¿Por qué en la zona centro del estado, donde se encuentran asentados los poderes públicos, la violencia perpetrada por las bandas del crimen organizado es inexpugnable? ¿Cómo explicar que en las comunidades circunvecinas de Chilpancingo, grupos de civiles armados imponen su ley y mantienen el control territorial? ¿Por qué en una región militarizada como la de Chilapa-Zitlala, siguen los asesinatos a la alza por parte de las organizaciones delincuenciales que se disputan las rutas de la droga? ¿Cómo interpretar este escenario cruento, donde los elementos del Ejército son testigos pasivos de las acciones de los grupos de la delincuencia que arremeten contra la población civil indefensa? ¿Cómo es posible que con toda la fuerza del estado las autoridades no ubiquen a El Tequilero, líder de un grupo delincuencial que tiene asolada la sierra de San Miguel Totolapan, con el argumento burdo de lo agreste de su geografía? ¿Por qué se opta por convencer a maestros, maestras y padres y madres de familia, para que regresen a clases con la presencia del Ejército en las escuelas, en lugar de detener a El Tequilero y garantizar el orden constitucional? ¿Qué intereses mafiosos orillan a los diputados locales a defender a ultranza a Saúl Beltrán, compañero de la bancada priísta, acusado de homicidio y de tener vínculos con El Tequilero? ¿Cómo permitir estas alianzas truculentas que se reeditan como sucedió con José Luis Abarca, ex presidente de Iguala, quien fue señalado como el responsable del asesinato de Arturo Hernández Cardona y de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Estos pactos de impunidad entre la clase política son los causantes de esta crisis de inseguridad que nos han colocado como el estado más inseguro, violento y militarizado.
Estas políticas de seguridad basadas en el paradigma del uso de la fuerza con la participación creciente del Ejército, han desquiciado la convivencia pacífica entre las y los guerrerenses. La militarización temprana implantada por el Ejecutivo federal, como parte de una estrategia de contrainsurgencia, orientada a destruir cualquier vestigio de la guerrilla y a abatir a las personas alzadas en armas, vino a institucionalizar las acciones impunes de las fuerzas armadas que se tradujeron en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Estas graves violaciones de derechos humanos nunca fueron investigadas por las autoridades civiles, quienes en todo momento se han declarado incompetentes para investigar los delitos cometidos por las fuerzas castrenses. Esta supeditación histórica ha dejado a la población en total indefensión, y más bien ha marcado una ruta funesta que permite a las fuerzas armadas actuar por encima de nuestro marco constitucional. A nivel nacional ninguna autoridad se ha atrevido a llamar a cuentas a las fuerzas armadas, por el contrario, se les encubre y respalda en todo momento, sin que importen las víctimas ni el respeto a los derechos humanos.
Han sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Corte Interamericana (CoIDH), las instancias internacionales que han tenido que investigar estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, al grado que han emitido cinco sentencias al Estado mexicano, todas vinculadas con el Ejército, siendo cuatro de estas sentencias relacionadas con casos de Guerrero. El caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido en 1974 en Atoyac de Alvarez. Los dos casos de tortura sexual cometidas en 2002 contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me phaa de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres y de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec. Los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron víctimas de tortura por elementos del Ejército en Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en 1999. Estas sentencias dieron pie para que el fuero militar no deba juzgar casos de violaciones derechos humanos, sino que sea el fuero civil el responsable de hacer las investigaciones. La lucha que dieron las mismas víctimas y sus familiares obligó al Estado mexicano a que se iniciara una reforma al código de justicia militar, para restringir el fuero militar y designar a las autoridades civiles como las responsables de investigar a los elementos castrenses involucrados en acciones delictivas contra la población civil.
Por otra parte, el ex relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, en su informe que realizó en el 2004 sobre México, planteó que “es imperativo disminuir la participación del Ejército en las actividades policiales; velar porque los militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles y no militares, y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno.
En 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó al gobierno mexicano que “las autoridades civiles deben cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de los elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando. Al mismo tiempo recomendó: “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública… Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza”.
