Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Rodolfo, la huella de tu presencia quedó grabada

en las luchas y los triunfos alcanzados a pulso

por los Pueblos Indígenas de Guerrero

Fue el sábado 14 de junio de 2003, en el marco del noveno aniversario de Tlachinollan, cuando Rodolfo Stavenhagen llegó al corazón de la Montaña. Un helicóptero puma de la fuerza aérea mexicana lo transportó de la ciudad de México a Tlapa acompañado de Xóchitl Gálvez, la primera directora de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI). La presencia de la funcionaria fue meramente protocolaria porque no participó en las actividades programadas dentro de su visita oficial a México como primer Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Indígenas.

Su visita a Guerrero tuvo sus complicaciones por las diferencias que había advertido entre las organizaciones indígenas del estado. La falta de un acuerdo básico sobre el itinerario de su visita y de los encuentros que establecería con indígenas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, puso en riesgo su presencia en la entidad. Una reunión previa en la ciudad de México, donde pudo conocer la diversidad de casos que enfrentaban pueblos y organizaciones indígenas por la reivindicación de sus derechos colectivos e individuales, Rodolfo tomó la decisión de viajar a Tlapa, para encontrarse con autoridades, dirigentes, representantes y organizaciones indígenas de Guerrero.

Fue en las oficinas del obispado de Tlapa el espacio más apropiado para escuchar los testimonios de la población agraviada. Rodolfo con el apoyo del Doctor Diego Iturralde registraron cerca de 12 testimonios, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales de 11 indígenas en la comunidad Na savi de El Charco, municipio de Ayutla, acaecido el 7 de junio de 1998. Documentó los casos de las indígenas del pueblo Me Phaa, Inés Fernández y Valentina Rosendo, que fueron violadas por elementos del ejército en febrero y marzo de 2002, en la región de Ayutla. Conoció la alta conflictividad agraria que enfrentan los pueblos y la falta de una atención apropiada para la resolución de sus conflictos. Escuchó los testimonios de los pobladores de los núcleos agrarios de Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Acatepec y Moyotepec. Varios líderes indígenas le relataron cómo son perseguidos y criminalizados por defender sus territorios, por defender sus bosques y por denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares. Hubo testimonios de tortura infligida por los elementos castrenses como el caso de Erika Zamora, sobreviviente de la masacre de El Charco. También varias autoridades indígenas mostraron su gran tenacidad al no bajar la guardia ante las autoridades para exigir servicios educativos, de salud y apoyos para la producción de alimentos. La situación de los derechos económicos, sociales y culturales fueron planteamientos recurrentes de quienes llevaban la representación comunitaria.

Es importante recordar que en este encuentro histórico estuvo presente Arturo Campos Herrera, quien en ese tiempo coordinaba la organización independiente de pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT). Como dirigente indígena narró cómo el ejército incursionaba en las comunidades, perseguía a sus autoridades y por organizarse de manera independiente, los señalaban como miembros de la guerrilla. Este hostigamiento la padecieron por varios años las comunidades indígenas de Ayutla. No solo fueron víctimas de persecución, también fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas sexuales y hasta ejecuciones, como la de El Charco.

En esta reunión estuvo presente el líder histórico Cirino Plácido Valerio, como representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica (CRAC-PC). Denunció la persecución y el hostigamiento que sufren los integrantes de la Policía Comunitaria desde el año 2000, por parte del ejército y las policías del estado. La persecución se concretizaba en detenciones arbitrarias por parte de la Policía ministerial, el desarme de sus integrantes por parte de los militares y la multiplicidad de órdenes de aprehensión emitidas por jueces distritales. Relató cómo las autoridades del estado, representadas por el secretario de gobierno, León Aponte, el procurador de Justicia, el secretario de seguridad pública, el delegado de la PGR en el estado y el comandante de la zona militar de Chilpancingo, en compañía de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado les dieron un ultimátum para que la policía comunitaria dejara de patrullar los caminos; se abstuviera de emitir órdenes de aprehensión. Que no se atreviera a ejecutar estas órdenes y que tampoco reeducara a los detenidos. Las órdenes fueron emitidas con el apoyo del gobernador y de la misma federación, el 23 de marzo del 2002. La advertencia era que si no acataban esa determinación serían desarmados y detenidos tanto los policías como las mismas autoridades de la CRAC.

