PROGRAMA DE RADIO | Conflictividad agraria a tropel en la Montaña de Guerrero

PROGRAMA DE RADIO: TLAJTOLTLAPALEHUILISTLI «LA PALABRA QUE AYUDA»

Los invitamos a escuchar el programa de radio, en la voz Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.

En el filo de la Montaña de Guerrero, donde el viento frío, la lluvia, la tierra y el fuego sintetizan la vida comunitaria, ahí donde el despunte del alba sale a temprana hora, como la niebla abraza los cerros al atardecer, las comunidades indígenas en plena crispación social.

En los conjuntos de caseríos de láminas y bajareques en los lomeríos, veredas y barrancas se pinta la línea de fuego por la conflictividad de las tierras que se dirimen apunta de bala. Es el caso de la confrontación es histórica y añeja entre los núcleos agrarios de Malinaltepec y Alacatlatzala.

En el programa de radio Abel Barrera, director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, aborda las políticas de Estado que llevaron a las comunidades indígenas a la agudización con sus conflictos agrarios. «El paulatino abandono del campo, por parte de los gobiernos de corte neoliberal, corrió de manera aparejada con la alta conflictividad agraria, que desde hace 28 años se dirime fuera del marco constitucional que nos rige. Con la reforma al artículo 27, impuesta por Salinas de Gortari, se declaró el fin del reparto agrario, protegiendo los latifundios y sepultando la máxima zapatista de que la tierra es de quien la trabaja. Se dio entrada a una nueva normatividad con la aprobación de la ley agraria, la ley minera, la ley de aguas nacionales y la ley forestal, todas ellas conformaron el entramado jurídico para facilitar la privatización de la propiedad social, colocando a los territorios indígenas en las galerías del mercado internacional. Esta nueva institucionalidad abrió la puerta para la llegada de las empresas extractivistas, que encontraron un asidero para la renta de la tierra a través de la figura generosa de los convenios de ocupación temporal, que permite al modelo extractivista entrar a los territorios comunales para explotar los bienes naturales, destruyendo el hábitat».

Continuá, la privatización de los territorios comunales fue promovida como una reforma campesina que permitiría dar fin a las injusticias y pobreza prevalecientes en el agro mexicano. Salinas de Gortari arengó a los dirigentes campesinos, con la idea falaz de que llegaba la justicia al campo, para supuestamente reintegrarle a los campesinos el poder, con el fin de manejar la tierra y sus recursos con autonomía. Habló de la certidumbre en la tenencia de la tierra, que permitiría la reactivación económica del campo. Esta certeza jurídica, no estaba diseñada para los campesinos, si no para los empresarios extranjeros, quienes exigían un marco legal que les asegurara sus inversiones en los territorios con gran potencial económico.

Las instituciones encargadas de atender al campo, se enfocaron a implementar programas de privatización de las tierras ejidales. Por lo mismo, el reemplazamiento de la Secretaría de la Reforma Agraria por la Procuraduría Agraria, fue para promover y aplicar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), dejando en último término la atención de los conflictos agrarios.

Esta problemática añeja quedó supeditada a las nuevas prioridades de inversión capitalista, que los gobiernos le imprimieron con el tratado de libre comercio. Los conflictos agrarios trataron de sofocarlos con el programa conocido como Focos Amarillos, en la administración de Vicente Fox. Posteriormente, cambio de nombre y funcionó como el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que lamentablemente no resolvieron de fondo la alta conflictividad agraria que sigue costando muchas vidas entre las comunidades rurales, que mantienen una disputa a muerte, por sus límites territoriales.

La confrontación armada que se dio el domingo primero de noviembre, entre las comunidades indígenas de Alacatlazala y Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, forma parte de una agresión sistemática que ha sido dirimida con las armas. En este año las incursiones violentas iniciaron desde el mes de abril, cuando se da la preparación de los terrenos. Durante ocho meses los pobladores han vivido en la angustia permanente, ante la ausencia de las autoridades federales, que se han desentendido de estos problemas añejos, que persisten en varias comunidades del país. No fue casual que también se reactivara, en esta semana, el conflicto que existe desde hace décadas entre los pueblos nauas de San Agustín Oapan con San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco en la región Norte. Las autoridades agrarias se han desgastado en reuniones intrascendentes con las autoridades del estado que sobrellevan los conflictos, dejando que los tribunales emitan sus resoluciones, que al final de cuentas no son acatadas, dejando a la deriva una solución de fondo.

«Entre los comuneros existe una gran decepción por el tratamiento burocrático, que las autoridades del estado, les han dado a sus conflictos agrarios. Esta situación no es exclusiva de estos núcleos agrarios. En este año se reactivado el conflicto entre San Juan Huaxoapa, municipio de Metlatónoc y Tierra Blanca, municipio de Cochoapa el Grande.   Los saldos rojos de esta conflictividad agraria que se vive en el estado, son de extrema preocupación: hay niños asesinados, comuneros desaparecidos, personas mayores asesinadas, viviendas quemadas, personas armadas atrincheradas, así como balaceras diurnas y nocturnas. Es una situación extrema donde no impera el estado de derecho, sino la ley de las armas. Esta violencia agraria no tiene su origen en un deseo innato de los pueblos por confrontarse violentamente, sino que tiene como causa principal la ausencia del Estado», destaca Abel Barrera.