OPINIÓN | La lucha sórdida por el poder

El espectáculo que han protagonizado en este inicio de año los personajes de los diferentes partidos políticos que aspiran a la gubernatura de nuestro estado, en lugar de fortalecer nuestro sistema democrático, lo debilita y pone en entredicho la credibilidad de quienes se han puesto al frente para pelear por este cargo. En todos ellos y ellas sobresalen sus flaquezas que son remarcadas por los grupos y precandidatos de mismo partido político, para descarrilar a quien consideran que ha tomado la delantera. El sainete que han armado para reposicionarse políticamente no está centrado en planteamientos serios que demuestren una visión integral de la problemática que enfrentamos como guerrerenses, ni existe una propuesta clara del rumbo que se quiere trazar. Estamos muy lejos de este escenario político-electoral, lo que abundan son los golpes bajos, las descalificaciones, los denuestos, las bravuconadas y los mensajes huecos que proliferan en las redes sociales.

Padecemos a una clase política que no tiene altura de miras, que queda atrapada en la politiquería, en un discurso ramplón, que carece de contenido y que solo repite clichés, que son propios de personajes grilleros que no cuentan con una formación política, ni mucho menos se guían por la ética y los valores de la democracia. Lo contrastante de nuestra realidad social y política es que en nuestra entidad se ha forjado una cultura democrática de altos vuelos, que quedó plasmada desde la lucha por la independencia nacional, hasta los movimientos insurreccionales que se dieron a finales del siglo pasado y que lograron desmontar la estructura monopartidista, sacralizada en el presidencialismo. Estas batallas son una gran contribución para que en nuestro país se sienten las bases que buscan construir una democracia participativa. Lamentablemente la clase gobernante en nuestro estado ha defraudado al pueblo combativo de Guerrero. En sus luchas intestinas ha ganado el más brabucón, el cacique que se impone a la fuerza por su poder económico y bélico. Las instituciones han sido utilizadas como parte del patrimonio personal, el presupuesto público sirve para llenar las arcas del patrón y hacer negocios privados. El uso de la fuerza, con policías amaestrados para torturar, reprimir y matar ha sido el sello de administraciones manchadas por la sangre de indígenas, campesinos, maestros, estudiantes y obreros, que desde sus trincheras pelearon por sus derechos y encararon al poder caciquil.

Esta historia larga, de resistencia contra un régimen tenebroso que dejó una cauda de asesinatos y de personas desaparecidas, es la que sigue clamando cambios profundos en la forma de ejercer el poder, para acabar con estos estilos de gansteriles y autoritarios, que han caracterizado a los gobernantes de Guerrero.  La peor desdicha que nos ha empantanado en esta pesada sombra de la represión, es la impunidad que impera en el estado. Las familias guerrerenses, desde que se erigió nuestra entidad, no hemos constatado que nuestro sistema de justicia funcione, sobre todo que investigue y castigue a las autoridades que violan los derechos humanos y que han cometido crímenes sumamente graves, como las masacres perpetradas por policías, el ejército y la marina. Se ensañaron contra hombres y mujeres del campo y de la ciudad, por el simple hecho de levantar la voz para acabar con la explotación económica, el sojuzgamiento político, el empobrecimiento atroz y la implantación de una estrategia de contrainsurgencia contra los movimientos sociales y sobre todo contra la guerrilla.

La deuda histórica que hay con las familias de personas desaparecidas, así como con las comunidades y pueblos que han sido discriminados y sometidos por gobiernos represores y corruptos, ha profundizado la brecha que existe entre los grupos políticos, que han lucrado con los presupuestos públicos y se han afianzado dentro de las estructuras de sus partidos, con el pueblo pobre de Guerrero. Hay un gran abismo entre las aspiraciones de justicia e igualdad que revolotean en las manifestaciones recurrentes de la población, con las ambiciones de poder y dinero de quienes aspiran a un cargo público. En lugar de acortar las distancias y allanar el camino, el escenario político que vivimos, nos arrastra a una disputa inmediatista y pragmática para aparecer en las boletas electorales. Es una lucha sórdida convocada por intereses personales, maquillada con un lenguaje etéreo, hueco y demagógico.

Los diferentes grupos políticos están enfrascados en una guerra intestina para ganar las candidaturas. El mismo sistema de partidos permite estás disputas, porque no hay reglas claras y, porque al final de cuentas, se imponen las decisiones cupulares. Se permiten la presión social, el chantaje político, la guerra mediática, los golpes bajos, el uso político de las denuncias penales, las denuncias públicas por la malversación de fondos, la manipulación de encuestas y difusión de resultados sin sustento ni rigor metodológico, así como el agandalle y el madruguete. El proceso legal queda en entredicho ante tanta laxitud y falta de normas y procedimientos claros que garanticen un proceso transparente, respetuoso, ordenado y riguroso para la selección de candidatas y candidatos.

