Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
“Como esposa de Arturo Campos este día 18 de marzo es muy importante para todas las
compañeras de los presos de la CRAC. La libertad de nuestra compañera Nestora nos
viene a dar más fuerza. Ella aguantó toda esta injusticia y demostró ser muy valiente. Por
eso hoy que salió de la cárcel la venimos acompañar. Yo siempre he dicho que nosotras las
mujeres tenemos más valor para salir adelante. A pesar de que el gobierno nos ataca
porque somos indígenas, porque somos pobres, nuestra dignidad no la perdemos y
tampoco nos desanimamos para dejar la lucha. Nuestros compañeros de la CRAC están
encarcelados injustamente. A pesar de que los abogados han presentado pruebas de su
inocencia, el gobierno no deja de acusarlos como delincuentes.
Esta playera y esta gorra que traigo, me las puse porque son sagradas, porque nosotras les
guardamos respeto. Vengo con este uniforme porque traigo la representación de mi
esposo, que es consejero regional de la CRAC. Mis compañeras no pudieron venir porque
están en una audiencia en Chilpancingo, exigiendo su libertad. Quiero decir aquí, delante
de todos los que me escuchan, que hace unos días quemaron mi casa. Querían matar a
toda mi familia. Siento mucho dolor y mucha rabia por lo que me hicieron. Todo por
luchar por la libertad de mi esposo y la de mis compañeros de la CRAC. El gobierno no se
cansa de humillarnos, siempre persigue y ataca a los comunitarios. A ellos sí los encarcela
pero a los que andan con la delincuencia no les hace nada. Están libres. Qué bueno que
nuestra compañera Nestora está libre, porque esto significa que también vamos a lograr la
libertad de nuestros esposos. Con Nestora libre vamos a seguir en pie de lucha”.
Agustina García, madre de seis hijos, compañera de Arturo Campos, no solo ha tenido que
vencer la barrera del idioma, sino que a brazo partido, ha trabajado en el campo y hace
tortillas para sostener a sus hijos. Nunca imaginó que algún día en su vida se vería
obligada a utilizar un micrófono para hablar ante los medios de comunicación. La injusticia
que experimenta como mujer indígena frente a un sistema opresor, la ha fogueado para
defender públicamente a su esposo y entender que solo estableciendo alianzas con otras
organizaciones de presos políticos, podrá adquirir mayor visibilidad política y ejercer más
presión ante las autoridades.
Su principal preocupación como madre se centraba en asegurar la comida diaria para sus
hijos y velar por su salud. Desde que Arturo fue nombrado en el año dos mil, como
secretario de la organización independiente de los pueblos mixtecos y tlapanecos,
Agustina se vio obligada a salir de la comunidad Na savi de San Felipe, municipio de
Ayutla. Enfrentó con su esposo una vida plagada de carencias y muchos riesgos.
Nunca pasó por su mente lo que implicaría defender los derechos de su pueblo. La
primera prueba de fuego que experimentó fue la denuncia que hizo Arturo por la masacre
de El Charco, donde el ejército ejecutó a diez indígenas y un estudiante el siete de junio de
1998. Desde aquella fecha fatídica, Agustina y Arturo se hermanaron con las viudas de El
Charco y asumieron su causa. Este dolor compartido los marcó profundamente. Desde
entonces luchan para que se castigue a los militares que cometieron estos crímenes y que
se repare el daño a las víctimas. La misma militarización de la región, además de generar
terror y cometer más violaciones graves a los derechos humanos, como las violaciones
sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo, trajo aparejada un proceso de
descomposición social que dio pie para que grupos de la delincuencia se posicionaran y
lograran establecer alianza con los políticos de la región.
En Ayutla de los Libres la delincuencia tomó el control de la cabecera municipal y se
encargó de realizar el trabajo sucio a las autoridades municipales. Fue el 13 de febrero de
2009, cuando asesinaron a Raúl Lucas y Manuel Ponce dos defensores del pueblo Na savi,
cuando se desencadenó una ola de violencia que obligó a que varias organizaciones
sociales y civiles dejaran de realizar su trabajo de promoción y defensa de los derechos
humanos. No había condiciones para permanecer en la misma región, al grado que por
estos hechos cruentos la misma Corte Interamericana otorgó medidas provisionales a 107
defensores y defensoras de derechos humanos de la OPIM, de Tlachinollan y a las familias
de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Esta crisis de seguridad y ante tanta permisividad del gobierno, obligó a que la misma
población se organizara y asumiera la defensa de sus comunidades. La experiencia exitosa
de la Policía comunitaria en la Costa Montaña, fue un modelo de seguridad alternativo
que sirvió de inspiración para las comunidades Na savi de Ayutla.
