierra son sagrados. Esta herencia secular es la que ha forjado la historia de Ayutla, no por sus gobernantes sanguinarios, que han depredado la vida y los bienes naturales de esta región rica en cultura y en su biodiversidad. En 1854 se proclamó el Plan de Ayutla para derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna. Fue una lucha que abanderaron Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort y mostraron el músculo de los pueblos del sur. Esta fuerza que viene de antaño es la fuente inagotable de las nuevas luchas y movimientos que están dando los pueblos indígenas tanto de la Montaña como de la Costa Chica.
Los 23 años que cumple la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC- PC) que nació en la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec se hermanó este domingo con los pueblos na’savi y me’phaa y con la Casa de Justicia de El Paraíso. Fue muy significativa su presencia en este municipio histórico en un momento de gran trascendencia por el nuevo gobierno representado por el Concejo Municipal Comunitario. Se está escribiendo un nuevo capitulo protagonizado por los pueblos indígenas donde han logrado conformar su propio gobierno y contar con un sistema de justicia y seguridad comunitario basado en sus usos y costumbres que tienen rango constitucional y reconocimiento internacional en el Convenio 169 de la OIT. Han dado una gran lección a la clase política de nuestro estado que tiene una visión racista y etnocéntrica sobre el ejercicio del poder. Les han negado a los pueblos indígenas ser gobierno bajo sus propios sistemas normativos. Recientemente el Congreso local aprobó la reforma al articulo 14 que envió el Ejecutivo estatal para borrar de un plumazo el derecho de los pueblos indígenas a contar con su propio sistema de justicia y seguridad comunitaria. Esta acción regresiva de los diputados y diputadas la extendieron a la ley secundaria conocida como Ley 701 de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades, para desconocer las facultades que se le otorgaban a la CRAC de brindar seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia. Se trataba de un reconocimiento tácito a un sistema sustentado en normas internacionales y que forma parte del pluralismo jurídico que debe prevalecer en toda sociedad democrática.
Los pueblos pertenecientes a la CRAC tomaron la decisión de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interponiendo controversias constitucionales contra la reforma al artículo 14 y a la Ley 701, por violar flagrantemente sus derechos colectivos y por ir contra el principio de progresividad que caracteriza a los derechos reconocidos internacionalmente. Mientras los pueblos indígenas avanzan con muchas dificultades en la conquista de sus derechos, las autoridades del estado se empeñan en derogarlos y lo que es peor, pisotearlos para mantenerlos sometidos como hace 525 años.
Este 23 aniversario de la CRAC se enmarca dentro este movimiento vigoroso que han emprendido los pueblos na’savi y me’phaa de Ayutla, que en medio de tantas tragedias, como la masacre de El Charco en junio de 1998 donde el ejército ejecutó a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM, han podido levantarse y pelear palmo a palmo sus derechos contra los poderes establecidos. En esta celebración fue muy representativa la intervención del compañero Arturo Campos Herrera, consejero de la CRAC de El Paraíso, quien por su compromiso con este sistema fue encarcelado cuatro años, acusado de cuarenta secuestros y delincuencia organizada. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero lo trasladó al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México (sic):
“…La lucha que dimos en el municipio de Ayutla fue un poco diferente de las otras casas de justicia. Porque nuestra Policía Comunitaria tuvo que combatir la delincuencia organizada, porque estaban incursionando en nuestro territorio.
“A raíz de eso, por apoyar a los maestros contra la reforma educativa y estar en contra de las empresas mineras, se nos criminalizó. Yo soy uno de los ex presos que llevaron hasta la cárcel de máxima seguridad, El Altiplano. Nos consideran como delincuentes y también han tratado de criminalizar a nuestra organización, la cual hoy no es un proyecto sino una institución, aunque el gobierno no la quiera reconocer. Sin embargo, no necesitamos que el gobierno nos reconozca; si el pueblo nos legitima como policías comunitarios y como CRAC-PC, con eso basta.
“Se ha generado conflicto por la Ley 701 que el Congreso saliente y el gobierno actual del estado reformaron, quitándonos de un plumazo nuestros derechos en el artículo 14 constitucional. Pero la Policía Comunitaria no nace en el 2011 cuando fue aprobada la Ley 701. La Policía Comunitaria nació desde 1995 con el respaldo del artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, no necesitamos otra ley para poder funcionar como policías comunitarias.
“Muchos compañeros que estuvimos presos estamos libres. Pero también muchos compañeros han sido presos recientemente. Un compañero que sigue preso y que fue capturado con nosotros es Gonzalo Molina. También están los compañeros que fueron detenidos el 7 de enero junto con el Cecop, incluyendo a Marco Antonio Suástegui. Actualmente en Guerrero, son 20 presos políticos.
“Hoy estoy fuera. Estoy libre. Pero también tengo otra carpeta de investigación abierta, que el gobierno tiene como una trampa para que no me pueda movilizar. Pero sigo de pie y voy a seguir defendiendo a mis compañeros que están presos. Si caen más compañeros seguiremos luchando. Sabemos que no somos delincuentes, y que la delincuencia está con el gobierno en el estado y en el país, tienen compromisos con la delincuencia organizada. Por eso he estado haciendo alianzas con diferentes organizaciones, con quienes defienden su territorio, contra las mineras, las presas y contra quieren quitarnos las riquezas de nuestras tierras”.
Este mensaje que el defensor comunitario Arturo Campos envió a las comunidades hermanas, pero sobre todo a las autoridades del estado, tiene el firme propósito de exigir al Ejecutivo estatal que cese ya la criminalización de los defensores comunitarios en Guerrero. Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz, se reunió este domingo con dos campesinos del Cecop que estuvieron presos junto con los 17 compañeros detenidos, quien mostró su preocupación por el patrón de criminalización que persiste en Guerrero y en el país. Este lunes 15 de octubre la Relatora presentará en el Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México el informe sobre la situación de los pueblos indígenas en nuestro país. Ella conoció de viva voz la situación del Cecop. Tuvo el testimonio directo de Marco Antonio Suástegui y también tuvo en sus manos el expediente de Arturo Campos y más defensores comunitarios que enfrentan procesos penales.
A pesar del reconocimiento internacional que hace la Relatora de la ONU a los defensores del territorio, como sucede con los movimientos de los pueblos indígenas de Guerrero, en nuestro estado además de perseguirlos, el Ejecutivo estatal impulsó una ley para conculcar derechos y desconocer sus conquistas alcanzadas a pulso como ha sido el sistema exitoso de la Policía Comunitaria que ha demostrado ser un baluarte en la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Las autoridades en lugar de respetar y reconocer este sistema lo estigmatizan y lo colocan fuera de todo marco jurídico. Las consecuencias han sido catastróficas porque el sistema de seguridad pública del estado no ha garantizado a las y los guerrerenses este derecho que ha sido violentado por las organizaciones criminales, que paradójicamente no son perseguidas ni desarticuladas por las autoridades, como sí se han empeñado en hacerlo contra los defensores comunitarios y las autoridades de la CRAC.
El mensaje final que dio José Antonio Fidencia, un coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso sintetiza el ánimo de la Policía Comunitaria: “…quiero decirles que se sientan en confianza, la Coordinadora de El Paraíso los recibe con los brazos abiertos, porque sabemos que la lucha no tiene fin. En este momento mientras caminemos, hablemos y gritemos, la lucha sigue y no hay fin. En ese sentido, les pido a todos los presentes que levantemos nuestra voz para ser escuchados, exigimos respeto a las autoridades y que pare ya la guerra contra nuestros pueblos. Como policías comunitarios, tenemos el mandato de la asamblea de velar por su seguridad”.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan