Opinión | La «verdad histórica» sacada a punta de tortura

El informe que presentó este jueves 15 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra y en México, es una contribución seria que nos ayuda a dilucidar las graves deficiencias que se cometieron en la parte inicial de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014. Esta acción ilegal es la causa que tiene en el límite de la exasperación a las madres y padres, que a 42 meses de estos hechos atroces, siguen exponiendo su propia vida, con tal de llegar a la verdad.

Este aporte riguroso de la ONU pone al descubierto lo que la mayoría de guerrerenses sabemos, y que un gran número de personas detenidas han sufrido: que la práctica de la tortura es el método ordinario que utilizan todas las corporaciones policiales, el Ejército y la Marina para investigar y auto-inculpar a las personas que tienen ilegalmente retenidas en las comandancias o en lugares clandestinos.
El documento titulado Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos hu

manos en la investigación del caso Ayotzinapa nos condensa los siguientes datos: “De las 129 personas detenidas, la ONU-DH obtuvo información de 63. En los casos de 12 personas, no hay elementos de convicción sobre la existencia de tortura. En los casos de 51 personas, sí hay elementos de convicción sobre la existencia de tortura. En 34 casos hay fuertes elementos de convicción sobre la existencia de tortura.”

Por su parte el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura sobre el caso de México expresó desde el 2012 que “preocupan gravemente las informaciones concordantes en el sentido de que durante el periodo anterior a la entrega al Ministerio Público se infligen tortura y malos tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones auto-inculpatorias, que posteriormente son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención”.

La Oficina del Alto Comisionado documentó nueve casos en los que, según el expediente, tuvieron lugar “confesiones espontáneas” por parte de la persona detenida. Se habla de que la persona se auto-inculpó ante las autoridades aprehensoras al momento de la detención, manifestando “de manera espontánea y por voluntad propia” que cometieron delitos como homicidio, asociación ilícita o contra la salud. Sin embargo, la Oficina de la ONU corrobora que estas personas presentaron múltiples lesiones que se asentaron en los exámenes médicos realizados tras sus detenciones.

Toques eléctricos, violencia sexual, amenazas de muerte, golpes en los oídos, asfixia y ahogamiento fueron las modalidades de tortura y tratos crueles que documentó la ONU-DH tras la revisión y el análisis de los expedientes y las entrevistas realizadas a personas procesadas, sus familiares y testigos presenciales de sus detenciones.

La ONU-DH documentó casos en los que no existen partes informativos que registren las circunstancias de detención en el expediente. Reporta que cinco detenciones se realizaron sin orden de aprehensión y sin que hubiera existido flagrancia o caso urgente. Verificó varios casos en que los detenidos manifestaron haber sido aprehendidos 24 horas antes de lo manifestado en la puesta a disposición. Existen también puestas a disposición en las que las autoridades manifiestan que las demoras en las presentaciones se debieron al tráfico, por vehículos que se descompusieron o por las marchas que había en la Ciudad de México.

De acuerdo con las declaraciones de los 34 detenidos, agentes de la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Marina y la PGR, principalmente la SEIDO, fueron quienes se encargaron de aplicar estos actos de tortura. Estos mismos detenidos refieren que los actos de tortura sucedieron en vehículos, cuando los trasladaban, en algunas casas sin identificar, en terrenos baldíos y hasta en las oficinas de la PGR. De acuerdo con la información obtenida por la ONU-DH, todos los actos de tortura se realizaron a partir de que la PGR atrajo el caso, en octubre de 2014. En 33 casos, tuvo acceso a exámenes médicos practicados 24 horas o varios días después de la detención para acreditar las lesiones.

En al menos 18 casos, las lesiones son justificadas por los mismos partes informativos como resultado de “autogolpes”, estados de ebriedad, riñas o lesiones anteriores a la detención, intentos de fuga u otras situaciones no relacionados con tortura.

La ONU-DH conoció el caso de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien el 27 de octubre de 2014 habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de Secretaría de Marina que lo detuvieron, sin embargo, en el reporte de la puesta a disposición de otros dos detenidos junto con Blas Patiño, no se menciona ni la detención ni el fallecimiento. El cuerpo de Blas Patiño fue levantado por la Fiscalía de Morelos.

La ONU se refiere también a lo que reveló en su segundo informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que el descubrimiento de cuatro bolsas en el río San Juan fue antecedido por una diligencia realizada el 28 de octubre de 2014, conducida por Tomás Zerón cuando era titular de la Agencia de Investigación Criminal.

