Aprendí a caminar con las organizaciones que defienden los derechos del pueblo. Así como le hacen los niños y niñas pequeñas que con dificultades dan sus primeros pasos. Poco a poco perdí el miedo y logré sostenerme con el apoyo de ustedes. Mi vida cambió totalmente cuando encerraron en Almoloya a mi esposo Arturo. Le pasó lo mismo que a Nestora. Lo acusaron de cometer 45 secuestros, de robar al ayuntamiento de Ayutla y de pertenecer a la delincuencia organizada. Todo por apoyar a la policía comunitaria del Paraíso. Fue un duro golpe en mi corazón, porque el gobierno es como un monstruo que te ataca sin compasión por ser indígena. Me quedé sola con mis seis hijos pequeños, sin casa, porque me la quemaron. Querían verme morir. Acabar no solo con Arturo, sino con su familia.

Han pasado más de tres años y aquí estoy luchando junto con mi pueblo. Ahora aprendí a caminar con ellos por las veredas de la justicia, que tienen muchas espinas. Con ellos y con mis compañeras de la Montaña aprendí a hablar el español y a distinguir cuál es la justicia del gobierno y cuál es la justicia del pueblo. La justicia de los licenciados tiene precio, por eso nos persigue y nos encarcela, porque no le gusta que los de abajo también tengamos nuestra justicia. Esa justicia es la que practicaron nuestros antepasados, la que nació de abajo, como los grandes árboles que hay en el río y que tienen raíces profundas.

Por esa justicia lucho, por la justicia que trabaja parejo. La que no discrimina a los indígenas y que no le quita el dinero al pobre. Lucho por la justicia como todas las mujeres de la Montaña, sembrando maíz, lavando ropa y haciendo la limpieza en las casas. Atiendo a mis hijos y los llevo a la escuela. A pesar de que vivo en el cerro y muchas veces no tengo qué comer, ningún día he dejado de exigir la libertad de mi esposo. La fuerza son mis hijas y mis hijos. Ellos y ellas con su risa y con su cariño me levantan y me guían. Son la luz y mi esperanza.

Agustina García de Jesús forma parte del pueblo tu’un savi, donde las mujeres forjan su identidad en la cima de la Montaña. Donde las madres, en cuclillas y apoyadas de una silla de madera, dejan caer en manos de la partera a sus criaturas recién nacidas. Saben que el señor fuego y la señora lumbre, que habitan en el bracero, las protegen. Su vida es al ras del suelo en las hondonadas del olvido, donde no hay médicos ni maestros, sino puro guacho que las acecha cuando acarrean agua de los arroyos. Aprendieron a caminar en el Tlacolol y forjaron su espíritu recio cargando leña por las escarpadas montañas.

Agustina hasta los 26 años bajó a la ciudad, pero no viajó para recorrer sus calles, sino porque ahí se encontraba el penal de alta seguridad donde refundieron a su esposo Arturo Campos Herrera. En Almoloya de Juárez estuvo recluido 19 meses y el mismo tiempo lleva en la cárcel de Ayutla de los Libres. Se desempeñó como consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la casa del Paraíso y asumió un papel relevante en la conformación de esta casa de justicia enclavada en una región militarizada, donde el 7 de junio de 1998 el ejército masacró a 11 indígenas del pueblo Tu’un savi. Dentro de una escuela primaria en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla.

La lucha de Agustina, que ha sido acompañada por las familias de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, así como por el comité nacional por la libertad de las y los presos políticos, ha logrado resquebrajar un sistema de justicia que se niega a reconocer el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, que en la Montaña de Guerrero tienen su expresión más nítida en el sistema de seguridad y justicia comunitaria conocido popularmente como la policía comunitaria.

El pasado 9 de febrero de 2017, el juez sexto de distrito de Acapulco consideró que no está acreditado el delito de secuestro, al tiempo que reconoce la legalidad y legitimidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la obligación del sistema judicial de respetar su sistema normativo como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta determinación judicial concede la protección de la justicia federal a Arturo Campos Herrera para que la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro.

Los artífices de la justicia desde abajo son los hombres y mujeres que viven en el México olvidado y ensangrentado. Es la justicia que se gesta en las regiones asediadas por el Ejército que hoy exige una Ley de Seguridad Interior a modo, para imponer a los pueblos indígenas de la Montaña su propio paradigma de seguridad. En estas regiones agrestes y en medio de tantas adversidades, los pueblos indígenas de Guerrero están demostrando que es posible construir comunitariamente un paradigma de justicia y seguridad centrado en la defensa de los derechos de los pueblos.

Arturo, Gonzalo y Samuel, los tres presos de la CRAC-PC acusados injustamente de delitos que no cometieron, han demostrado en los mismos tribunales federales su inocencia y con la fuerza y pundonor de Agustina, Ausencia y Beatriz, esposas y madre de los detenidos, han vencido a un sistema de justicia estatal que criminaliza a los defensores comunitarios y estigmatiza al sistema de justicia de la CRAC-PC que por la vía de los hechos es una alternativa para construir la justicia desde abajo.