Reflexión de Abel Barrera Hernández en la presentación del informe XXVIII de Tlachinollan

Este informe expresa, desde el corazón de la resistencia, desde el corazón de las luchas, los rostros, las historias que se han logrado escribir en estos renglones torcidos de la legalidad en Guerrero; historias luminosas que nos ayudan a avanzar en este difícil camino de la justicia. Por esa razón hemos hecho una reflexión al inicio del informe sobre la situación que se vive en esta coyuntura en el estado.

Vemos una expansión de los grupos de la delincuencia organizada y un debilitamiento de las instituciones de seguridad, por no decir un repliegue, que impide que se garantice seguridad a la población. En las siete regiones del estado hay más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder en términos territoriales y presenciales en los municipios, donde las autoridades les han cedido espacios y presupuesto.

En estas semanas, no lo registramos en el informe, vemos cómo los grupos de la delincuencia están tomando el control de ciertos giros comerciales como el gas en el municipio de Zihuatanejo; los productos básicos en Atoyac; en Tierra Caliente varios presidentes municipales han cedido el poder para el control de la delincuencia organizada; San Miguel Totolapan es el caso emblemático del poder impune del crimen organizado, igual que Teloloapan; en Tierra Caliente se está peleando el poder municipal y los presupuestos públicos para tener el control por parte del crimen, ante una población inerme.

En este contexto difícil lo que está sucediendo en Chilpancingo es complejo porque están en disputa en varias comunidades, desde hace varios meses, en El Ocotito, en Tierra Colorada con los despliegues de la Guardia Nacional. En Acapulco, nos informó Marco Antonio, que hay un gran número de grupos que se están disputando palmo a palmo las playas. Los Rusos están ganando terreno, apoyados con otros grupos tan fuertes, para que también las playas de Acapulco tengan control y dueño.

Es ese el termómetro de un estado convulso donde hay una población que resiste, que se organiza, que lucha, que está en las calles pidiendo que haya maestros como pasa en la Montaña, bloqueando carreteras para que las autoridades cumplan. También está pasando con los colectivos de la guerra sucia con la reparación de los daños, de los agravios por la desaparición de sus familiares. Han tenido que ir hasta Palacio Nacional los compañeros de El Quemado para pedir que se implemente este plan de reparaciones y no han sido atendidos.

Este domingo 19 de febrero, el día del ejército, vinieron colectivos de Atoyac a las puertas de la 35 zona militar para decir abran los archivos, dígannos ustedes dónde están nuestros familiares desaparecidos, dónde se los llevaron, dijeron. La respuesta fue totalmente desconcertante porque en lugar de acompañar, de apoyar a los colectivos que vinieron desde Atoyac, a personas mayores, madres, hijas, esposos, esposas, dentro de las instalaciones militares había un grupo de policías antimotines para proteger, dar seguridad al ejército en lugar de acompañar a las familias que vinieron a decir no puede celebrarse un día del ejército, cuando aún no se investiga la responsabilidad de las desapariciones forzadas acaecidas durante la guerra sucia.

Estos acontecimientos que estamos viviendo actualmente nos remiten a esos 50 años, situación tan grave que no ha sido saldada por parte de las autoridades federales en cuanto a las graves violaciones a derechos humanos que ha cometido el ejército mexicano.

El tema central de este libro son las desapariciones forzadas en Guerrero, las del pasado y las actuales. No es casual que este movimiento de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos estén firmes. Son ellos ese reservorio moral de Guerrero y de México de cómo se lucha por la justicia, cómo se tiene el corazón grande para nunca doblegarse ante versiones amañadas del gobierno federal o la indiferencia de la Fiscalía General de la República para hacer investigaciones y, ante todo, la incapacidad que hay de las autoridades para obligar a que el ejército rinda cuentas, entregue toda la información, abra los archivos y no simule los acuerdos que el presidente de la república ha asumido de cara con las madres y padres en Palacio Nacional.

Lamentablemente ni la Fiscalía General de la República, en concreto el fiscal, está dispuesto que se castigue o se ejerzan las 16 órdenes de aprehensión pendientes contra el ejército mexicano. Hay pruebas de que ellos tienen elementos, sin embargo, hay una línea fuerte y dura dentro del ejército, con las élites militares de no abrir los archivos y no proporcionar la información. Ha sido la fuerza, el testimonio, esa calidad de hombres y mujeres con dignidad de los 43 y de los tantos colectivos que hay acá que son los que nos inspiran para seguir adelante.

Por esa razón para nosotros este informe no tiene sentido si no lo hacemos abrazados en esta causa por la exigencia de la presentación de los seres queridos que están desaparecidos; Si no lo hacemos en este frente común de hombres y mujeres que han dejado su casa, que han dejado su parcela, que han dejado su trabajo para aparecer en la escena pública, obligados por la injusticia, para que la autoridad entienda que tiene que voltear a verles que están exigiendo que investiguen los delitos.