Es preocupante que los mismos personajes políticos, que aceptan respetar las reglas de su partido, se encarguen de cuestionar el procedimiento cuando los resultados no les favorecen. Ponen en entredicho a su misma dirigencia y dudan de la transparencia del proceso. Las mismas actuaciones de algunos precandidatos y precandidatas desconciertan, porque optan por participar en este proceso de selección, sin embargo, cuando se sienten en desventaja buscan reposicionarse aliándose con otro candidato. Es claro que en estas actuaciones el ciudadano o la ciudadana no cuentan, su opinión queda descartada. Lo que importa es el interés personal, el futuro de los políticos que ya no están dispuestos a vivir fuera de presupuesto público. Esa premisa es lo que permea entre quienes aspiran a ser candidatos y candidatas entre los diferentes partidos. Les funciona esta forma de proceder porque se mantienen vigente el corporativismo político, el modelo clientelar que copta gente para su causa y con prebendas logra aglutinar entorno a su persona a electores y electoras, que confían en sus promesas.

Ante el debilitamiento de las organizaciones de base y la misma situación socioeconómica que enfrentamos, por la pandemia, la pobreza y la violencia, la gente se siente sola e indefensa. Experimenta una gran anomia, una situación que los desborda y que no encuentran en el corto plazo una solución a las demandas más básicas para su sobrevivencia. Esta problemática es un terreno fértil para la cooptación política, para el manejo clientelar de los procesos electorales, el sentimiento de orfandad lleva a buscar a las personas, en el campo político y también religioso, a un ser que le ayude a salir de este pantano. Por eso hemos constatado como la población se ha volcado hacia sus candidatos o candidatas que le generan más confianza. Ante la ausencia de un futuro promisorio, y ante la falta de opciones para obtener un ingreso económico seguro, esta contienda electoral llega en un momento propicio para encontrar en el candidato o la candidata, al posible salvador que frene las amenazas provocadas por el coronavirus, el desempleo y la violencia delincuencial.

Es paradójico que los mismos políticos que se candidatean se encarguen de denostar y desprestigiar a sus mismos compañeros, compañeras del mismo partido. En esta lucha intestina erosionan a su organización, fracturan sus estructuras y quedan en entredicho las reglas aceptadas por todos, para deliberar sobre el mejor candidato o candidata. Queda claro para los ciudadanos y ciudadanas que quienes aspiran a cargos públicos tienen cuestionamientos de forma y de fondo por su trayectoria y su comportamiento, es decir, que la clase política tiene cola que le pisen.  Es una reafirmación de que quienes nos han gobernado, nos han defraudado, porque son cómplices de la corrupción, más bien forman parte de este engranaje que expolia al pueblo y, además, son cómplices del entramado delincuencial que ha desdibujado la línea divisoria que debe existir entre la esfera gubernamental y los intereses macrodelincuenciales. La protección a quienes atentan contra la seguridad y la vida de la población ha socavado el Estado de derecho y ha hecho que el sistema de justicia a los intereses facciosos que imponen quienes controlan la economía criminal.

Esta falta de credibilidad que caracteriza a la clase política que ahora pelea por los cargos públicos, es un mal síntoma de lo que sucede al interior de los partidos políticos que también han caído en un pragmatismo craso y han sacrificado su ideario político e ideológico en aras del dinero y de las prebendas del poder.  Los mismos partídos están erosionados por la lucha sórdida por el poder. Hay manotazos y manoseos por las candidaturas. Las negociaciones son truculentas, oscuras, mercantilistas y en la lógica de la toma y daca. En este ambiente turbulento no están ajenos a esta lucha los grupos mafiosos que se han enquistado dentro de las facciones políticas. Han constatado que las candidaturas son claves para acceder a los presupuestos públicos sobre todo entre los gobiernos municipales. Estos son los pies de barro de nuestra democracia y de un sistema de partidos que han perdido credibilidad y consistencia ideológica. En su interior han llegado personajes que, sin contar con una trayectoria política, no solo partidista, sino de compromiso social, se han incrustado dentro de las cupulas partidarias para colocar a la gente de su facción, sin importar si son los mejores candidatos o candidatas. Este pragmáticos extremo ha dado al traste con las instituciones y con la lucha que han labrado con mucho sacrificio los hombres y mujeres del campo y de la ciudad, que en medio de su pobreza han dado la batalla por un cambio social y político. Sin embargo, la lucha sórdida por el poder en nuestro estado sigue siendo el gran obstáculo para arribar a una verdadera transición democrática, donde los ciudadanos y ciudadanas se han de constituir en los principales actores políticos de una auténtica transformación.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”