Abel Barrera Hernández
En pleno acto público, sobre el boulevard de Ayutla de los Libres, Guerrero, tres sujetos armados se dirigieron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de la organización para el futuro de los pueblos mixtecos (OFPM), gritándoles “¡policía!”. Los sometieron y los sacaron del evento para subirlos a un coche, que de inmediato emprendió la huida. Quince minutos después, doña Guadalupe, quien fungía como regidora de asuntos indígenas recibió una llamada del número de Raúl Lucas “no empieces a chingar, quédate callada o jodemos a tu esposo”. Nada se supo de su paradero, hasta el 20 de febrero del 2009, cuando fueron encontrados sin vida y con visibles huellas de tortura, en un paraje del municipio de Tecoanapa. A los pocos días de su sepelio, las amenazas contra los familiares de Raúl y Manuel y de quienes acompañamos sus casos, se tornaron graves. Después de un incidente, donde personas armadas persiguieron a dos vehículos, donde iban varios defensores comunitarios, nos vimos obligados a cerrar las oficinas de Tlachinollan en Ayutla. Había fundados temores de sufrir una agresión por parte del grupo delincuencial, que fungía como el brazo ejecutor del presidente municipal Armando García Rendón.
El 5 de enero del 2013, antes de la medianoche, Eusebio Alvarado García, comisario de Rancho Nuevo municipio de Tecoanapa, Guerrero, fue sacado de su domicilio a punta de bala, por un grupo de la delincuencia asentado en el municipio de Ayutla. Esa misma tarde había asistido a una asamblea regional de autoridades comunitarias en El Potrero, para formar varios grupos de policías ciudadanos, impulsados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Su caso detonó la reaparición de los grupos de autodefensa, que en la madrugada del día de los reyes magos, dieron con el paradero del comisario. Con la detención de los autores que se habían llevado a Eusebio, se logró ubicar las casas de seguridad y los lugares donde se encontraban acampados los grupos de la delincuencia. Alrededor de 800 policías ciudadanos se apostaron en puntos estratégicos de la cabecera de Ayutla y Tecoanapa, para detener, en menos de dos semanas a 56 personas ligadas con las bandas del crimen organizado, que controlaban el corredor de la Costa Chica. En esas fechas, los comisarios municipales intentaron conformar el Tribunal de Justicia Comunitaria, sin embargo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y los mandos del ejército en Guerrero, ejercieron presión contra el dirigente Bruno Plácido, para que pusiera a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado a los detenidos, y se desistiera de esta osadía, de instalar el 31 de enero de 2013, el Tribunal de los Pueblos de la Costa Chica, en la asamblea regional de El Mesón, municipio de Ayutla.
Esta ardua batalla por la justicia y la seguridad comunitarias se ha truncado por la acción represiva de los gobiernos caciquiles, que han masacrado a indígenas y campesinos; han ejecutado a maestros y estudiantes normalistas, y cometido torturas sexuales contra mujeres indígenas, en el marco de la guerra de contrainsurgencia.
Aparejada a esta estrategia bélica, Felipe Calderón, declaró la guerra a los carteles de la droga en diciembre 2006, cuando en Acapulco se desataba una lucha encarnizada entre los grupos del narcotráfico. En los últimos tres lustros, estos enfrentamientos se han multiplicado al interior de las siete regiones del estado. La disputa territorial ha colocado al gobierno estatal y a las autoridades municipales, contra la pared. Es el crimen organizado, el que impone las cuotas a los empresarios y comerciantes, los que controlan las rutas del trasiego de la droga y quienes ajustan cuentas con los grupos rivales. La narcotización de la economía y la proliferación de organizaciones delincuenciales asentadas en puntos estratégicos, ha desarticulado las redes de solidaridad intracomunitaria y fragmentado su vida interna.
En el municipio de Ayutla, los pueblos Me’phaa, Na’Savi y Afromexicanos, se organizaron para desmontar la estructura delincuencial que se coludió con los grupos políticos de la cabecera municipal, y al mismo tiempo, dieron la pelea para sacar a los partidos de sus comunidades y tomar el poder del municipio.
El 26 de junio del 2014, más de 76 autoridades comunitarias solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), que las elecciones del 2015 fueran por usos y costumbres. El Instituto hizo causa común con los partidos políticos para desatender su petición. Por su parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó realizar una consulta, para atender su reclamo legítimo y realizar sus comicios por usos y costumbres. Los lideres del PRI, el Verde Ecologista y el PRD hicieron causa común para boicotear este proceso comunitario. Se dieron de topes cuando corroboraron que en las asambleas se escuchaba de viva voz el clamor de justicia y democracia para los pueblos.
El 15 de julio del 2018, cuando más de 500 representantes de comunidades indígenas y afromestizas acudieron a la asamblea municipal para nombrar al nuevo órgano de gobierno, los lideres de los partidos políticos no han cejado de utilizar todos los medios de impugnación y recursos económicos para socavar al gobierno comunitario de Ayutla. El PRI y el Verde Ecologista, con el control que aún ejercen en algunas comunidades, han maniobrado para dividirlas y tener injerencia en la construcción de algunas obras. También han utilizado sus credenciales para solicitar el regreso de los partidos políticos. El diputado federal del PRD Raymundo García, además de establecer sus negocios para la construcción de obras, instaló un despacho con varios abogados para demandar a los coordinadores municipales. También alienta la división comunitaria, propiciando la separación de algunas localidades del municipio de Ayutla.
A pesar de que el coordinador del pueblo Na’Savi Longino Julio Hernández, entregó el bastón de mando al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su toma de posesión, como una deferencia al gobierno comunitario de Ayutla, el diputado local de Morena Alfredo Sánchez Esquivel se ha empeñado en debilitar la fuerza de los pueblos Me’phaa y Na’Savi, vendiéndoles la idea de crear dos nuevos municipios para separarlos de la cabecera municipal. Internamente logró que el coordinador del pueblo Me’phaa abandere la división dentro del Concejo Municipal, para evidenciar que el gobierno indígena es un fracaso. En Ayutla de los Libres, los partidos políticos y sus dirigentes son los grilletes del gobierno comunitario.
Publicado en el diario La Jornada