Vemos a una clase política en Guerrero distraída en otros asuntos, alejada de las demandas básicas. Han abandonado, sobre todo, a los actores de la Montaña, de la Sierra, de la zona centro, de los colonos de Acapulco que está exigiendo lo básico: agua, educación, salud, trabajo. A pesar de los programas federales es insuficiente el techo presupuestal que debe de llegar a Guerrero. Por eso los jóvenes migran a Nueva York en busca de trabajo. Las familias se están quedando abandonadas. Más de 22 mil jornaleras y jornaleros agrícolas han salido de la Montaña y Costa Chica para ir a buscar trabajo en los campos agrícolas en Sinaloa, en condiciones de semi esclavitud sin ninguna protección. No hay ningún programa para proteger a la población jornalera, no hay ninguna institución que monitoree las condiciones laborales en que se encuentran trabajando menores de edad.

Ese es el grave problema, el abandono institucional de los sectores más depauperados de nuestro estado. Por eso también tenemos que llamar la atención para que se focalice el apoyo y el acompañamiento. Hemos pedido a las autoridades, desde que entró la gobernadora, una reunión para que se tenga un plan de atención a la población jornalera. La Comisión Intersecretarial no funciona para por lo menos ver cómo se va a atender. Este es un problema grave porque no escuchan.

La situación de las mujeres y niñas indígenas y no indígenas de las ciudades es grave. Se han incrementado los feminicidios. Se han incrementado las muertes maternas en la Montaña. Se ha incrementado la violencia contra las niñas, el tema de los matrimonios forzados es un problema que lamentablemente ha crecido con el abandono de las autoridades. Los padres y madres no han visto la escuela como una opción real y concreta para que sus hijos e hijas estudien. Es preocupante que desde los 11 o 12 años se estén consumando matrimonios forzados porque no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay centros recreativos, no hay trabajo. Hay una crisis en términos de la niñez indígena en el estado, en las comunidades de las regiones como la Montaña y Costa Chica.

Las mujeres, muchas de ellas madres trabajadoras, madres solteras son víctimas de la violencia y de la discriminación en las diferentes comunidades. No tienen trabajo, muchas de ellas se van a los campos agrícolas y no acceden a la justicia, al contario, se les estigmatiza y se les criminaliza. Hay municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en la región de la Montaña, donde las mujeres que se atreven a pedir apoyo a las autoridades como la síndica municipal las obligan a regresar con sus esposos después de sufrir violencia, además de que les cobran tres mil pesos por el acta que levantan para supuestamente conciliar estos problemas familiares. No hay realmente una política que proteja a las mujeres.

Otro problema grave es el de las familias desplazadas. Hemos registrado, con el apoyo de otras fuentes de las que nos hemos valido, alrededor de 22 mil personas desplazadas de manera forzada en Guerrero, está el ejemplo de Chichihualco que ha sido histórico porque han resistido, se han organizado, han tenido que ir a parar a Palacio Nacional y a la Secretaría de Gobernación para poder hacerse visibles. Es la fecha que el Senado no ha intervenido para que realmente haya una ley que las proteja. Esta ausencia de legislación para las familias desplazadas está causando graves daños. Están peleando porque se les reconozca la calidad de víctimas, porque si no, no acceden a los recursos públicos y aun así tampoco tienen los suficientes apoyos que se requieren. El tema de los desplazados es un foco rojo en Guerrero, por eso vino la relatora de la ONU el año pasado, tuvo esa sensibilidad de acompañar a las familias de Chichihualco y escuchar sus testimonios para ver en qué condiciones están viviendo.

Agradecemos bastante la presencia del compañero Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Oficina en alto sentido siempre cerca, al lado de las víctimas; al lado de las madres y padres de las personas desaparecidas; al lado de las mujeres que luchan por la justicia; al lado de los estudiantes que están exigiendo atención, respeto, justicia, seguridad; al lado de la población indígena jornalera y al lado de las familias desplazadas…

Por eso es muy importante la presentación de este informe. Que su unidad nos dé luces para seguir este difícil camino de la justicia y de la verdad. Para nosotros las energías las tenemos gracias a este acuerpamiento de las organizaciones y colectivos que siempre están luchando. También está aquí el colectivo Lupita Rodríguez, les agradecemos que estén con nosotros porque sabemos que en esta red de hermanos y hermanas en la lucha es como vamos a tejer el verdadero telar de la justicia comunitaria y la justicia profunda que tienen los pueblos. Es un honor tener en esta obra sus historias, sus rostros, sus esperanzas, sus sueños, los 43 rostros de los jóvenes que seguimos demandando que el gobierno atienda su clamor.

Lamentablemente hay un naufragio por la verdad. Se ha dado un golpe de timón en estos últimos meses. A pesar del informe del subsecretario Alejandro Encinas donde señaló que es un crimen de Estado la desaparición de los 43 estudiantes, sin embargo, hace falta voluntad política de las autoridades, compromiso de la Fiscalía General de la República para profundizar en las investigaciones y de las élites del ejército mexicano para poder proporcionar toda la información relacionada con la desaparición de los 43. Vemos que ha habido reticencias, ya hay informes de la subsecretaría de derechos humanos como del GIEI que dan más elementos de la responsabilidad que apunta al ejército como presunto responsable de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, las puertas siguen cerradas, los archivos, sin poder acceder a la información. Por eso miramos este naufragio por la verdad.