El informe manifiesta que cuenta con fuertes elementos de convicción para considerar que El Chereje fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia en el río San Juan, la cual se llevó sin la presencia de su abogado y que además no consta en el expediente. También se da cuenta de que Tomás Zerón no tenía el mandato legal para interrogarlo. Por lo mismo afirma que fue falsa la declaración de Tomás Zerón a los medios de que integrantes del equipo de la ONU-DH y los antropólogos argentinos estuvieron presentes en la diligencia del río San Juan.

La ONU-DH expresa por otra parte que hubo un genuino esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR, encabezada por César Chávez, para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios públicos, la cual fue frustrada con su reemplazo. En diciembre de 2016, las conclusiones preliminares que determinaban responsabilidades de funcionarios fueron modificadas, diluyéndolas y manteniendo la impunidad en las violaciones cometidas.

La Oficina de la ONU concluye que la impunidad en la tortura afecta no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también el derecho a la verdad y justicia de las víctimas de los ataques de Iguala.

En el último apartado del informe la ONU plantea varias recomendaciones de suma relevancia, las cuales deberían ser tomadas en cuenta por las autoridades que se han empecinado en encubrir a los verdaderos responsables de las 43 desapariciones, con el fin avieso de mantener a cualquier costo político “la verdad histórica” que fue sacada a punta de tortura.

La Oficina del Alto Comisionado recomienda a la PGR que incorpore una metodología de análisis de contexto en la investigación de las violaciones de derechos humanos para identificar patrones y responsabilidades de superiores jerárquicos. También le sugiere asegurar los partes informativos de las puestas a disposición de los detenidos y llevar a la justicia a los responsables por no registrar adecuadamente los arrestos. Reitera que haya transparencia y acceso a la información por parte de las víctimas, familiares, sus representantes legales y la CNDH, porque hasta la fecha esto no se ha garantizado.

Recomienda a la Visitaduría General de la PGR y la SEIDO investigar y determinar las responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos y sus superiores jerárquicos, por el posible encubrimiento que hubiera favorecido la impunidad. Pide a las autoridades judiciales y a la PGR declarar nulas todas las pruebas cuando han sido obtenidas bajo tortura, de acuerdo con lo establecido en la Ley General sobre Tortura y estándares internacionales. Enfatiza con mucha precisión a las autoridades judiciales y a la PGR, la incorporación de peritajes, incluyendo los basados en el protocolo de Estambul, realizados por actores independientes a la PGR, como los de la CNDH y de organizaciones de la sociedad civil. Pide a las autoridades judiciales y a la PGR promover y fortalecer la independencia y capacidades de los defensores públicos federales, en especial los adscritos a la SEIDO. Tomar medidas para garantizar el debido proceso, en particular en cuanto a su acercamiento con jueces y defensores públicos del caso. Y emplaza a la Comisión Especial de Atención a Víctimas a diseñar e implementar una política integral de reparación y rehabilitación de víctimas de tortura con un especial énfasis en quienes están privadas de la libertad.

Reitera su recomendación al Poder Ejecutivo para la creación de un Consejo Asesor de lucha contra la impunidad, que promueva estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y abone a la reforma de la procuración de justicia. Esta recomendación fue hecha por el Alto Comisionado de la ONU en su visita a México, desde 2015.

Al Poder Legislativo le hace el planteamiento que han hecho decenas de organizaciones civiles para que apruebe ¡Una #FiscalíaQueSirva!, con una reforma constitucional y Ley Orgánica que garanticen de manera efectiva la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República, que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.

Para que se erradique la práctica de la tortura como método de investigación, la ONU recomienda tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, diseñar e implementar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es urgente también que se autorice la creación de una institución nacional de ciencias forenses, multidisciplinaria, para proveer un servicio independiente a todos los órganos de administración y procuración de justicia, incluidos los tribunales.
Por último se dirige a los tres niveles de gobierno para que se abstengan de emitir cualquier declaración incriminatoria, denigrante o descalificatoria contra las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y personas que promuevan la erradicación de la tortura en México.

No hay duda que la lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes ha logrado desmontar la estrategia jurídica del gobierno federal basado en la mentira y el encubrimiento. Su autoridad moral y su heroica tenacidad los ha colocado como el emblema de la dignidad, como un ejemplo sobre la manera de pelear con ahínco para vencer al monstruo de la impunidad anidado en las mismas instituciones y encarnado en los agentes torturadores. Han desnudado al poder y lo han mostrado tal cual es: un gobierno que miente y que saca la “verdad” a punta de tortura.