En México, donde la relación cívico-militar en los años posteriores a la Revolución Mexicana estuvo marcada por la permisividad de la autonomía castrense a cambio de la lealtad de las Fuerzas Armadas a los gobiernos priístas , la alternancia partidista en el Ejecutivo federal no recondujo ese aspecto de la vida pública hacia esquemas democráticos. Por el contrario, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas mexicanas se acrecentó al extremo que el Ejército se ha erigido como un Estado dentro del Estado, sin que rinda cuentas a la sociedad, ni acepte por la vía de los hechos, que sus miembros sean juzgados en tribunales civiles. Esto lo podemos constatar con varios acontecimientos graves que han violentado los derechos humanos de la población civil guerrerense.
Las declaraciones recientes del general Salvador Cienfuegos de que “las fuerzas armadas requieren de un marco legal para darles certeza a sus operaciones, porque la seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina sino que es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación”, nos dan la pauta sobre el empoderamiento y el protagonismo que ha cobrado el Ejército en la vida pública, contraviniendo a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, que han planteado en reiteradas ocasiones el retiro paulatino de los militares de las tareas de seguridad pública.
En un desayuno con los medios de comunicación el pasado 8 de diciembre, el general Cienfuegos subió a la palestra para hacer reclamos fuertes a los representantes de los tres poderes. Emplazó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que impulse una ley que regule las actuaciones de los militares en tareas de policías. Reprochó al mismo tiempo a los legisladores porque no han aprobado una ley que delimite sus funciones en el ámbito de la seguridad pública. A la Cámara de Senadores le pidió que defina las tareas de las Fuerzas Armadas y que diga con precisión qué quieren que hagan, porque están en la incertidumbre y en el vacío legal. También emitió su opinión sobre el sistema de justicia penal que no funciona como debería y que por esa razón no se tiene en la cárcel a todos aquellos que dañan a la sociedad. En los hechos suplantó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de una postura que proyecta una estrategia más amplia, que tiene que ver con el uso de los ejércitos nacionales como policías regionales encargados de garantizar la seguridad a las empresas trasnacionales y el control social de la zona. En esta lógica militarista, el único Ejercito que es capaz de intervenir en cualquier rincón del mundo y hacer la guerra a cualquier país o fuerza que amenace los intereses geoestratégicos, es el Ejército de Estados Unidos.
La Iniciativa Mérida es parte de estos planes de control militar que a partir de acuerdos bilaterales se establecen compromisos relacionados con la seguridad de los Estados, que contempla el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, enfocándose a combatir al crimen organizado y a tomar el control de las instituciones policiales para contener las amenazas de la misma sociedad civil organizada. El Ejército se transforma en una fuerza de ocupación en territorios donde hay recursos estratégicos y donde persisten amenazas a la estabilidad del sistema.
Las iniciativas del PRI y del PAN de aprobar una Ley de Seguridad Interna que da facultades al Ejército para que realice tareas propias de los cuerpos policiales, representan una grave amenaza para la población que sufre el flagelo de la violencia, y que por lo mismo no confía en las corporaciones policiales ni en el mismo Ejército por su colusión con organizaciones criminales. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es un ejemplo claro de cómo se cometen graves violaciones a los derechos humanos que son encubiertas por las mismas autoridades encargadas de investigar los delitos.
La nueva arremetida del general Cienfuegos para que el Congreso apruebe una ley a modo, abre las puertas de par en par para que el Ejército cuente con una plataforma jurídica que justifique su participación directa en tareas de seguridad interna que no son de su competencia. Esta injerencia militar desencadenaría un aumento en las violaciones graves a derechos humanos, incrementando los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Esta ley permitiría que los militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que sirva de contrapeso.
Tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Alejandro Ramos; por el contrario, es un peligro para la sociedad y para los movimientos sociales y las organizaciones civiles que defienden y promueven los derechos humanos, quienes no son reconocidos como actores legítimos que también cuentan con un marco jurídico internacional. Más bien hay una tendencia a criminalizar a los defensores y defensoras y a tratar a los dirigentes sociales como delincuentes en potencia, por ejercer su derecho a la protesta y por denunciar las tropelías de las fuerzas represivas del Estado.
La Ley de Seguridad Interior permitiría que las Fuerzas Armadas tengan más campos de actuación sin controles, ni rendición de cuentas, dentro de un contexto donde impera la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave por las mismas declaraciones realizadas por el secretario de Salvador Cienfuegos, quien subrayó que los soldados no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.
Como guerrerenses no podemos hacer tabula rasa de las actuaciones violentas del Ejército, desde los años cruentos de la guerra sucia. La lección aprendida es que la extrema militarización ha causado terror entre la población dejando una estela de sangre que nos habla de masacres y un sinnúmero de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974; la ejecución de 11 indígenas en El Charco, municipio de Ayutla en 1998; la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurrida en 1999; la tortura sexual por elementos militares contra varias mujeres en diciembre de 1997, en Zopilotepec, municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero de 2002, sin dejar de mencionar el caso infame de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde también estuvieron involucrados.
Varios de estos casos han llegado a tribunales internacionales por su gravedad, siendo cuatro resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano por ser responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad, porque las mismas autoridades castrenses y las civiles se han supeditado a las órdenes de las elites militares, asumiendo el deshonroso papel de encubrir sus atroces actuaciones.
La nueva iniciativa impulsada por el PRI y por el PAN le da atribuciones especiales al Ejército para que pueda instalar destacamentos de seguridad y para que cuente con escoltas de seguridad. De igual manera podrá establecer bases de operaciones móviles o fijas y puestos de seguridad. Podrá realizar intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes y puestos de vigilancia. Podrá realizar reconocimientos, e implementar acciones de seguridad en instalaciones estratégicas y otras más que considere necesarias.
Las funciones que los legisladores del PRI y del PAN tienen consideradas para el Ejército en sus tareas de seguridad, resultan ser muy amplias. Con su participación pretenden restaurar el orden, lo que significaría restringir las libertades y suspender garantías de facto. Sus facultades se extenderían para detener a quien consideren sospechoso; realizarían de igual forma interrogatorios y podrán llevarse a los detenidos a sus bases militares.
El mismo proyecto de ley propone la intervención de comunicaciones privadas; la extracción de información; la geolocalización y entrega de datos conservados de sistemas informáticos, como técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior bajo control judicial y sin que sea necesaria la emisión de la declaratoria de afectación. Las facultades en la materia actualmente se otorgan al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), previéndose mecanismos de compartición e intercambio de información entre las diversas instancias como el Cisen, Sedena, Semar, CNS y PGR en el seno del Comité de Seguridad Interior a través de un Subcomité Especializado en Inteligencia.
La debilidad de las instituciones de seguridad y la misma corrupción que permea en las corporaciones policiacas, son puntos a favor para la implantación de leyes que justifican el uso de la fuerza militar, como la mejor forma de restituir un orden que está carcomido por la colusión que existe con el crimen organizado. La militarización en Guerrero ha demostrado el fracaso de estas políticas de endurecimiento que sólo han desencadenado mayor violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas del general para que el Congreso federal le apruebe una ley a modo, ponen de nueva cuenta a la población en alerta roja, porque es otorgar licencia para violar los derechos humanos a elementos castrenses que consideran a los ciudadanos y ciudadanas como enemigos a quienes hay que abatir.