Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
Para las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos los golpes más arteros que han recibido recientemente, han sido de parte de las autoridades más encumbradas del país; el presidente de la república y el secretario de la SEDENA. El último agravio fue el 24 de febrero en la misma ciudad de Iguala, cuando se desplazó gran parte del gabinete presidencial para refrendar todo el apoyo al Ejército. Ese día el Estado Mayor sitió la ciudad y acorazó los lugares donde estaría Enrique Peña Nieto.
La acción bélica no era contra los grupos de la delincuencia organizada que pululan en Iguala, sino contra las organizaciones sociales, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Todo el aparato represor se apostó en las entradas de la ciudad para impedir que las víctimas se acercaran a los eventos oficiales. Los mismos victimarios que se niegan a ser entrevistados por el GIEI, fueron los encargados de vigilar que los familiares de los desaparecidos no cruzaran sus filtros. Fue una acción deliberada de las cúpulas del poder: llegar con toda la fuerza del estado, apostarse en los lugares apropiados para el lucimiento presidencial, exonerar al Ejército de toda responsabilidad penal y cerrar filas para su defensa a ultranza.
Esta presencia evidenció la alianza estratégica que mantiene el presidente de la república con los militares que están siendo señalados en los expedientes de la PGR como parte de los actores gubernamentales que tuvieron injerencia en la desaparición de los 43 estudiantes. La demostración excesiva de la fuerza es una prueba fehaciente de un poder que aterra y que ha perdido el pulso de la realidad. Ve en las víctimas a los delincuentes y a los enemigos de alta peligrosidad. Es tanta su aversión y enojo con los familiares de los desaparecidos que los ignora y no tiene palabras para enviar algún mensaje a los padres y madres de los 43. De tajo busca borrarlos de la historia reciente. Pide no recordarlos más. De olvidar sus nombres, sus rostros y sus historias. A cambio de esta tragedia abandera al Ejército y les da trato de héroes ante el lábaro patrio.
Nada les importa que en Iguala las familias continúen encontrando fosas y desenterrando cuerpos. No les interesa que la población viva bajo la metralla de los grupos criminales. Los ajusticiamientos a plena luz del día les tiene sin cuidado y el control de la plaza que se mantiene en disputa, es parte del entramado delincuencial que no se toca, porque de acuerdo con lo que dice el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la tragedia de Iguala “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del estado e integrantes del crimen organizado”.
Son ahora los padres y madres de los estudiantes los que tienen que ir a los tribunales para exigir a los jueces y magistrados que hagan bien su trabajo, que dejen de seguir actuando por presiones políticas o consignas de los poderes fácticos. Llegaron a Iguala para reencontrarse con la población pobre que es rehén de la delincuencia y de los esbirros del poder político. Además de continuar con la búsqueda de sus hijos también tienen que hacer frente a la embestida del gobierno que ha arreciado sus ataques contra los miembros prominentes del GIEI.
Los golpes contra los padres y madres se multiplican y lo peor de todo es que los hijos no aparecen. Además el tiempo de este segundo período del GIEI está por concluir. Mientras tanto el gobierno continúa con su táctica dilatoria del tercer peritaje y con sus reticencias a que el GIEI entreviste a los militares. El ala dura del gobierno federal, con su cálculo perverso empieza a endurecerse, a mostrar posturas intransigentes ante las instancias internacionales que emiten informes y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en México.
El informe reciente de la CIDH fue recibido por el gobierno mexicano con gran desaprobación. Lo calificó como sesgado, parcial, carente de solides y poco confiable. Quienes se encargaron de contestar en nombre del gobierno (PGR, SRE, SEGOB) se van por las ramas para hablar del México que ellos imaginan, para decir que existen avances legislativos e instituciones sólidas y autónomas. No refutan la realidad que a todos nos lacera, no dicen nada sobre la colusión que se mantiene vigente entre crimen organizado y agentes del estado. Guardan silencio sobre este patrón de desapariciones que nos remiten a los años de la guerra sucia y que se mantiene intocado con la participación de actores gubernamentales y grupos de la delincuencia.