Estos planteamientos realizados en el marco de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente Felipe Calderón, no han tenido eco en las autoridades mexicanas, por el contrario, han cerrado filas con el Ejército mexicano para impulsar una ley sobre seguridad interior, que fue anunciada el 8 de diciembre por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en diciembre pasado. Este emplazamiento público del general a los legisladores y el regaño público que dio al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al recordar que “la seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación… por lo que es ésta la que debe de estar insistiendo en que esta ley se promulgue”.
A partir de esa fecha, los coordinadores de las principales fracciones parlamentarias como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano elaboraron sus propias propuestas sobre seguridad interior, que está pensada más en darle certeza jurídica a las fuerzas armadas en detrimento de fortalecer el respeto a los derechos humanos, dejando de lado un modelo de seguridad ciudadana. Persiste el paradigma de la seguridad vista desde el uso de la fuerza, y no se concibe que la seguridad debe estar anclada en el respeto a los derechos humanos. Tenemos que reafirmar lo que dice el representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien afirmó en un foro en la Ciudad de México, a propósito de esta ley que se discute en el Congreso: “no hay una auténtica seguridad ciudadana sin el respeto a los derechos humanos. La seguridad sin derechos humanos es una inseguridad. De hecho las sociedades que respetan los derechos humanos son también las más seguras. El respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana y el buen funcionamiento del Estado de derecho va de la mano con la seguridad ciudadana. Cuando las autoridades cometen grandes violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa, están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada, impulsando un círculo vicioso, una espiral de violencia cada vez más brutal. No se establece o fortalece el Estado de derecho con graves violaciones a los derechos humanos”.
Este mensaje emitido ayer en la Ciudad de México, nos da la pauta de los riesgos que representa aprobar una ley de seguridad interior sin tomar en cuenta estos principios básicos de lo que significa la seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos. Apostarle a prolongar la presencia del Ejército en las calles y a fortalecerlo con una ley de seguridad interior, es ir en detrimento del fortalecimiento de las corporaciones policiacas y del mismo Estado de derecho, porque se militarizaría nuestro régimen y por ende estaríamos afianzando un sistema político autoritario. No se le apuesta a fortalecer a las instituciones civiles sino a las fuerzas armadas, y eso nos coloca en una mayor crisis de inseguridad porque en Guerrero llevamos más de 40 años padeciendo este flagelo y los resultados han sido catastróficos porque estamos viviendo momentos muy violentos, donde ya nada detiene esta avalancha delincuencial y lo que es peor, que el Ejército no ha garantizado paz ni seguridad a las y los ciudadanos, tampoco respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, más bien ha sido un actor que ha causado graves violaciones a los derechos humanos, dejando en estado de indefensión a las víctimas.
En su desesperación, las autoridades del estado quieren dar soluciones fáciles pero que a la postre serán costosas y muy cruentas y dolorosas. Resolver el problema de la inseguridad no es una tarea sencilla, es muy compleja, y por lo mismo se tiene que repensar cómo atender en su justa dimensión este desafío. Las voces de las víctimas de esta violencia y de los estragos de la militarización deben ser escuchadas; de la misma forma los diputados y diputadas deben de atender las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales, así como conocer las experiencias exitosas que se han dado en otros países sobre un modelo de seguridad basado en el paradigma de los derechos humanos. En Guerrero no vislumbramos en el escenario actual posturas que le apuesten a un cambio de paradigma, porque quieren mantener las mismas políticas de seguridad que nos han desquiciado. No se quiere entender que vamos por el camino equivocado, que está ganando la tentación de usar la fuerza letal para “abatir” a los enemigos, como la ruta segura y fácil, pero reprimir y destruir al otro, ahora con una ley de seguridad interior, nos llevaría como país y como estado al despeñadero que lamentablemente lo estamos viviendo con el conteo diario de los asesinatos que suceden en las diferentes regiones del estado. Las y los guerrerense tenemos que decir, sobre todo las víctimas de la violencia y sus familiares ¿qué tipo de seguridad queremos? Hoy escucharán los legisladores y legisladoras, en el Senado de la república, las voces de las víctimas y sabrán desde su dolor lo que implica una seguridad militarizada.