OPINIÓN | Reforma educativa criminal

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Este domingo en Nochixtlán, Oaxaca la cerrazón del gobierno federal para establecer una mesa de diálogo con la CNTE cobró un saldo sangriento de 6 muertos y más de 50 heridos, de acuerdo con la información enviada por maestros y maestras de Oaxaca al filo de las 10 de la noche. Nada ni nadie detuvo la postura férrea y arrogante del secretario de educación, Aurelio Nuño, de preferir el uso de la fuerza policial contra miles de maestros y maestras, que han apelado a la protesta social como último recurso para ser atendidos.

El secretario llevó al extremo la confrontación para que fueran los cuerpos policiales y no las autoridades políticas las que dirimieran un problema que no se circunscribe al ámbito meramente penal. Desafió a la sociedad y amenazó abiertamente al magisterio disidente en todos los foros públicos en que se presentaba. No sólo ordenó el cese de decenas de maestros y maestras, también se valió de diferentes recursos administrativos para amedrentarlos. Planeó con las autoridades encargadas de investigar delitos la elaboración de expedientes para acusar a sus líderes por varios hechos delictivos, retorciendo el derecho penal para acallarlos y para atemorizar a los manifestantes.

No bastó la línea dura, de criminalizar la protesta social y encarcelar a sus representantes, también se contempló el escenario de la represión para contener a cualquier costo social y político a la población que ha hecho causa común con el magisterio. El empecinamiento de no permitir un resquicio que ayudara a distender el ambiente de crispación social llevó al desbordamiento de la violencia. La llegada de miles de policías al estado de Oaxaca en los puntos de mayor tensión causados por los bloqueos carreteros, anunciaba el desencadenamiento de la violencia del estado en lugares sumamente explosivos. Ganaron las bombas y las balas de las fuerzas represivas del estado. La fuerza letal de las corporaciones policiales, como ya es costumbre, cobró varias vidas humanas. Arremetieron con toda su furia contra la población que solidariamente se mantenía en los bloqueos. Su fuerza destructiva la utilizaron para causar el mayor daño posible contra la población más indefensa.

Lamentablemente los organismos públicos de derechos humanos fueron incapaces de estar a la altura del conflicto. No lograron contener el desenlace fatal. Empequeñecieron ante la avalancha criminal de las corporaciones policiales. Es muy grave que ante situaciones sumamente críticas, donde la sociedad interpela al poder por sus acciones autoritarias, no haya en nuestra frágil democracia, contrapesos legales e institucionales que lo obligue a respetar la vida y la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la protesta.

Se dejó que los policías se encargaran de liberar por la fuerza las vías de comunicación, sin que se intentara buscar canales de interlocución que ayudaran a acercar a las partes con el fin de desactivar la tensión, por el contrario, dejaron que el ambiente se calentara para que ante cualquier provocación entraran en acción las fuerzas especiales de la violencia de estado. Fueron bombas, balas y sangre los saldos de esta reforma educativa criminal.

Esta es la marca de un régimen obtuso, que prefiere atentar contra la vida de la gente que desafía su poder en lugar de practicar la tolerancia y respetar los derechos humanos de las personas que protestan. El conflicto es sumamente denso y rebasa el ámbito meramente gremial. Está centrado en la disputa de país que queremos, en la forma de ejercer el poder y en la manera de establecer mecanismos de interlocución política para garantizar un régimen verdaderamente democrático. Con estas acciones represivas se cancela el diálogo civilizatorio y se cierra la posibilidad de avanzar dentro de los márgenes de nuestro marco constitucional y desde la perspectiva de los derechos humanos.

Ante la tentación de que se mantenga la posición dura del régimen es imprescindible emplazar a las autoridades estatales y federales que cesen las incursiones policiacas en el estado de Oaxaca. Es urgente el repliegue de las diferentes fuerzas represivas, para evitar un mayor derramamiento de sangre. Esta escalada de violencia nos llevará al túnel de la confrontación sin límites y al caos de la violencia institucionalizada. El camino no es reprimir a la población y al magisterio, se requiere abrir canales que permitan el acercamiento para la instalación de la mesa de diálogo que tanto han insistido los maestros y maestras de la CNTE.

Tiene que parar las hostilidades y la provocación por parte de las autoridades como condición mínima para distender el ambiente de confrontación. La causa del conflicto que está llevando al derramamiento de sangre, es la reforma educativa que excluyó a los maestros y maestras para su discusión. Este desprecio y trato discriminatorio hacia el magisterio, como personajes que no merecen desempeñar el cargo de docentes, ha llevado al gobierno a una polarización social cuyo único camino es la represión. Ahora resulta que esta reforma educativa está siendo un pretexto para atacar y acabar con el magisterio opositor, para encarcelarlos y matarlos.

Esta visión corta y autoritaria nos ha colocado en el despeñadero de la violencia. Se ha puesto enfrente de la población que protesta a centenas de policías para arremeter contra cualquier intento de los maestros y maestras de rediscutir y replantear la reforma educativa. Reiteramos a las autoridades que no caigan en la tentación de borrar del mapa a los actores incómodos, ni que apelen a la fuerza como el recurso más seguro para imponer sus reformas. Tienen que bajarse del pedestal y asumir que solo el diálogo con los maestros y maestras que se oponen a la reforma educativa es la única vía para arribar a la solución de fondo a uno de los problemas más sentidos de la población que ha sido excluida y criminalizada. Condenamos esta atrocidad para que se investigue y castigue a los responsables e instamos a las autoridades para que de manera inmediata se libere a los maestros detenidos y se instale una mesa de diálogo en la ciudad de México.