Abel Barrera Hernández*
A Ricardo le debo la vida. Él me ayudó a salir del pueblo cuando asesinaron a mi hermano Juan Vázquez Guzmán. Iba seguido a la casa en San Sebastián Bachajón. Eran años difíciles, cuando la defensa de las cascadas de Agua Azul estaba al rojo vivo. Mi hermano como líder del movimiento encontró en Ricardo a su mejor amigo y a un excelente defensor del territorio. Por él me animé a estudiar derecho. Entendí que las leyes son parte de la lucha que dan los pueblos para defender su patrimonio. Así lo vivimos en Bachajón desde 2007, cuando tomamos el control de las tierras para impedir que el gobierno continuara con los trazos de la zona hotelera que tenía planeado construir. Fueron 11 años de persecución y represión sistemática contra nuestro ejido autónomo, por ser adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona. Tuvimos 132 presos políticos, todos eran compañeros que participaron en los bloqueos de carreteras y en la resistencia para impedir que funcionara el campamento de protección civil. Como ejido nos organizamos para desbaratar los planes del gobierno federal y no permitir el trazo del emporio hotelero.
Los intereses económicos eran muy grandes, se trataba de crear un centro integralmente planeado (CIP) en Palenque, como parte del corredor turístico que abarcaría Palenque, Agua Azul, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo. Fueron los grandes planes del gobierno federal en tiempos de Calderón y Peña Nieto que impulsaron desarrollos turísticos y que se focalizaron en Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Escuinapa. El CIP de Palenque quedó trunco porque el pueblo tseltal del ejido de Bachajón, Chiapas, no permitió que las cascadas de Agua Azul quedaran en manos de las empresas trasnacionales.
Esta lucha por la defensa del territorio nos costó muy caro, no sólo por el encarcelamiento de nuestros compañeros, sino por la violencia que ejercieron los paramilitares. En este contexto asesinaron a mi hermano Juan para debilitar nuestro movimiento autónomo. En la noche del 24 de abril de 2013 llegó una persona de la comunidad a la casa de Juan. Se saludaron y platicaron. Mis papás sólo escucharon las armas de fuego. Seis balazos acabaron con la vida de mi hermano.
Pese a este clima de violencia, Ricardo siguió a nuestro lado y logró que este emporio turístico se suspendiera en 2014. Desde agosto de 2013, Ricardo me guio por el sendero de la defensa de los derechos colectivos. Tuve el privilegio de acompañarlo en varios casos. Apoyamos a los presos del ejido de Bachajón, al ejido de Tila, Chiapas, contra un decreto expropiatorio de 130 hectáreas. En la comunidad chol de Cuauhtémoc Cárdenas, Palenque, asesoró a las autoridades para defender sus tierras y sus aguas. Apoyó a los compañeros tsotsiles de los Altos de Chiapas que se opusieron a la construcción de la supercarretera de San Cristóbal a Palenque. En Acteal atendió la solicitud de unas familias que se separaron del grupo mayoritario y los acompañó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Tapachula, en 2009, Ricardo y otros abogados presentaron ante la CIDH el caso de Ananías Laparra Martínez, acusado de homicidio. Ananías fue víctima de tortura por policías del estado y sentenciado injustamente a 28 años de prisión. Ricardo, con el apoyo de la clínica jurídica de la Universidad de Seattle, demostró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos del niño. El 5 de septiembre de 2014, las partes suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa que reconoció la tragedia familiar causada por una condena errada, con daños irreversibles.
La lucha de Ricardo lo llevó a Juchitán, Oaxaca, donde interpuso un amparo colectivo contra el megaproyecto Eólica del Sur. Fue un recurso efectivo que contribuyó a fortalecer la lucha de las comunidades del Istmo en la defensa de su territorio. Se solidarizó con los ejidatarios de San Salvador Atenco que lucharon con gran ahínco para impedir la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Ricardo Arturo Lagunes es defensor del territorio que desde hace 15 años se ha incorporado a las luchas autonómicas de los pueblos indígenas para brindar su acompañamiento legal. Desde 2018 apoya a los comuneros de Aquila, quienes desde hace 30 años libran una batalla desigual contra la minera Ternium, de capital ítalo-argentino. En 2010 la empresa comenzó a extender sus límites de explotación y a renovar concesiones sin avisar a los dueños de la tierra, negándose a aumentar los pagos de la renta. Los comuneros de San Miguel de Aquila se han reivindicado como una comunidad nahua ejerciendo su derecho a la libre determinación. Esta nueva lucha por la defensa de su territorio basada en el Convenio 169 les ha proporcionado más bases legales a los dueños de la tierra que son liderados por Antonio Díaz Valencia, comunero de Aquila que se ha asumido como defensor del ambiente. Su lucha legítima lo ha confrontado con los representantes de la empresa de hierro, apoyada por grupos del crimen organizado, que también forman parte de los actores que disputan el control territorial en esta franja de la costa michoacana.
La violencia en la región ha crecido y el encarcelamiento de policías comunitarios ha causado más polarización comunitaria. Hay registro de desplazamientos forzados y recién fueron asesinados tres policías comunitarios de Ostula. La confrontación ha desbordado los márgenes de la legalidad y se vive un ambiente de crispación social, a unos días del cambio del comisariado de bienes comunales. Esta elección será determinante para la empresa Ternium, que se ha involucrado para defender sus intereses económicos. El defensor del ambiente Antonio Díaz representa un peligro para los empresarios porque ha denunciado las graves afectaciones que han causado al ambiente por la extracción del mineral a cielo abierto. Temen que los comuneros con el apoyo de Antonio y la asesoría de Ricardo revoquen los convenios firmados y trunquen sus proyectos expansionistas. Ricardo y Antonio han navegado a contracorriente y en medio de múltiples peligros. Sus desapariciones pretenden debilitar la lucha por la libre determinación del pueblo de Aquila, que es el antídoto para las empresas mineras y el crimen organizado.
* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia
Foto tomada de internet
Texto publicado originalmente en La Jornada