Pueblos indígenas de Guerrero: sin derechos y sin políticas públicas

A los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero

 que fueron víctimas del colonialismo atroz.

A pesar de la esclavitud impuesta por los colonizadores,

defendieron con sus vidas nuestra patria.

Al lado de Morelos y de Guerrero

nos enseñaron a pelear contra los opresores

y a dar la batalla en la cima de las montañas.

A la antropóloga Mercedes Olivera Bustamante,

defensora de los derechos de los pueblos indígenas.

Luchó toda su vida por un mundo sin explotación, ni opresión.

Precursora del feminismo construido desde la base comunitaria.

Ejemplo de coherencia y perseverancia en sus ideales de justicia.     

 

A 10 meses del nuevo gobierno morenista presidido por la maestra Evelyn Salgado Pineda, los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero enfrentan los mismos problemas que han padecido con los gobiernos caciquiles, al no ser atendidos de manera prioritaria y con el respeto que se merecen. A pesar de que en el mismo plan de desarrollo se tiene un registro del 65.5 por ciento de población que se encuentra en situación de pobreza y el 26.8 por ciento se ubica en pobreza extrema, así como un 3 por ciento está catalogada como población vulnerable por falta de ingresos, no vemos que en sus objetivos, estrategias y líneas de acción le den un tratamiento adecuado a los grandes desafíos que existen en nuestro estado para arribar a una verdadera transformación social.

Este contexto de alta marginación muestra un panorama desolador. El analfabetismo de la población guerrerense oscila entre un 10 y 20 por ciento, sobre todo, en las personas mayores de 15 años. En las zonas rurales están ausentes los servicios básicos de educación, en las mismas localidades es imposible que los niños y jóvenes logren culminar sus estudios en educación básica. La población económicamente activa es analfabeta y por lo mismo, no pueden acceder a fuentes de trabajo mejor remuneradas. Sus ingresos los obtienen únicamente como trabajadores de la construcción o como jornaleros agrícolas, percibiendo un sueldo que va de 100 a 200 pesos diarios en condiciones sumamente indignantes. Se trata de una población marginal, que además de ser explotada y discriminada, es excluida en su mayoría de los programas federales.

En las regiones indígenas del estado no hay fuentes de trabajo, los jefes y jefas de familia se desempeñan como sembradores precarios, que llegan a cosechar menos de media tonelada de maíz. Lo poco que recogen de su parcela lo consumen en tres meses. Los nueve meses restantes tienen que sobrevivir como mozos en las ciudades o jornaleros en las empresas agrícolas. Las dependencias del gobierno del estado no están focalizadas para atender a las familias pobres que requieren de apoyos para garantizar su alimentación diaria. Hasta la fecha sigue reproduciéndose el mismo esquema burocrático y desatento de los funcionarios del estado que en su mayoría desconocen el drama que enfrentan las madres y padres de familia, que no tienen ingresos. No existe un programa orientado a revertir la desnutrición infantil, sobre todo en las niñas y niños indígenas que viajan con sus papás o mamás a los campos agrícolas. Las madres de familia, además de ser discriminadas y maltratadas por la población masculina, enfrentan severos problemas nutricionales que se complican en los meses de gestación y que se agravan en los momentos más críticos del parto.

Las instituciones de salud del estado mantienen el mismo esquema de cobros a las familias pobres, sobre todo, a quienes pertenecen a un pueblo indígena. En las comunidades no se ha resuelto el desabasto de medicamentos y la ausencia de enfermeras y médicos que proporcionen un servicio gratuito, y acorde a las condiciones socioculturales de la población. Los niños y niñas indígenas siguen muriendo en las comunidades y en los mimos hospitales, debido a la falta de personal médico y de infraestructura hospitalaria. Estas responsabilidades que son inherentes a cualquier gobierno, dejan en total indefensión a las familias que no cuentan con ingresos seguros por parte del padre o la madre.

El circulo vicioso de la indolencia gubernamental resulta benéfico para los servicios médicos privados, sobre todo en las cabeceras municipales, como Tlapa y Ometepec, donde llegan los enfermos de las comunidades indígenas, que no son atendidos en los centros hospitalarios. Son víctimas del atraco, porque tratan a los pacientes como mero negocio, sin proporcionar una atención profesional y eficiente que justifique las altas tarifas por los servicios que ofrecen. Los traslados de pacientes a la capital del estado los siguen sufragando los familiares pobres de la Montaña. Tienen que pagar la gasolina, los viáticos del chofer y del médico que acompaña. Les cobran de 4 mil a 6 mil pesos por el viaje, sin que se busque la manera de apoyar a los pacientes de escasos recursos.

Continúan los casos de madres de familias indígenas de bebés prematuros, que se ven obligadas a sacar a sus niños de los hospitales por lo oneroso del tratamiento. En el hospital de la madre y el niño indígena de Tlapa, el personal médico les entrega las recetas para que compren las medicinas en farmacias particulares. Para el tratamiento de bebés que se encuentran en incubadora las mamás han llegado a gastar de 20 a 60 mil pesos. No sólo se quedan endeudadas por muchos años, sino que continúan con la pena de que sus pequeños bebés requieren tratamientos especiales. Esta situación ha incrementado el número de muertes infantiles, sin que las autoridades de salud busquen la manera de salvar las vidas de la niñez indígena de la Montaña y Costa Chica.