Después de escuchar con sumo interés la diversidad de problemáticas narradas por sus mismos protagonistas, el relator manifestó que la situación de las violaciones a los derechos a los indígenas “es grave y seria” en todo el país. “Cada pueblo indígena tiene sus problemas especiales y tiene problemas serios que enfrentar, a veces son de una índole y a veces de otra, pero en términos generales podemos decir que hay violaciones generalizadas de derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, que se expresan de diferente manera y que requieren atención urgente por parte de las autoridades”.

Comentó que recogió muchos testimonios, “mucha información con respecto a diferentes tipos de problemas: conflictos agrarios, problemas de administración de justicia, desplazados por la violencia, marginación de las mujeres y los niños, falta de servicios como educación, salud, caminos y seguridad”.

Su informe fue presentado en diciembre de 2003 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el marco del 60° período de sesiones. Su recomendación al gobierno de México fue muy explícita: que “preste atención urgente a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revise a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrolle una política económica y social integral en beneficio de las regiones indígenas con participación activa de los pueblos indígenas y con especial atención a los migrantes, los desplazados, las mujeres y los niños, y que se revise la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos”.

En una segunda visita a Guerrero, en agosto de 2006, Rodolfo Stavenhagen viajó al poblado de Aguacaliente, municipio de Acapulco, donde se reunió con integrantes del Consejo de Ejidos y comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), quienes le manifestaron su oposición rotunda al proyecto hidroeléctrico y su decisión de defender sus tierras con la vida. Por su parte el Relator de la ONU manifestó que “el gobierno mexicano tiene la obligación de cumplir con la protección de los derechos humanos de los pobladores, como el derecho a la tierra, a la subsistencia, a la libre consulta y a la participación».

En su informe anual que entregó en marzo del 2007, el relator menciona “los abusos y violaciones a los campesinos indígenas del Estado de Guerrero que se oponen al proyecto de construcción en su territorio de la represa La Parota, que el Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la población”.

La contribución de Rodolfo Stavenhagen como relator de la ONU y como académico fue sumamente valiosa, porque impulsó las luchas de los pueblos indígena, las colocó en la tribuna más alta del mundo y asumió el compromiso de velar por los derechos de quienes defienden la tierra y su misma dignidad con la fuerza que les da su sola pertenencia a un pueblo indígena. Rodolfo no solo conoció los momentos más cruentos de la lucha: como las violaciones sexuales de Inés y Valentina, la masacre de los 11 indígenas de El Charco, la represión policíaca contra los miembros del CECOP, los asesinatos a causa de los conflictos agrarios y los encarcelamientos de los policías comunitarios. Tuvo también la dicha de ser testigo de las sentencias alcanzadas en la Corte Interamericana por parte de Inés y Valentina; de conocer los movimientos de resistencia de los pueblos contra los estragos de la militarización; los triunfos alcanzados por el CECOP en los tribunales agrarios; el reconocimiento de la CRAC-PC, en la ley 701 y la presentación ante la Comisión Interamericana el Caso de El Charco, solicitando su admisión.

Las luchas de los Pueblos Indígenas son el motor de las resistencias contra los megaproyectos. Hay un vasto conocimiento en los mismos pueblos y organizaciones indígenas sobre sus derechos plasmados en el Convenio 169 de la OIT. Hay un movimiento indígena de base que ha madurado en su lucha y defiende con gran fuerza su territorio contra las mineras. Han acudido a la Suprema Corte de Justicia para que se analice la inconstitucionalidad de la ley Minera. Este recurso ha obligado a las mismas empresas a retirar sus concesiones para evitar que el máximo tribunal tenga materia para debatir.

La honestidad intelectual de Rodolfo y compromiso probado con los pueblos indígenas lo demostró como Relator de la ONU. Estuvo en los lugares más recónditos de la Montaña como Metlatónoc y en los territorios de alta conflictividad agraria como los bienes comunales de Cacahuatepec. Nunca se arredró a pesar de los riesgos que corría y siempre estuvo al lado de los pueblos indígenas que con gran orgullo portan su identidad y defienden con la vida su patrimonio.

Rodolfo tu legado también quedó plasmado en la Montaña.