Para los padres y madres este informe de la CIDH es otro instrumento más a favor de su lucha. No solo tiraron por la borda la verdad histórica que dio la PGR en voz del ex procurador Jesús Murillo Karam, con los informes del GIEI y del EAAF, sino que ahora la misma CIDH está señalando que México atraviesa por una grave crisis de violencia y seguridad que viene desde hace varios años, y lo más cruento es que la CIDH escuchó de las víctimas “que la procuración de justicia es una simulación”.
Estamos arribando a un momento crítico donde el gobierno de México está atrincherado y defendiendo sus posiciones tácticas y estratégicas, no sólo contra las víctimas de los desaparecidos quienes lo emplazan a que se sepa la verdad, sino contra la misma sociedad que los increpa, por el clima de violencia que impera y que impide que se garantice el derecho a la vida y a la integridad física. La escalada del conflicto se elevó a grados extremos porque estamos arribando a una disputa a nivel internacional, donde el gobierno de México le apuesta a confrontarse con la CIDH, en una coyuntura que le puede ser propicia ante el cambio de varios comisionados. Las autoridades creen que pueden recomponer la correlación de fuerzas y balancear mejor la información que se ha vertido sobre su inacción ante un país colapsado por el crimen y la impunidad.
Las autoridades federales están a la ofensiva en este cierre de la segunda etapa del GIEI. El escenario que se avecina no es nada halagüeño para quienes han luchado con ahínco con el fin de dar con el paradero de sus hijos. A pesar de que los organismos internacionales han logrado elaborar diagnósticos muy sólidos con recomendaciones muy precisas orientadas a atacar de fondo las causas de esta debacle gubernamental, la línea dura del poder político ha tomado la batuta y se empeña en no ceder ante las presiones de la sociedad, de los familiares de los desaparecidos y de los mismos organismos internacionales. Se busca avasallar y acallar a quienes cuestionan y ponen en entredicho la estrategia bélica del gobierno y su apertrechamiento en torno al ejército. Se sacrifican los derechos humanos en aras de mantener el control de las instituciones que son claves para imponer por la fuerza un orden que aterra a las víctimas de la violencia.
Lo que hemos cosechado en estos tiempos de ira y de dolor es la lucha imbatible de las madres guerreras, que a más de 17 meses siguen con fuerza para estar en todos los frentes de batalla y dispuestas a llegar a cualquier lugar donde puedan estar sus hijos. Han viajado miles de kilómetros de día y de noche. Sin tregua en los fines de semana. Siempre atentas ante cualquier indicio sobre el paradero de sus hijos. Vigilantes perennes de toda la acción gubernamental. No hay autoridad que se atreva a sostener un diálogo directo y con la mirada firme a alguna madre de familia. Sus ojos, a pesar del llanto, proyectan verticalidad y autoridad moral. Saben que los funcionarios carecen de argumentos para refutar sus reclamos.
Las enfermedades que las madres guerreras han adquirido durante este tiempo sin tregua, no han mermado su fortaleza espiritual. Su corazón es muy fuerte y su indignación es tan grande que no hay tiempo para el descanso ni cabida para la desesperanza. Sus voces son de trueno, fulminan a los funcionarios que emiten mensajes vacuos y que simulan solidaridad y compromiso. Desenmascaran los planes burdos y dilatorios de los funcionarios de la PGR. No ceden un ápice ante las líneas de investigación que ha planteado el GIEI y emplazan en todo momento al titular de la SEGOB para que se realice la entrevista con los militares.
Las madres guerreras de la Montaña, Costa Chica, zona Centro, de Tlaxcala y Oaxaca, son las grandes mujeres que han irrumpido en la escena nacional para colocar en la agenda pública el tema de los desaparecidos, como un problemas estructural e histórico, que obliga a las autoridades a desmontar todo el entramado delincuencial y a pone en el banquillo de los acusados a los perpetradores, para que rindan cuentas de sus crímenes.
Las madres guerreras, buscando a sus hijos, que es la razón suprema de su lucha, es como han roto las cadenas del silencio y han abierto con mucho sufrimiento el nuevo sendero de la justicia que sólo fructificará si llegamos a la verdad. Esto es lo que hoy las madres guerreras han podido lograr, de mover a todo el país para obligar al gobierno a que hable con la verdad. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!