Debajo de las piernas de las normalistas de Arcelia, el 12 de julio apareció impreso en la lona de clausura, el nombre del padrino de generación Johny Hurtado Olascoaga, alias “El Mojarro”, líder del grupo criminal de la familia Michoacana, que desde el 2012 ha sido buscado por la actual Fiscalía General de la República. Muy orondo lució en primera fila el alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, junto con el director general de Servicios Regionales de la Secretaria de Educación de Guerrero, Praxedis Mojica Molina, quien al final dirigió un mensaje a nombre de la dependencia estatal.
Fueron 25 jóvenes, entre hombres y mujeres acompañados de padres y madres de familia, así como padrinos y madrinas de los estudiantes, que atestiguaron este acto académico, donde un líder que se dio el lujo de apadrinar a los normalistas, para demostrar su ascendencia con ciertos sectores de la población y su aceptación dentro de la clase política del estado. Se trata de un hecho insólito, que solo en nuestro estado se puede registrar hasta en las redes sociales, sin que ninguna autoridad se sienta incomoda, mucho menos que se oponga a que este personaje aparezca como padrino en un acto oficial. La misma la Procuraduría General de la República, había ofrecido 3 millones de pesos para su localización, sin embargo, en Arcelia es un personaje intocable que se da el lujo de apadrinar a una generación de normalistas.
Al siguiente día, después del escándalo que se suscitó en las redes sociales, la Secretaria de Educación del Estado de Guerrero, manifestó en twitter que: “se deslinda totalmente de las invitaciones que como padrino/madrina de generación se realicen por parte del alumnado que egresa de este ciclo escolar de cualquier plantel educativo en el estado; esta coordinación es absoluta responsabilidad de los comités de clausura y graduación en los que no participa personal de la SEG, así como la elección del público asistente y reiteramos, de los padrinos como lo fue en el caso de la normal regional de Tierra Caliente en Arcelia. Aunado a esto, los eventos de graduación se encuentran fuera del calendario escolar oficial.
Por otra parte, uno de los estudiantes egresados manifestó al padrino: “hoy refrendamos nuestra amistad, respeto y le pedimos (que) nos siga apoyando para vivir en un ambiente de paz, armonía y buena convivencia (…) saludamos al C. Johnny Hurtado Olascuaga, en agradecimiento por haber aceptado apadrinar a la generación 2015-2019”. En la ceremonia se entregó un reconocimiento a nombre de la dirección del plantel y del comité pro-clausura.
Más allá del deslinde de las autoridades educativas del estado, queda evidenciado un acto oficial donde el personal docente, la misma dirección y el comité de padres y madres de familia con el respaldo de los egresados y egresadas valoraron que la persona más idónea para representar sus planes y proyectos como futuros docentes sería el señor Johny Hurtado Olascoaga, alias “El Mojarro”, es decir, el personaje más buscado de la Tierra Caliente, por delitos federales vinculados con la delincuencia organizada.
¿Qué tipo de profesor o profesora estamos formando en nuestro estado cuando el mismo personal docente ve en la figura del “El Mojarro” como el modelo a seguir en el campo educativo? ¿Cómo podemos entender la opinión de las autoridades educativas, de su deslinde sobre el padrinazgo de este personaje? ¿Acaso esta normal se maneja al margen del sistema educativo estatal? ¿No es una responsabilidad de los directivos organizar los actos de clausura, y coordinar todas las actividades realizadas por los egresados para evitar que participen personajes que son un peligro para la misma sociedad?
Lo más grave es que con un twitter las autoridades consideran que se resuelve este desaguisado y que lo consideren como una acción intrascendente. La realidad es que las instituciones del estado, además de no dar respuestas eficaces a la sociedad, se han desprestigiados y, lo peor de todo, están capturadas por grupos del crimen organizado. No solo las instituciones encargadas de brindar seguridad y de investigar los delitos se han colapsado, sino que los mismos ayuntamientos e instituciones que supuestamente ofrecen servicios públicos para garantizar los derechos básicos a la población, como la secretaria de educación y de salud.
Eso es lo insólito que sucede en nuestro estado, de que las mismas instituciones hayan perdido su esencia y que estén muy lejos de atender las demandas centrales de una población, que se siente traicionada e ignorada.
No es gratuito lo que sucedió el pasado 18 de junio en Molonga, municipio de Petatlán donde fue secuestrado el hijo de la regidora de Morena, Zulma Arellano Olivar y del dirigente del mismo partido Rosendo Pérez Sánchez. De acuerdo con información de la Fiscalía de Guerrero fueron detenidos cuatro presuntos secuestradores, entre ellos tres soldados adscritos al 19 y 20 batallón de Infantería, que se ubican en el municipio San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. Los soldados detenidos son la Policía Militar, Diana Paola Medina Meléndez, de 23 años y los Cabos Jorge Luis Barrón Graciano, de 25 y Everardo Sánchez Rodríguez, de 28 años, así como el civil Atilano Meléndez Martínez, de 26.
