OPINIÓN | Para que la esperanza no se marchite |

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

A 28 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de familia siguen constatando que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se resiste a profundizar en las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Han corroborado que al interior de la PGR existen personajes con mucho poder que siguen maniobrando bajo el escritorio para ocultar información clave que compromete a varias autoridades de alto rango por sus vínculos con el crimen organizado.

Recientemente se pudo documentar con mucho detalle cómo personal de la PGR escondió al GIEI información sensible  relacionada con el trasiego de droga hacia  Estados Unidos. Deliberadamente la Procuraduría guardó varios expedientes donde aparecen algunos cabecillas del grupo delincuencial Guerreros Unidos, como el uruguayo, que se dedicaban a transportar droga en autobuses de Guerrero a la ciudad de Chicago. Esta nueva revelación refuerza la hipótesis del GIEI de que la noche del 26 de septiembre se montó un gran operativo para generar un cerco que abarcó desde la salida de Iguala hasta Mezcala para impedir la salida de los autobuses tomados por los estudiantes. La línea de investigación del quinto autobús  no ha querido profundizarse como lo ha propuesto el GIEI, lo que hace suponer que este ocultamiento por parte de las corporaciones policiales, el ejército y la delincuencia organizada fue para no descubrir a un autobús cargado de droga.

Esta nueva información que refuerza el móvil de la agresión desproporcionada contra los normalistas, es otro  golpe artero a los papás y mamás, que por más de dos años siguen esperando resultados veraces sobre el paradero de sus hijos.

Con mucha razón las mamás y papás desde el mes de agosto del año pasado se levantaron de la mesa y rompieron el diálogo con la PGR, porque no han cumplido con el compromiso de entregar las conclusiones de la investigación realizada por la Visitaduría General, que es el órgano interno que se encarga de investigar a los funcionarios federales que han actuado de manera ilegal, poniendo en entredicho su reputación. El caso de Tomas Zerón ex director de la agencia de investigación criminal, es la peor muestra de que se busca a encubrir a los verdaderos responsables de la tragedia, porque en lugar de inhabilitarlo como funcionario público, encontró cobijo en la oficina presidencial.

No hay duda de que hay encubrimiento y protección para mantener a cualquier costo político la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ante esta postura inflexible los padres y madres continúan remando a contra corriente para desenmarañar toda la urdimbre delincuencial que se mantiene incólume entre agentes estatales y el crimen organizado. Su lucha y su grito que se multiplica en muchos rincones del país y en el centro de la ciudad de México es para que la esperanza no se marchite

Este hecho de resonancia internacional no puede eludirse, mucho menos cuando se dan visitas de expertos independientes, como la del relator especial de la ONU para defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Frost, quien en su informe preliminar manifestó lo siguiente:

“Los familiares de personas desaparecidas compartieron historias conmovedoras conmigo sobre su valentía, determinación y sus trágicas circunstancias. Además de la incertidumbre desgarradora de no saber en dónde están sus seres queridos, con frecuencia enfrentan obstáculos en sus demandas por justicia y por la verdad con respecto al paradero de sus familiares. En particular, cuando visité el estado de Guerrero, recibí testimonios de defensores que buscaban a sus familiares desaparecidos, siguiendo pistas de su paradero y en algunas ocasiones llevando a cabo búsquedas ciudadanas de alto riesgo para su propia seguridad. Los defensores de Chilapa, en donde las desapariciones colectivas parecen haber sucedido con el consentimiento de las autoridades, son particularmente vulnerables a ataques en el contexto del crimen organizado y corrupción. Cuando visité la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos enfatizaron la importancia de poder continuar el trabajo del mecanismo de seguimiento al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin obstáculos, así como el de las ONGs que los acompañan en su búsqueda para acceso a la justicia”.

El pasado martes 24 de enero el relator fue muy claro en su diagnóstico sobre la situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el país; “Las defensoras y los defensores de derechos humanos que buscan justicia han enfrentado actos de intimidación u obstáculos en su búsqueda. Debido a sus denuncias de estas violaciones, tienen un riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las fuerzas armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en un mayor riesgo de represalias”.

