OPINIÓN | Luces de plomo

Abel Barrera Hernández

En la cresta de la Montaña de Guerrero, sobre la amplia zona de alto riesgo para los asentamientos humanos, se multiplican pequeños poblados que se encuentran en las líneas de fuego marcadas por cruces, a causa de las disputas agrarias dirimidas a punta de bala. Son conflictos añejos, que antes de la revolución protagonizaron innumerables batallas los pueblos fundadores de esta entidad suriana. Con gran orgullo rememoran que lucharon al lado de Vicente Guerrero en la gesta por la independencia.

Sus documentos coloniales forman parte de las pruebas tangibles que reclaman derechos primordiales. Tienen leyendas que nutren la memoria colectiva sobre el robo de documentos agrarios supuestamente planeado por comunidades vecinas. La falta de documentos oficiales, como la carpeta básica, colocan en desventaja a comunidades indígenas, que, a pesar de su asentamiento ancestral, la ley agraria no protege sus derechos territoriales. Las resoluciones de los tribunales agrarios, en muchas ocasiones, en lugar de resolver los conflictos, los exacerba, porque la parte que es vencida en juicio no está dispuesta a ceder las hectáreas, que por muchos años han ocupado. Es cuando los comuneros y comuneras deciden defender sus tierras con las armas en la mano, en las líneas de fuego.

La disputa agraria que actualmente protagonizan los habitantes de Alacatlatzala, perteneciente al pueblo Na Savi, con el núcleo agrario de Malinaltepec, del pueblo Me’phaa, nos remite a una lucha cíclica, que de manera recurrente tiene momentos ríspidos al grado que han llegado a la confrontación armada. El último tramo de esta reyerta se da en 1978, cuando los comuneros de Alacatlatzala incursionan en una superficie de mil 300 hectáreas, que la comunidad agraria de Malinaltepec, reclama como suya. En abril de ese mismo año Alacatlatzala inició un juicio agrario solicitando la confirmación y titulación de sus bienes comunales.

Los dos núcleos agrarios le han apostado a la ocupación de las tierras en conflicto, a través de la apertura de nuevas parcelas o la conformación de centros de población. Alacatlatzala tomó la decisión de trabajar estas tierras, mientras que las autoridades agrarias, con el apoyo de las autoridades municipales de Malinaltepec, autorizaron nuevos asentamientos en la zona de conflicto. Esta franja ha sido escenario de múltiples agresiones por parte de los dos pueblos, que se han enfrascado en una disputa estéril.

En 1993 el tribunal agrario le restituyó a Malinaltepec, 9 mil 500 hectáreas, causando un gran agravio a los comuneros de Alacatlatzala, quienes interpusieron un recurso de revisión que no procedió. Esta situación mantuvo en suspenso la ejecución de la sentencia. Fue hasta octubre de 2005, cuando el Tribunal Unitario Agrario, determina entregar una superficie de 12 mil 546 hectáreas, ignorando la decisión de 1993. Para las autoridades agrarias de Alacatlatzala hubo un exceso en la sentencia, por parte de los magistrados, que trazaron la línea en el punto conocido como Piedra de Moler, borrando de un plumazo la zona de conflicto de mil 744 hectáreas.

Con ese aval del Tribunal y con los acuerdos que logró establecer con los núcleos agrarios de Mixtecapa y Coatzoquitengo, para Malinaltepec la disputa histórica con Alacatlatzala quedaba saldada.

Este capítulo dio paso a una confrontación mayor, porque para Alacatlatzala, representó una provocación la construcción de nuevas viviendas dentro de los territorios que han disputado por décadas. Han resistido cultivando sus parcelas por encima de la resolución del Tribunal. Cada año, el conflicto se reactiva con la llegada de las lluvias. Las familias salen a sembrar en un terreno minado, saben que hay que cuidarse las espaldas porque el riesgo de una bala perdida, es inminente.

Para Alacatlazala, la creación de nuevas colonias, por parte de Malinaltepec, es para ocupar la franja en disputa y para cercarlos territorialmente. Para contener este avance, han creado más anexos, en la zona de conflicto. Es una pelea que se disputa metro a metro, con la apertura de nuevas parcelas o la construcción de casas. Los dos grupos enfrentados, han constatado que las denuncias interpuestas por daños, despojo, lesiones, allanamiento de morada o robo, no prosperan ante el ministerio público. Por eso, han ganado las posturas radicales, de ocupar las tierras atrincherándose, para arremeter con las armas. Se ha vuelto recurrente que al inicio del ciclo agrícola se organicen para irrumpir en la zona de conflicto y de esta manera someter a los adversarios. Se destruyen cultivos, se queman casas y se atemoriza a la población con armas de fuego.

En el 2017, Alacatlatzala interpuso un juicio por conflicto de limites ante el Tribunal Unitario Agrario, para reclamar 3 mil 200 hectáreas que mantienen en disputa con Malinaltepec.  A pesar de llevar el caso ante las instancias competentes, la disputa agraria se ha acrecentado en la zona de conflicto. Ha crecido la animadversión y el deseo de venganza, porque cada parte se aferra a su terruño y al derecho que han generado, por la misma ocupación de estos territorios.

En este año de la pandemia causada por el covid – 19, la conflictividad agraria se reactivó con mayor virulencia en varios núcleos agrarios de la Montaña de Guerrero. El conflicto de Malinaltepec y Alacatlatzala no fue la excepción. Cuando iniciaron los trabajos de preparación de los terrenos para la siembra, se dio la primera agresión a un vecino de Encino Roble, municipio de Malinaltepec, quien fue retenido por los comuneros de Alacatlatzala y posteriormente liberado. Se armó la trifulca y desde esa fecha se han suscitado balaceras nocturnas entre ambos bandos. El 19 de mayo, fue una noche de luces de plomo. Solo la lluvia apaciguó a los rijosos.

A pesar de las reuniones que se han establecido con personal de la Procuraduría Agraria, con el presidente municipal de Malinaltepec y con los magistrados del Tribunal Unitario Agrario, la confrontación no ha cesado.

El 29 de junio, como Tlachinollan convocamos a las dos partes para reafirmar el compromiso de esperar la resolución que emita el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chilpancingo. En este encuentro constatamos la hondura del conflicto, por ser añejo y por estar marcado por eventos violentos que han causado muertes, destrucción de casas, desplazamientos de familias, la imposibilidad de vivir en paz y dormir con tranquilidad. Hace falta implementar una estrategia interinstitucional, impulsada por el gobierno federal que atienda de fondo la conflictividad agraria en las regiones indígenas.  Se requiere estar más cerca de las regiones que se encuentran desamparadas y abandonadas a su suerte. Ante la ausencia de las autoridades y la ineficacia en la aplicación de la ley, la población indígena ha tenido que usar la fuerza para hacer valer sus derechos. En lugar de verse como pueblos hermanos que han forjado una cultura resplandeciente en este macizo montañoso, sus energías se pierden en la disputa agraria, que debilita la organización comunitaria y su capacidad para ejercer su libre determinación. No podemos permitir que sean las luces de plomo las que impongan la ley del más fuerte y la paz de los sepulcros entre los pueblos indígenas de Guerrero.