PERIÓDICO EL SUR: LA VIDA EN UN HILO
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
En el 2005, cuando el movimiento opositor al partido oficial, conformado por el PRD y el PAN, propusieron en asamblea general a Marcela de Jesús Natalia, como una de las tres personas que podrían contender por la presidencia municipal de Xochistlahuaca, manifestó con mucha elocuencia “hoy ha ganado la mujer en nuestro municipio, sobre todo, ha ganado la mujer indígena de Cozoyoapan. Lo importante de este movimiento es que las mujeres no somos relegadas en la toma de decisiones que delinean el rumbo político de nuestro municipio, tampoco se nos excluye para participar como candidata. Somos parte activa del cambio. Sin embargo, será la asamblea la que determine quién abanderará la candidatura”.
Desde aquellos años Marcela se distinguió como una mujer que mostró firmeza en sus convicciones, claridad en su compromiso con los pueblos y entereza para defender los derechos de la población más desprotegida. Siempre se mantuvo como una comunicadora que buscó darle voz a la población indígena. Impulsó desde la radio el uso de la lengua Ñomndaa, fue una gran promotora de la cultura y de los derechos de las mujeres.
Por sus posturas políticas divergentes generó mucha polémica. No se alineó con alguna corriente política ni se adscribió a un partido. Estableció alianzas con los diferentes grupos políticos que en determinadas coyunturas electorales cerraban filas para apoyar a un candidato. Siempre mostró gran habilidad para establecer acuerdos tanto con los partidos de oposición como con el PRI. En la última contienda electoral hizo campaña a favor de la candidatura de Aceadeth Rocha, quien la nombró como directora del DIF municipal. A pesar de esta alianza, Marcela no cejó en sus convicciones de hablar con la verdad y denunciar las malas actuaciones de las autoridades. Fue conocido el diferendo que tuvo con la alcaldesa cuando se vio obligada a informar a los maestros y maestras que le exigían la entrega de los desayunos escolares, que no podía dárselos porque se encontraban almacenados en el rancho Las Tortolitas, propiedad de la presidenta municipal.
Prefirió quedar fuera de la administración municipal que seguir siendo parte del equipo de funcionarios que prefieren guardar silencio ante las malas acciones de las autoridades. No quiso ser cómplice de este manejo patrimonialista del poder logrando mantenerse como una comunicadora libre, buscando siempre hablar con la verdad.
Este sábado Marcela fue agredida a balazos por dos personas que portaban armas. Actuaron con la seguridad de que ninguna corporación policiaca haría algo para ubicarlos y detenerlos. En pleno centro de Ometepec y a unos pasos de las instalaciones de radio y televisión de Guerrero, los sujetos armados le apuntaron en la cara para dejarla gravemente herida sobre la banqueta. Huyeron en un vehículo sin que las autoridades puedan garantizar una investigación exhaustiva para dar con los perpetradores.
Marcela nunca imaginó que corría un riesgo inminente como comunicadora. Mucho menos pensaría que al salir de su trabajo la esperarían 2 personas portando pistolas para accionarlas contra ella, con el fin funesto de cegar su vida. Estamos lejos de pensar que nuestra vida pende de un hilo, sobre todo porque nuestras actividades cotidianas no se enmarcan fuera de la ley ni son una amenaza para alguien. Confiamos que el marco legal nos garantiza seguridad, que están a salvo nuestras libertades y que quienes atentan contra ellas, simplemente se les neutraliza o inhibe la consumación de algún delito.