Estamos ante otro hecho insólito donde policías militares son los principales perpetradores del secuestro de un menor que a casi treinta días de tenerlo privado de su libertad, actuaban con total impunidad ¿Qué hace posible que elementos de la secretaria de la defensa nacional se sientan seguros de que podrán realizar acciones contra la misma ciudadanía, sin que se les investigue y castigue? ¿Hasta dónde las autoridades civiles y militares están realmente comprometidas ha depurar a las instituciones y, sobre todo, a los miembros que no cuentan con el perfil profesional para servir y proteger a la sociedad?
No hay justificación alguna con lo que estamos padeciendo como ciudadanos y ciudadanas, que vemos como los responsables de garantizar seguridad se erigen en los principales enemigos de la sociedad. Ellos y ellas son un peligro, porque ostentando un cargo público, se sienten protegidos por sus superiores, además saben el modus operandi de los grupos de la delincuencia con quienes se coordinan para cometer estás atrocidades.
Más allá de la voluntad y compromiso que quiere asumir el nuevo presidente de la república, de colocar a los militares en la primera línea para poder desmontar la macrodelincuencia que sea enquistado dentro de las mismas instituciones, tiene que haber una depuración a fondo de los malos elementos que están trabajando para dos patrones: para el gobierno y para la delincuencia. En este momento de definiciones corremos el riesgo de que varios agentes del Estado, al constatar que ya no podrán actuar con licencia para delinquir, es posible que se pasen a las filas del crimen organizado. Por otra parte, los mismos agentes del Estado que decidan mantenerse dentro de las filas del gobierno pueden apostarle a seguir simulando una postura firme contra la corrupción y la impunidad, pero mientras no se desmonte esta estructura piramidal, donde los altos mandos continúen con las mismas prácticas añejas de seguir defendiendo intereses facciosos de grupos políticos y económicos, la población seguirá cargando el peso de un aparato que arremete con su fuerza contra los más indefensos.
La situación de nuestro estado sigue estando marcada por la violencia, ya no hay fronteras ni limites para la delincuencia. Más allá de los discursos y las posturas mediáticas, las autoridades estatales y municipales están rebasadas. Se le ha apostado a la guardia nacional como la nueva panacea de la cuarta transformación, sin embargo, vemos que los han mandado a la guerra sin fusiles, es decir que el gobierno federal le ha cargado a los gobiernos estatal y municipal la responsabilidad de brindarles hospedaje, comida y todos los gastos relacionados con sus operativos. Con estas precariedades los nuevos guardianes de la nación no podrán cumplir con su nueva misión, por el contrario de nueva cuenta se verán tentados a trabajar con los patrones que pagan mejor. Nada nos garantiza que los nuevos elementos lleguen impregnados de una nueva ética y mística y que sean incorruptibles. Sabemos que en el terreno de los hechos una cosa es el discurso y otra es la realidad.
En Guerrero, la experiencia de cincuenta años de la presencia del ejército desplegado para combatir a los enemigos del gobierno, se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer tabula rasa de los agravios que son como una herida abierta, por la centena de casos de personas desaparecidas y ejecutadas en el periodo de la guerra sucia, tampoco podemos ignorar los tres lustros de la nueva guerra, que declaró el ex presidente Calderón, contra el narcotráfico. En Guerrero se exacerbó la violencia y se pobló de fosas clandestinas que han incrementado el número de personas asesinadas y desaparecidas. En las principales ciudades del estado, en lugar de la prosperidad se experimenta un sentimiento de orfandad y de mucha crueldad. Las decapitaciones y las desapariciones de las personas, además de ser las notas principales de los medios nacionales y estatales forman parte del paisaje costumbrista de un Guerrero ensangrentado. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que seguir levantando la voz contra los perpetradores tanto los que se han erigido como héroes de la delincuencia organizada que apadrinan a un grupo de normalistas, como ha elementos del ejército mexicano que tanto han ensalzado las autoridades federales y estatales como instituciones que salvaguardan los derechos de la población. Tenemos que seguir dando la pelea contra estas acciones criminales y mantener una postura firme y digna para denunciar las atrocidades y las graves violaciones a los derechos humanos. Lo insólito en Guerrero es que impera la violencia y se idolatra a quienes son enemigos de la sociedad.