La gran mayoría de testimonios que recibió el relator tiene que ver con la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esta práctica se realiza a través del mal uso del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos. Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. El relator manifiesta que someter a las defensoras y los defensores a largos procesos legales es claramente un instrumento de intimidación y se busca subyugar su defensa. Según la información que recibió  “los tribunales imponen medidas precautorias contra los defensores y las defensoras sin garantizar sus derechos ni las garantías del debido proceso”.

En Guerrero esta situación ha sido una práctica sistemática contra los líderes o defensores y defensoras comunitarias como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, miembros destacados de la policía comunitaria. Ella y ellos han sido tratados como delincuentes de alta peligrosidad, al grado que tres de ellos fueron confinados a penales de máxima seguridad. Esto mismo sucedió con Marco Antonio Suastegui líder histórico del CECOP. Lo detuvieron y sometieron a tratos crueles, desacatando las órdenes de un juez lo enviaron a un penal de Nayarit, con el fin de acallarlo y estigmatizarlo como secuestrador.

La situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Por parte de las autoridades no existe respeto ni reconocimiento al trabajo legal y legítimo, más bien, hay una aversión a su lucha, se les descalifican y hasta se tienen fichas delincuenciales, para que en cualquier momento puedan fabricarles delitos.

Las campañas de difamación, incluyendo aquellas realizadas a través de medios de comunicación nacionales, han intentado describir el papel de los defensores que trabajan en casos de tortura, como personas que lucran con las reparaciones económicas. Las mujeres víctimas de tortura y muchas de las cuales se han convertido en valientes defensoras de derechos humanos han sido objeto de campañas sexistas de difamación y acoso contra ellas y sus familias.

Es importante resaltar la preocupación que manifestó el relator en torno a quienes acompañamos a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos “También estoy extremadamente preocupado por el número de difamaciones y campañas de insultos contra las personas defensoras, ya sean dirigidas por políticos o por los medios de comunicación. Estas campañas buscan principalmente debilitar el trabajo realizado por las y los defensores de derechos y alienar parte de la población. Los defensores han sido representados como contrarios al desarrollo o como integrantes de grupos criminales. También han sido retratados como personas que ayudan a delincuentes, en lugar de ser las personas que buscan rectificar las violaciones de derechos humanos. Estoy particularmente preocupado por la situación de organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que han sido blanco por su labor en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o tortura. Dichas organizaciones también son acusadas de utilizar a las víctimas para obtener ganancias, promover la impunidad o desestabilizar a la sociedad”.

Por otra parte, el relator se reunió en Guerrero y en otros estados con defensores que sufren desplazamientos internos de sus comunidades o de sus lugares de trabajo y que no pueden regresar debido al ambiente de violencia y al control territorial que ejercen las bandas del crimen organizado. Los testimonios de lo que sucede a decenas de familias de Chilapa, Chilpancingo, Petatlán, San Miguel Totolapan, Arcelia, Zitlala, dejaron ver el nivel de impunidad que impera en el estado y el alto grado de vulnerabilidad de la gente del campo, sobre todo las mujeres que cargan con el dolor de haber perdido a un hijo o al esposo y que tienen que salir de sus comunidades. El relator recomendó que el gobierno debe elaborar políticas que atiendan esta situación particular para garantizar que las familias puedan llevar a cabo su labor en condiciones seguras y velar  por su regreso.

Para Michel Frost los defensores de las comunidades indígenas o rurales son personas poco visibilizadas, y por lo mismo son fácilmente agredidas por grupos de poder cuando lideran movimientos de resistencia en defensa de sus territorios. Considera que hay un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias del «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Le preocupa la presión que ejercen los funcionarios y empresarios contra los integrantes de las comunidades para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o las autoridades locales como una minoría, que actúan  contra el interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

El relator concluye que la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez incrementa el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de tener una sociedad robusta basado en el respeto a los derechos de las personas. Al disuadir a los defensores de presentar quejas y a los sobrevivientes de violaciones de buscar el apoyo de los defensores para abogar por su causa, la impunidad erosiona el estado de derecho en el país y alienta la comisión de nuevas violaciones. Se pone un dique para que las defensoras y defensores desistan en su lucha tenaz para remover los escombros de la impunidad. A pesar de este clima tan adverso marcado por la violencia y la criminal desigualdad, la lucha por los 43 y por todas las familias que buscan a sus hijos desaparecidos hacen de cada amanecer una jornada cargada de esperanza.