Vivimos en otra realidad, muy ajena a lo que es un estado regido por leyes, con un aparato de seguridad volcado a proteger y velar por la tranquilidad de la población. Los que mandan no son las autoridades, sino quienes ostentan el poder de las armas. Quienes imponen la ley tampoco son los funcionarios encargados de velar por la seguridad sino las organizaciones criminales que portan armas de grueso calibre y se desplazan con total libertad por las avenidas para atentar contra la vida de los ciudadanos y ciudadanas en plena vía pública. El ambiente de terror se está imponiendo en las calles. Ya nadie puede transitar con tranquilidad, mucho menos puede sentirse seguro al salir de su casa. Los riesgos son múltiples y los peligros están por todos lados. No hay horas específicas que pueda uno evitar para no sufrir alguna agresión. A todas horas la acción delincuencial está presente y actuante. Es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad y que ha obligado a la mayoría a restringir sus actividades cotidianas, a ser víctima del miedo y la parálisis. No se encuentra otra opción que guarecerse en casa y ser rehenes de la delincuencia. La fatalidad nos inunda, ya no es posible ver con optimismo el futuro, tampoco puedes realizar todos tus proyectos de vida.
El problema mayor es que la autoridad se ha replegado a cambio de que el crimen se reposiciona en la sociedad como un mal necesario. La inacción del gobierno es atroz, no hay acciones que ayuden a revertir este caos de la violencia. No se vislumbran formas efectivas para prevenir e inhibir la acción delincuencial. La delincuencia tiene permiso para atentar contra el patrimonio y la seguridad de la gente. Las instituciones están capturadas por quienes han mostrado su capacidad de fuego y han demostrado que pueden cometer atrocidades como la forma más efectiva de demostrar quién manda en determinados territorios.
Se ha perdido el control de la situación, por lo mismo, se está dejando que la población decida qué hacer ante la claudicación de las autoridades para enfrentar con toda su fuerza contra las organizaciones criminales. La aparición de grupos autodenominados policías comunitarios en la región de Mezcala y la confrontación armada que se da en Tierra Colorada y el Ocotito, son muestras claras de esta descomposición social, de la ausencia de una política de seguridad y de una estrategia más amplia para contener la ola delincuencial. Se está dejando que la población se arme y que forme grupos de autodefensa, que nadie sabe con certeza, quién los organiza, quién proporciona uniformes y armas y quien convoca a las comunidades para que hagan un frente y realicen acciones de fuerza para desafiar a las autoridades.
La postura endeble y titubeante de las autoridades no genera confianza entre la población, más bien confunde y alimenta la idea de que esta colusión es más profunda y no solo entre algunos actores estatales. Este resquebrajamiento del estado de derecho es en verdad alarmante, porque ya no hay forma de sentirse seguro y mucho menos pensar que si hay autoridad que está poniendo todo lo que está a su alcance para revertir esta tragedia.
Se ha trivializado el número de personas asesinadas. Se da fácilmente vuelta la página del horror para que todo quede en el olvido. No hay garantías a los periodistas para que puedan realizar su trabajo con mayor seguridad. No se les reconoce su labor ni se dimensiona su contribución para no dejar de indignarse y de registrar las tragedias como realidades que nos interpelan. La delincuencia tiene permiso y lo peor de todo tiene poder de fuego, de control de las instituciones, de imponer su ley y de socavar el estado de derecho. La vida de las y los guerrerense pende de un hilo, no porque estemos en guerra, sino porque las autoridades han sido incapaces de gobernar en favor de los ciudadanos y ciudadanas, porque mantienen intocada la estructura gubernamental que está infiltrada por los intereses y grupos delincuenciales y porque se protegen intereses macroeconómicos de grupos poderosos que se amparan en la impunidad y que saben que cuentan con la complicidad de varias autoridades que son parte del entramado delincuencial.
Este fin de semana trágico en plena capital del estado y en municipios de la región centro, nos está indicando con mucha contundencia que las autoridades están fallando y que son parte del problema, porque la situación se complica y la pérdida de vidas humanas es más alta que en los lugares donde hay una guerra declarada. Este tipo de gobiernos que se amparan en un sistema democrático, están destruyendo nuestras instituciones y están socavando el estado de derecho. No podemos continuar en esta debacle sin que se les llame a cuentas a las autoridades que son responsables de esta crisis de gobernabilidad y esta violencia imparable. No podemos dejar nuestra seguridad en manos de organizaciones que han hecho del crimen un negocio y que de ellos pende nuestra vida.