Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
En el marco de una discusión acalorada y escabrosa sobre la ley de seguridad interior que impulsa el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien cuenta con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y las principales fracciones parlamentarias, en nuestro estado, que ha sido escenario de hechos cruentos cometidos por las fuerzas armadas, nos encontramos al margen del debate nacional sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de militarizar la seguridad.
Recientemente los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa acudieron a una reunión con la junta de coordinación política de la cámara de diputados para supuestamente conocer su opinión sobre las iniciativas de ley de seguridad interior. Este llamado no fue tanto para una consulta seria sobre el tema, sino más bien para cerrar filas en torno a la ley de seguridad que impulsan principalmente el PRI y el PAN. Como siempre sucede con las las cúpulas políticas, hacen amarres previos para imponer leyes que mejor convengan a sus intereses económicos y a su estrategia de control político. No les interesa lo que siente y opina la sociedad. Las propuestas que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos, la academia, las organizaciones civiles y las organizaciones de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para las elites del poder, son irrelevantes. Fácilmente las descalifican por considerarlas riesgosas para la estabilidad social o porque ponen en entredicho el actuar de las fuerzas armadas. No hay disposición para promover un debate amplio y una discusión a fondo, a partir de una evaluación de los resultados alcanzados en la última década, cuando Felipe Calderón tomó la decisión de que las fuerzas armadas salieran a las calles a suplantar el trabajo de las policías para combatir con toda la fuerza del estado a los cárteles de la droga.
En el dilema de la discusión que ha surgido por las recientes iniciativas de una ley sobre seguridad interior se han dado posturas disímbolas que develan posiciones antagónicas protagonizadas por las fuerzas castrenses, por una parte y por la otra, por el movimiento de derechos humanos y las víctimas, que expresan dos maneras de entender la seguridad interna.
La visión que predomina en las cúpulas del poder civil y militar es fortalecer el frente de guerra contra los carteles de la droga, dejando de lado a una población inerme que ha tenido que soportar los estragos de una estrategia bélica centrada en destruir con las balas a los enemigos. El plomo nos ha destruido como país y los fusiles nos han colocado contra el paredón. Nadie escapa a estos frentes de batalla que se dan en las ciudades fronterizas, los centros turísticos, las autopistas, los centros de diversión, los tecnológicos, las escuelas y en las oficinas de gobierno. La forma como opera regularmente el ejército en sus enfrentamientos con grupos de la delincuencia es causando el mayor número de bajas posibles.
Según cifras del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el Ejército mexicano mata a 8 personas por cada una que hiere. Entre 2008 y 2014, el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con fuerzas federales) del Ejército y de la Marina fue de 10.4 y 16.8 respectivamente. Muy superiores al índice de 6.6 reportado por la Policía Federal.
Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2006 a 2016 ha registrado 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. 1,075 quejas y más de 14 recomendaciones en promedio al año.
En la esfera presupuestal desde el 2007 hay una tendencia ascendente en cuanto al gasto destinado a las fuerzas armadas, que se tiene previsto hasta el fin de este sexenio. La apuesta de la administración Peñanietista incluye sostener el nivel de operaciones militares, aumentar el número anual de horas dedicadas al patrullaje del espacio aéreo de México y a la fabricación de nuevas armas.[1]
La discusión sobre la ley de seguridad interior cuenta con un respaldo económico y una posición política de endurecer las acciones de fuerza con la participación del ejército para garantizar un mayor control territorial y de la misma población. ¿Por qué tanto ejército en los Estados pobres como Guerrero donde la sociedad reclama derechos y se erige como un actor de cambio? ¿Para qué tanta artillería en lugares donde persisten cifras escandalosas de muertes maternas, desnutrición infantil, déficit alimentario y altos índices de analfabetismo? ¿Son los militares apertrechados con su equipo bélico los que van a salvar a las familias que han perdido a sus hijos en esta guerra cruenta y que claman justicia? ¿Acaso hacen falta más militares y más armas en Guerrero? ¿Para este régimen que le ha hecho la guerra a los pobres no le ha bastado la cifra de seiscientos desaparecidos en los años de la guerra sucia, ni han sido suficientes las masacres como las del Charco, Tlatlaya y Tanhuato? ¿Por qué las autoridades federales sólo se empeñan en hablar de que hay voces que quieren lastimar al ejército y no ven el daño que han causado a quienes han sido víctimas del uso letal de su fuerza?
Lo que hoy constatamos en la lucha intestina que se da en el congreso no sólo es la disputa de una Ley de Seguridad Interior, sino de un paquete regresivo de legislación que busca reglamentar la presencia de las fuerzas armadas y la marina en actividades de seguridad pública, para debilitar aún más los controles civiles. Las propuestas de ley de seguridad interior, las reformas al Código de Justicia Militar y a Ley contra la Delincuencia Organizada, son ejemplos de embate regresivo que no sólo van contra la constitución, sino que contravienen un sinnúmero de recomendaciones de organismos internacionales que en Guerrero se expresan en los casos de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández, los Campesinos Ecologistas y Ayotzinapa.
Dentro de este escenario trágico donde las voces de las víctimas han sido excluidas para toma de decisiones en los temas que están definiendo un nuevo derrotero político en nuestro país, la ley de seguridad interior ha desplazado otras iniciativas de ley que han colocado a las víctimas en el centro de la discusión nacional como la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y la Ley General sobre Tortura. El poder que ha adquirido el ejército como un actor político de mucho peso ha logrado imponer su agenda legislativa inclinando la balanza a su favor, al promover una Ley de Seguridad Interior centrada en el uso de la fuerza para excluir un modelo de seguridad basado en el respeto a los derechos humanos.
Hoy tenemos la oportunidad de discutir estas propuestas de Ley en los Estados golpeados por la violencia y la militarización, como Guerrero y otros. Debemos abrir un debate vigoroso, democrático y plural que enfatice la necesidad de contar con una Ley de seguridad que ponga en el centro a las víctimas de la inseguridad y la violencia. Repensar el diseño de un modelo policial democrático, profesional, bajo controles que aseguren la rendición de cuentas. El desafío es cómo revindicar el paradigma de la seguridad que se cimenta en la protección de los derechos humanos tal como lo plantean los organismos internacionales como la ONU y la CIDH, así como se ha podido practicar en países que privilegian una estrategia integral para la prevención del delito y la profesionalización de sus cuerpos policíacos.
En Guerrero tenemos heridas abiertas provocadas por la militarización en tiempos pasados y actuales, que nos impiden consolidar nuestra democracia. Los centenares de víctimas han tenido que salir a las calles a protestar para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos, para demandar verdad, justicia, reparación integral y castigo a los responsables. La nueva Ley de Seguridad Interior nada les garantiza que la espiral de violencia termine, por el contrario, el régimen de excepción nos hundirá en el pantano de la impunidad, brindándole al ejército todas las garantías para abatir a las ciudadanas y ciudadanos que considera como sus enemigos.
Ante las voces gubernamentales y algunos actores empresariales que consideran que la solución a los problemas de violencia es sacar a las fuerzas armadas a las calles para que se hagan cargo de la seguridad, este martes 28 de marzo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, realizamos un foro para discutir esta Ley, para dar voz a las víctimas de los embates de las fuerzas armadas en el Estado. El foro contó con la mirada de las organizaciones nacionales y locales de derechos humanos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.
[1] Información recabada del Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018. Cfr. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013