Opinión | Una consulta increpada por los mestizos

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Toda nuestra solidaridad y reconocimiento

al trabajo de la defensora Neil Arias,

de la periodista Carmen González

y respeto a la señora Yaquelin Cruz Nemorio.

En el marco de los foros de consulta,  que a nivel nacional ha convocado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para impulsar una iniciativa de reforma constitucional, que reconozca a los pueblos como sujetos de derecho público,  en nuestro estado se programó la realización de dos foros para este domingo 7 de julio. En la cabecera de Copala se convocó a la población afromexicana para abrir la discusión en torno a problemas específicos que han sido ignorados por parte de los grupos parlamentarios que no toman en cuenta las demandas de esta población. En la cabecera de Ayutla de los Libres, los organizadores valoraron que era muy importante que el nuevo Concejo Municipal Comunitario, se encargara de difundir y organizar esta consulta.

Esta iniciativa no previó que en la cabecera municipal, donde existen grupos de poder controlados por la población mestiza, que aún no asimilan el nuevo sistema de gobierno basado en los usos y costumbres de los pueblos indígenas, se harían presentes para boicotear la consulta. A nueve meses de que tomó posesión el nuevo Concejo Municipal Comunitario, existe malestar entre los sectores económicos acomodados, que no toleran que miembros de la población indígena se erigan ahora como autoridades del municipio. Han aprovechado cualquier falla que logran detectar al interior de la nueva administración, para cuestionar esta forma de gobierno.

La protesta que mantienen los ex trabajadores del ayuntamiento, por los laudos laborales ganados desde administraciones pasadas, ha sido un buen recurso para hacer creer a la población en general de que el nuevo Concejo Municipal  es incapaz de atender las demandas de este grupo. Las complicaciones normales que tienen que pasar las nuevas autoridades, para lograr asentarse en esta responsabilidad pública, con el fin de darle otro cause a las demandas más sentidas de la población indígena, ha sido interpretada por sus adversarios como una administración fallida. Remarcando ante todo la postura racista y etnocéntrica, de que los indígenas no saben gobernar.

La organización de esta consulta hizo evidente lo que está sucediendo al interior del municipio. Hay un rejuego de fuerzas políticas protagonizadas por caciques locales que han lucrado por décadas con los cargos públicos, que buscan cualquier coyuntura para posicionarse y poner en entredicho a las autoridades en turno. Invierten recursos y tiempo para tratar de meter cuña y llevar agua a su molino. También supieron aprovechar la difusión del foro de consulta voceando en las colonias que el INPI, venía para preguntarle a la gente si está de acuerdo con la forma de gobernar del Concejo Municipal. Con gran sagacidad supieron colocar el tema que les interesa, plantearon que se sometería a votación si  seguiría o se cambiaría el gobierno municipal. Por lo mismo, el tema de la consulta sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que busca ampliar los derechos para hacer realidad sus demandas centradas en la libre determinación y el ejercicio de su autonomía, para revertir los procesos de discriminación racial y desigualdad social, no son temas que les interese abordar. Por el contrario, se ubican en la corriente que aún persiste en los partidos políticos y las élites económicas de que los pueblos indígenas y afromexicanos tiene que integrarse y se asimilados por el modelo económico imperante y la cultura dominante. Por lo mismo ser indígena, hablar una lengua diferente al castellano, regirse por normas comunitarias, tener una cosmovisión diferente al mundo occidental y defender el territorio como un espacio sagrado, deben desaparecer, porque para quiénes se sienten superiores por el color de su piel, por la lengua que hablan y por la cultura que portan, se trata de vestigios de la barbarie. Son rasgos de una indianidad que para ellos representa atraso e inferioridad.

Hemos constatado que en nuestro país y obviamente en Guerrero persiste el desprecio a la población indígena. Hay un racismo muy acendrado que se transmite desde el seno familiar y se institucionaliza en los espacios educativos. Se mantienen vigentes los estereotipos para denigrar la dignidad de la población indígena. Las ofensas que más duelen son las que nos remiten a nuestro origen indígena. Tanto en los medios de comunicación como  en las instituciones públicas se maneja un trato diferenciado hacia la población indígena. Se cultiva en automático el rechazo a los indígenas por su porte, su forma de hablar y su manera de relacionarse con los demás.

