OPINIÓN | Violencia Electoral en Guerrero

Las imágenes de los despliegues de fuerzas antimotines estatal y federal, así como de Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero dan cuenta de la magnitud en la regresión a las prácticas más autoritarias de una democracia de casillas que se quiere imponer con violencia por encima de conflictos sociales no resueltos.

En el marco de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, los gobiernos estatal y federal buscan a toda costa restringir y reprimir las distintas expresiones de descontento social ante un sistema político sumamente cuestionado por los altos niveles de colusión con el crimen organizado e impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.

El escenario que se vislumbra no es el de la consolidación de un régimen garantista del pleno ejercicio del derecho al voto, sino el de uno que impone la restricción de garantías de un sector amplio de la sociedad civil, que se ha organizado en un movimiento que ha cuestionado el sistema de partidos amafiados con grupos criminales y ha llamado a la sociedad guerrerense a no salir a votar.

Los riesgos de esta violencia electoral que se vislumbran a dos días de la jornada electoral no se encuentran en los grupos del movimiento social que han dejado claro su posición frente a las propuestas partidistas que no ofrecen ninguna condición para arribar a un cambio y a mejores condiciones ante la violencia generalizada y que no garantizan que sus candidatos y candidatas estén desvinculados de los grupos de la delincuencia organizada. Para la sociedad, los riesgos inmediatos están en los grupos vinculados a los partidos políticos coludidos con grupos criminales y que acechan a la población; estos grupos han generado una mayor polarización, reflejada en hechos como los sucedidos en Tlapa durante la semana y que alcanzaron su momento cúspide el día de ayer, cuando la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en una acción de protesta contra las elecciones. Durante los hechos, la fuerza de seguridad estatal permitió y respaldó la acción violenta de un grupo de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que agredieron a los manifestantes, lo que tuvo como resultado al menos dos decenas de heridos, dos de ellos de gravedad. Estos hechos de violencia se han vuelto reiterativos en los lugares de mayor confrontación política dando pauta para que los grupos del viejo régimen vuelvan por sus fueros en estos momentos donde amplios sectores de la población demandan cambios estructurales.

En ese mismo escenario, es particularmente preocupante la situación de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde los estudiantes y padres de familia de los jóvenes desaparecidos forzadamente en Iguala son víctimas del acoso y hostigamiento de las fuerzas de seguridad, las cuales mantienen sitiada a la institución con retenes de policía estatal y federal, así como de las Fuerzas Armadas, en las tres vías que conectan a la ciudad de Tixtla. No sólo impiden el paso libre a los estudiantes y familiares, sino a la prensa y otros grupos de la sociedad civil que buscan documentar y observar la situación actual de la Normal y la cabecera de ese municipio.

Sin embargo, el riesgo mayor – a mediano plazo – es la consolidación de un narcogobierno en los distintos municipios del estado, como el de Abarca en Iguala, ese que las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han venido denunciando desde que tres de sus hijos fueron ejecutados y 43 más desaparecidos por elementos de la policía municipal coludidos con el crimen organizado, bajo la complicidad de autoridades estatales y federales que tenían registro de lo que pasaba en la región. Este riesgo es cada vez más tangible para la sociedad guerrerense debido a que las autoridades se niegan a investigar las relaciones entre esos grupos criminales con las más altas esferas del gobierno estatal y federal, así como con las distintas fuerzas de seguridad, incluidas el Ejército.

Son estos grupos políticos intocables los mismos que, por medio de sus partidos políticos, se negaron a pronunciarse sobre estrategias reales que tengan como objetivo combatir las causas estructurales de la colusión y la violencia generalizada que afecta a la población.

Por eso, el proceso electoral que se desarrolla el día de hoy se lleva a cabo en medio de diversos cuestionamientos y un contexto social polarizado, que deviene de meses de falta de diálogo. La violencia que se suscitó en la ciudad de Tlapa es un mal augurio, porque ante la falta de legitimidad de los partidos políticos de cara a una sociedad indignada y crítica han optado por alentar la formación de grupos de choque para enfrentar al movimiento que se ha pronunciado públicamente contra el proceso electoral. Lo más grave y sumamente peligroso es que estos grupos cuenten con el respaldo por las fuerzas de seguridad que están consintiendo que la violencia se desborde y que enturbien aún más el ambiente de crispación social que ya existe. De igual forma, el despliegue aparatoso de las fuerzas federales y del Ejército son una real amenaza para que la violencia se enseñoree nuevamente en nuestro estado.

En ese marco, hacemos un llamado a las autoridades para que la tentación de la regresión autoritaria que privilegia el uso de la fuerza para contener el descontento social, no nos coloque en el despeñadero de la represión.