Arturo, con su vasta experiencia en la lucha social, fue uno de los principales promotores
para que las y los compañeros de la CRAC de San Luis Acatlán participaran en asambleas y
dieran a conocer el funcionamiento de la policía comunitaria. La decisión estaba tomada
por las comunidades que veían crecer la embestida delincuencial con la complacencia de
las corporaciones policiacas y del mismo ejército. Fue el 22 diciembre de 2012, en una
asamblea realizada en la Concordia, cuando se acordó la creación de la casa de justicia de
El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. En esa reunión Arturo quedó como uno de
los consejeros más visibles de la CRAC de Ayutla.
En su afán de impulsar este movimiento legal y legítimo de la policía comunitaria, Arturo
no se arredró ante las amenazas proferidas por los grupos de la delincuencia que tenían el
control de la cabecera municipal y de varias comunidades de otros municipios. No sólo era
armarse de valor para enfrentar al crimen organizado, sino tener que lidiar con el ejército
que se empeñó en impedir que los grupos de la comunitaria se desplazaran a otras
localidades para realizar operativos conjuntos. En este intento por desarmar a la
comunitaria y de someter al movimiento de autodefensas comunitarias que emergió en
enero de 2013 en el mismo municipio de Ayutla, se desencadenó un embate sin
precedente contra los representantes más visibles de la CRAC. La detención de Nestora
Salgado y más de 30 policías comunitarios de la casa de El Paraíso marcó la persecución
encarnizada de los líderes comunitarios. Se alentó desde el mismo gobierno del estado la
división y el desconocimiento de los grupos y las casas de justicia que resultaban
incómodas para el gobernador defenestrado Ángel Aguirre Rivero.
Arturo Campos, Gónzalo Molina y Nestora Salgado fueron catalogados como los líderes
radicales de la CRAC y por lo mismo, fueron a quienes puso en la mirilla tanto el
gobernador como el mismo ejército. No les importó respetar todo el proceso organizativo
y legal de la CRAC, mucho menos atendieron el marco jurídico que los respalda. Prevaleció
la consigna política y el uso de la fuerza para arremeter contra ellos y refundirlos a penales
de alta seguridad. Se violentó el debido proceso y se les impuso un castigo como
delincuentes consumados para generar temor entre la misma organización y alentar la
fractura interna del sistema.
Gonzalo Molina, un luchador ejemplar de amplia trayectoria, abrazó la lucha del pueblo
que había caído en las garras del crimen organizado. La corrupción imperante y la
complicidad de los gobernantes con la delincuencia organizada, así como el nulo acceso a
la justicia, orillaron a Gonzalo a promover la creación de la policía comunitaria en la tierra
de Vicente Guerrero. Su determinación para hacer valer los derechos del pueblo y su
profundo sentido de solidaridad ante los desastres naturales, como sucedió con la
tormenta Manuel y el huracán Ingrid, al prestar auxilio a decenas de familias
damnificadas, fueron causa de mayor animadversión de las autoridades civiles y militares.
Con toda la intención de desacreditar su trayectoria el gobierno del estado lo hizo
aparecer ante la opinión pública como terrorista. Esta acusación tuvo como finalidad
justificar su traslado a un penal de alta seguridad de Oaxaca, para posteriormente
encerrarlo en el penal de Almoloya.
La libertad de Nestora muestra con toda contundencia cómo todos los delitos que se le
imputaron fueron más por consigna política. Los delitos de secuestro son los mismos
delitos que enfrentan los indígenas Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García,
Abad Ambrocio, Florentino García, Benito Morales y Arturo Campos. El joven Samuel
Rámirez de Zitlaltepec, enfrenta un proceso por portación de armas y Gonzalo Molina no
solo le endilgan el delito de terrorismo, también de robo agravado,, privación ilegal de la
libertad y lesiones. Para las autoridades hay una obstinación de mantenerlos encerrados
como una forma de desacreditar y deslegitimar esta lucha legítima de los pueblos
indígenas, que están contribuyendo con las tareas de seguridad que el gobierno no ha
podido y ha sucumbido ante la delincuencia. Por eso hoy más que nunca el llamado que
hizo la comandanta Nestora el día que recupero su libertad se vuelve una demanda
urgente que el gobernador Astudillo no puede ignorar. Tiene que replantear esta
estrategia de persecución y criminalización de los policías comunitarios y uno de los pasos
importantes es reconocer y reinvindicar a los presos de la CRAC como autoridades
comunitarias y en consecuencia, impulsar dentro de sus facultad el otorgamiento de su
libertad.