Las niñas indígenas desde pequeñas las llevan a la parcela para acompañar a sus padres, recogen algunas varas para ayudarle a la mamá con el acarreo de leños para el fogón de su casa. También cargan sobre su espalda a sus hermanitos recién nacidos para que su mamá pueda realizar la multiplicidad de quehaceres domésticos, que durante el día y parte de la noche tienen que realizar. Las niñas son las que menos van a la escuela porque sus padres prefieren que se casen muy temprano en lugar de que concluyan la educación primaria. Lo grave de esta situación es que se han mercantilizado las uniones matrimoniales, generando un clima de violencia contra las niñas que son tratadas como seres sin derechos. Hasta la fecha las autoridades no han focalizado su atención en estas localidades para poner a salvo a las pequeñas y evitar matrimonios forzados.

La escuela en las comunidades indígenas no representa un bien tangible para las madres y padres de familia, por el contrario, resulta ser una carga, tanto por los trabajos que tienen que realizar en la escuela, como por las cooperaciones constantes que les piden para sufragar los gastos de mantenimiento, limpieza y falta de agua. También tienen que disponer de algunas monedas para que su pequeños niños y niñas puedan comprar alguna golosina durante el receso. Las becas de bienestar no llegan a todas las familias, y aún quienes adquieren ese beneficio, resultan insuficientes los recursos para sufragar los altos costos de la canasta básica. La deserción escolar se incrementó a causa de la pandemia y el rezago educativo es alarmante. Las madres y padres de familia se han visto obligados a protestar tomando carreteras, para exigir la construcción de aulas y la contratación de maestras y maestros indígenas. Aún con esas movilizaciones las escuelas tienen graves carencias que inhiben la asistencia de los niños y niñas.

El panorama de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas es sombrío. No hay visos de una nueva política social que involucre a la población indígena, y que al mismo tiempo, haya mayores recursos financieros para mitigar la multiplicidad de necesidades básicas. Las dependencias públicas no cuentan con presupuesto suficiente, por esa razón evaden a la población y trasladan los problemas a otras dependencias sin que nadie les de respuestas satisfactorias. Hay un abandono institucionalizado, la ausencia de las autoridades municipales es sistemática. Ya encontraron la fórmula de dejar a funcionarios menores en sus oficinas para batear todas las solicitudes, con el argumento de que no se encuentra la autoridad municipal. La acción gubernamental se reduce a meras acciones clientelares, a la inauguración de obras que sólo sirven de relumbrón y se publicita en las redes sociales la entrega de apoyos nimios, para aparentar su cercanía y su solidaridad con las comunidades abandonadas.

En Guerrero estamos lejos de que el gobierno morenista le imprima un sello diferente para hacer realidad el slogan de AMLO primero los pobres. No hay un programa distintivo de la nueva administración estatal, por el contrario, hay menos atención y sólo abundan los eventos suntuosos, donde se gasta más en los escenarios públicos para que luzcan mejor las autoridades, en lugar de atender las necesidades más urgentes de las comunidades indígenas. Es una práctica recurrente de realizar eventos a modo donde las autoridades estatales sólo interactúen con los funcionarios municipales, excluyendo a las autoridades y a la misma población indígena. Cuando aparecen en los eventos públicos, sólo las utilizan de relleno, no se les atiende de manera personalizada, ni se busca dar respuestas objetivas a la multiplicidad de sus demandas.

El mismo congreso del estado se ha encargado de borrar de un plumazo los pocos derechos conquistados a pulso por parte de la población indígena. Las diputadas y diputados mestizos se han erigido en los redentores de los indios dictaminando leyes que son regresivas y que ponen en evidencia su cepa discriminatoria y racista, al excluir a la población indígena del proceso de consulta que les ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de que les corrigieron la plana, los diputados y diputadas, siguen reproduciendo sus prácticas clasistas y neocolonialistas, asumiéndose como encomenderos y patrones de la peonada indígena.

Los políticos de Guerrero siguen actuando como caciques altaneros, que se sienten estrellas de la farándula del poder, que actúan como si fueran reyezuelos para vanagloriarse ante sus súbditos. Usan el dinero público para sus negocios privados y utilizan los cuerpos represivos del Estado para atemorizar y reprimir a quienes se atreven a protestar en la vía pública. Heredaron la escuela caciquil de los políticos iletrados, fanfarrones y temerarios. Se confabulan para desactivar la protesta social y se hacen de la vista gorda para mantener la estructura delincuencial que persiste al interior de las dependencias públicas. Se mantiene intacto el pacto de impunidad entre los grupos del crimen organizado que realizan el trabajo sucio de las élites políticas, para mantener intocados sus intereses económicos.

Los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero seguirán luchando cuesta arriba, porque el clasismo y el racismo de los políticos pisotean sus derechos. La verborrea de quienes dicen representar los principios de la 4T, encubre un discurso hueco y sin compromiso para realizar cambios de fondo que salvaguarden los derechos de la población indígena y afromexicana. Se requiere una nueva política centrada en los ciudadanos y ciudadanas, nutrida de la participación de los diferentes sectores de la población y cimentada desde las luchas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en estos primeros 10 meses del gobierno morenista, lo que ha prevalecido es la indiferencia y el maltrato que se expresa en la negación de sus derechos y en la ausencia de políticas públicas incluyentes y horizontales.