Esto explica por qué no se acepta que los indígenas que reivindican su identidad y se expresan orgullosamente de lo que son, genera sentimientos de rechazo y hasta de odio. Lo que hoy protagonizó  el grupo de mestizos en el foro de consulta fue muy representativa. Exigían su registro como mestizos, no como indígenas, se colocaron en primera fila porque sienten que esos son los lugares que les corresponde. No toleraron de que estuvieran al frente indígenas que ostentan ahora un cargo público y que les toca dirigir el nuevo rumbo que han marcado los pueblos Na Savi y Me´phaa de Ayutla de los Libres. Por eso no tuvieron ninguna respeto hacia ellos y ellas, al contrario fue la oportunidad para demostrar su superioridad de hacerlos sentir que para ellos no valen nada. No  fue de su interés dialogar, mucho menos presentar propuestas para garantizar una ampliación de los derechos de los pueblos indígenas. Su plan fue otro. Impedir que se realizara el foro, por que esto significaba que los más de mil indígenas que se registraron expresaran su palabra en sus lenguas maternas e hicieran sentir su clamor de justicia, denunciando los abusos, los tratos discriminatorios y la explotación de la que han sido objeto por parte de la población mestiza acomodada.

Demostraron que no sólo están en desacuerdo con la consulta, sino que su protesta es contra el modelo de gobierno, contra la desición que tomaron los ciudadanos  y ciudadanas de este municipio de elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Y rechazar el sistema de partidos. Por eso los increparon a los miembros del Concejo Municipal, los agredieron, los ofendieron y sin ningún rubor tiraron los símbolos sagrados que representan el poder de los pueblos. Concentraron su odio contra los indígenas, quiénes optaron por mantener la calma y guardar compostura ante una provocación, que buscaba desencadenar una confrontación a golpes.

Más allá del formato de la consulta promovida por el INPI, de los tiempos planeado para su realización, de los temas planteados, este  foro vino a condensar la lucha sórdida que se da en varias regiones indígenas del país, donde los grupos de poder no están dispuestos a que los pueblos indígenas sean gobierno y ejerzan sus derechos a plenitud. Pugnan para que se mantenga una sociedad estratificada, con cotos de poder, donde se siga ensanchando la brecha de la desigualdad, con el fin de extinguir a la población indígena. La lucha por los derechos de los pueblos a costado sangre y muerte a lo largo de nuestra historia. La supremacía de los blancos que se manifiesta en los gobiernos de primer mundo, como sucede ahora en Estados Unidos, se reproduce en nuestros países, cuyas élites se sienten descendientes de los europeos y por lo mismo se asumen como la casta privilegiada. En diferentes épocas han declarado la guerra a los indígenas que reclaman un trato justo y se niegan a seguir siendo explotados.

El levantamiento de los indígenas zapatistas en Chiapas, es el ejemplo más reciente de cómo los pueblos no encuentran otra alternativa para acabar con este sistema colonial, que declararle la  guerra al mal gobierno. Pugnaron por una reforma constitucional que en verdad los reconociera como sujetos de derechos y respetara su libre determinación. Su lucha cimbró al sistema político de nuestro país, puso en jaque a los mismos partidos y logró colocar en la agenda nacional el tema de los derechos de los indígenas. Le apostaron al diálogo en aras de que el congreso federal aprobara los Acuerdos de San Andrés Larraizar, donde se lograron  plasmar planteamientos básicos que representaban el sentir de los pueblos indígenas de México.

Los legisladores y legisladoras hicieron causa común para reducir a su mínima expresión los derechos de los pueblos en el texto constitucional. Traicionaron  los Acuerdos de San Andrés y fueron causantes de que el conflicto estructural que se viene arrastrando con los pueblos indígenas, se agudizara y se ahondara más esta polarización social y racial que han robustecido los gobiernos con el modelo económico basado en la rapiña.

La lucha de los pueblos indígenas de Ayutla es un ejemplo de tenacidad y resistencia, es una demostración de su capacidad para unir fuerzas y pelear al interior de las instituciones para  que se les reconozca sus derechos políticos. Lo que lograron en el pasado proceso electoral, fue algo inédito. Decidieron en asambleas elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Fue un mandato popular que tienen que respetarse por todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es grave la forma en que increpan los mestizos a las autoridades indígenas quiénes ocupan esos cargos para servir y obedecer al pueblo que los eligió.

Esta lección debe tomarse en cuenta, para que las consultas se realicen en los espacios comunitarios, donde la asamblea sea la máxima autoridad que determine cómo organizarse y que propuestas plantear. Es importante escuchar a todos y a todas, pero tiene que hacerse en un ambiente de respeto, de diálogo y tolerancia. Los pueblos indígenas han tenido mucha paciencia y han sabido también decir basta, cuando la situación es extrema, por eso las autoridades federales y estatales atender en su justa dimensión la agenda de los derechos de los pueblos indígenas e impulsar una reforma constitucional que retome los Acuerdos de San Andrés Larraizar y reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derechos públicos, para acabar con tratos discriminatorios y políticas etnocidas.