PRONUNCIAMIENTO DEL FORO SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
En México sí existe una grave crisis de derechos humanos. Integrantes de organizaciones civiles, grupos, movimientos, colectivos sociales e investigadoras e investigadores, defensores de derechos humanos que documentamos y acompañamos múltiples casos de violaciones a derechos humanos en México, entre ellos las violaciones a familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, hemos hecho del conocimiento de todas las instancias nacionales las graves violaciones a los derechos humanos que están afectando a la población mexicana. Ante la falta de verdad y justicia real del Estado mexicano, estamos recurriendo a instancias internacionales para denunciar lo anterior.
En nuestro país se están violando los derechos humanos de forma sistemática y generalizada, sin embargo no es algo nuevo, desde hace décadas viene ocurriendo con total impunidad. Esta situación se ha venido agravando hasta llevarnos a la crisis y brutalidad de crímenes que vivimos actualmente. En este contexto, las organizaciones aquí reunidas externamos nuestra profunda y urgente preocupación ante la omisión del Estado por no garantizar la efectiva protección de los derechos humanos y atender a sus obligaciones nacionales e internacionales.
No podemos dejar de señalar la complicidad e impunidad que existe y ha sido documentada en diversos casos de los diferentes niveles de gobierno y autoridades con grupos paramilitares y el crimen organizado en buena parte del territorio nacional.
Esta participación ha sido documentada en 58,381 quejas interpuestas en el periodo del 2004 al 2014 ante CNDH por detenciones arbitrarias y en ello también han sido documentados 17,000 casos por tortura, tratos crueles e inhumanos.[1]Esas detenciones se han llevado a cabo por parte de las fuerzas del Estado para alimentar y justificar la criminalización y la idea de un enemigo común ante la opinión pública bajo el contexto de la guerra contra el narcotráfico desde 2006 hasta hoy.
Es importante subrayar que durante ese tiempo se han contabilizado también 26,599 desapariciones forzadas en todo el país[2], de las cuales señalamos además que miles de casos de desaparición no presentan mayor progreso para su localización por parte de las autoridades e instancias correspondientes.
La desaparición generalizada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y las decenas de fosas encontradas posteriormente tan sólo en ese mismo municipio, abrieron una verdad que se pretendía ocultar durante esta administración y que ha puesto de manifiesto una mínima parte de la gravedad que vive México en lo referente a estas violaciones.
Solamente de noviembre de 2014 a mayo de 2015 en esa zona se han recuperado a través de la búsqueda ciudadana 104 cuerpos, de ellos sólo 10 han sido identificados y entregados a sus familiares. Lo anterior sin el respaldo de peritos independientes que hayan verificado la autenticidad de ello, según consta en testimonios del grupo conformado por “Los otros desaparecidos de Iguala” y recibidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Frente al Informe preliminar de la CIDH difundido el 9 de octubre del año en curso, el gobierno mexicano respondió diciendo que “Iguala no es México”. Sin embargo, esto se viene repitiendo de forma extensiva y escalada en diversas partes del país, donde en la búsqueda de personas desaparecidas se han encontrado cientos de fosas clandestinas con cuerpos.
En el contexto de la guerra contra el narcotráfico durante el periodo 2006-2012, en la administración de Felipe Calderón, las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles fueron consideradas como “daños colaterales”; en el actual gobierno de Peña Nieto sin más se ha omitido esta grave violación a los derechos humanos para cuidar la imagen del actual gobierno.
Es hasta el informe del caso Tlatlaya emitido por el Centro Prodh que se evidencian de forma contundente las faltas al debido proceso, justificando la muerte de supuestos delincuentes.
Además, en muchos casos se han utilizado las ejecuciones extrajudiciales pretendiendo acreditar la muerte de personas como casos aislados y que en realidad defienden su territorio y demás recursos naturales.
El Estado mexicano ha cometido graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática y generalizada, además de haber incumplido las obligaciones internacionales que ha ratificado en tratados y convenios relativos al tema. Por todo lo anterior, las organizaciones aquí presentes, respaldamos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo expuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se enumeran y denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos testimoniadas y documentadas en todo el país. Exhortamos de forma urgente a la sociedad mexicana a la participación, organización y articulación para exigir que el gobierno de México acate y dé seguimiento irrestricto y puntual a todas las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales al respecto, asuma sus obligaciones y responsabilidades y ponga fin al grave y preocupante escenario de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos que estamos viviendo en México.
Por todo lo anterior:
1. Exigimos que las diversas instituciones del Estado (de los tres niveles de gobierno) implicadas o señaladas en crímenes contra la población civil se investiguen y castiguen para obtener una justicia real y la verdad de todos los casos de víctimas poniendo especial énfasis sobre desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
2. Así mismo, hacemos una exigencia al Estado mexicano para que ponga fin de forma inmediata a la criminalización de las víctimas, a sus familiares, a las personas defensoras de Derechos Humanos que les acompañamos, así como a las y los periodistas que han mostrado a la opinión pública la grave crisis que vive México en esta materia.
ATENTAMENTE
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos
Humanos por la Justicia, Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.,
Tribuno Popular, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., y Colectivo Contra la tortura y la Impunidad.
[1] Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
[2] Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.