Abel Barrera Hernández
Fue en el antiguo palacio de gobierno, donde el secretario de seguridad pública, Luis León Aponte, en compañía del comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco, el general Mario López Gutiérrez y del comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, Luis Orozco Pineda, diera el ultimátum a los coordinadores de la policía comunitaria de San Luis Acatlán, por abatir la delincuencia en las regiones indígenas. “Los vamos a desarmar si continúan patrullando los caminos y portando armas”, espetó el comandante del ejército. Por su parte, el mayor retirado, León Aponte, reforzó su postura “vamos a detener a los comisarios y policías que estén usurpando las funciones del ministerio público y de las policías del Estado”. El procurador de justicia de Guerrero y el delegado de la procuraduría general de la república testificaban esta amenaza.
“Allá los esperamos” condensó sabiamente su mensaje el coordinador, Amador Leyva Cruz. Les aclaró con mucha contundencia “nosotros obedecemos al pueblo y nuestra gente es la que va a decidir el futuro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC)”. El magistrado del tribunal superior de justicia del Estado, Julio Lorenzo Jáuregui, quiso impartirles cátedra “la policía comunitaria no tiene sustento legal alguno” fue su conclusión después de leerles ocho cuartillas. Por respeto no lo interrumpieron, pero si le dijeron que revisara el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que respetara el derecho de los pueblos a ejercer su libre determinación. A todos los funcionarios les dejaron el siguiente mensaje “somos nosotros y no ustedes los que realmente garantizamos la seguridad y la justica para la gente de la Montaña”. La respuesta no se hizo esperar cuando más de 4 mil indígenas de los pueblos me’phaa, na savi y afros, de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Marquelia marcharon el 31 de marzo de 2002, para demostrarle a las autoridades que la policía comunitaria es insustituible.
Han pasado 25 años y actualmente la policía comunitaria cuenta con cuatro casas de justicia ubicadas en San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc y Las Juntas Caxitepec, municipio de Acatepec. Tiene presencia en 179 comunidades de los pueblos na savi, me’phaa, ñomndaa y afros de 28 municipios de la Costa-Montaña. Durante estos años el ejército se ha obstinado en desarmarlos e impedir que patrullen en los territorios comunitarios.
Tomando como referencia esta experiencia exitosa, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, emergieron los grupos de autodefensa promovidos por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), liderada por Bruno Plácido Valerio. El 5 de enero de 2013, ante la detención del comisario Eusebio Alvarado, de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, las autoridades comunitarias aglutinadas en la UPOEG se organizaron para hacer frente a la delincuencia. Llegaron más de 800 policías ciudadanos que de inmediato implementaron varios operativos para dar con el paradero del comisario. Esta movilización dio pie para desmantelar a los grupos de la delincuencia que operaban en Ayutla, Tecoanapa y Tierra Colorada. En tres semanas lograron la detención de 54 personas.
El plan original era conformar un tribunal de justicia comunitaria constituido por los comisarios municipales, retomando el modelo de la CRAC-PC, para procesar a los detenidos. La presión que ejerció el gobernador Aguirre Rivero contra los dirigentes de la UPOEG y la amenaza que recibieron de que el ejército los desarmaría, hizo trizas su objetivo de conformar un sistema de justicia comunitaria. A pesar de la fuerza que lograron acumular, los dirigentes optaron por entregar a los detenidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta decisión bifurcó los caminos por los que han transitado tanto la policía comunitaria como la policía ciudadana de la UPOEG.
En esta disrupción por el modelo de justicia y seguridad comunitaria, las autoridades del Estado aprovecharon la oportunidad para diezmar su fuerza. El ejército, por su parte, se mantuvo al acecho para vigilar el actuar de la policía comunitaria y ciudadana. En mayo de 2013 intentó inmiscuirse en la vida interna de la CRAC-PC. En el marco de un acuerdo que establecieron los coordinadores de San Luis Acatlán con el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, ofertaron el registro de las armas de la CRAC-PC, a cambio de portarlas en sus operativos. En los hechos se trataba de desarmar a la policía comunitaria. Así sucedió en marzo de 2013, cuando el ejército llegó a la oficina de la CRAC de San Luis Acatlán para supuestamente registrar sus armas. Las comunidades reaccionaron y se opusieron tajantemente a la credencialización de sus armas, porque era rendirse y supeditarse a los dictados del ejército. La asamblea regional determinó destituir a Eliseo Villar, por haber negociado con el ejército y con el mismo gobernador, el desarme de la CRAC-PC. La lucha por la autonomía de la policía comunitaria ha propiciado rupturas por los liderazgos que han buscado establecer alianzas con el gobierno. A pesar de este rejuego de intereses, la policía comunitaria es un bastión de los pueblos que ha logrado garantizar seguridad en sus territorios.
Por otra parte, cuando la UPOEG había dado un duro golpe a los grupos de la delincuencia organizada en la Costa Chica, el comandante de la novena región militar, Genaro Fausto Lozano declaró el 27 de febrero de 2013, que “existe una mano que mece la cuna atrás de la conformación de los grupos de autodefensa que se han registrado en Guerrero”. Para el general, los operativos que han realizado, tanto la policía comunitaria como ciudadana, al asegurar cargamentos de droga en la región, causan molestia y preocupación, porque el negocio del trasiego de enervantes se les va de las manos. Por eso hay una férrea oposición para que los grupos de la policía comunitaria puedan asentarse en las cabeceras municipales que resultan ser puntos estratégicos para el negocio de la droga.
Ante la imposibilidad de replegar a lo más recóndito de la Montaña, a la policía comunitaria, las fuerzas del orden han permitido y alentado la conformación de policías comunitarias entre los grupos de la delincuencia organizada. Es una estrategia que les permite a las fuerzas armadas y las corporaciones policiales mantener el control de las principales rutas del narcotráfico en el Estado, y al mismo tiempo, las utilizan para causar terror entre la población y ajustar cuentas contra quienes se atreven a contener sus planes siniestros. El ejército y sus generales que han ocupado las principales plazas en Guerrero, no han garantizado seguridad ni paz en el Estado, por el contrario, han dejado crecer el negocio de las drogas, cuyas redes se han extendido a lo largo y ancho de nuestra entidad, dejando en estado de indefensión a las víctimas de la violencia. ¿En Guerrero qué mano mece la cuna del ejército?
Publicado originalmente en La Jornada