Teuchitlán: luchar contra el horror

 

En este miércoles de ceniza cuando muchos creyentes acuden a los templos para que el sacerdote les imponga el tizne en su frente, recordando a cada persona su naturaleza efímera “acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás” en el poblado de Teuchitlán, Jalisco está realidad condensó crudamente esta realidad. El 5 de marzo será otra fecha dolorosa para el país por lo que encontró el grupo de Guerreros Buscadores en el rancho Izaguirre. Previamente las madres fueron alertadas por un joven sobreviviente, quien telefónicamente confesó haber estado en ese infierno. Narró el horror que vivió y lo que pasó con muchos jóvenes que fueron asesinados. La veracidad de su relato impulsó a la mayoría de madres para visitar el lugar.

Ahora todo México tiene grabadas las imágenes de lo que encontraron en su afanosa búsqueda: un gran número de restos óseos, zapatos, ropa, mochilas, carteras, identificaciones, juguetes y hasta una carta póstuma. Por las evidencias que encontraron se trata de un centro de entrenamiento forzado y de exterminio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde encontraron crematorios clandestinos. Lo inaudito es que ni el gobernador de Jalisco, el fiscal estatal, el fiscal federal ni la Guardia Nacional hayan tenido conocimiento de este rancho que se ubica a 7 kilómetros del poblado. Es increíble que no hayan detectado movimientos de vehículos y de personas que llegaban a ese lugar, sobre todo cuando ya se había reportado desde el 2012 y que la Fiscalía del estado con apoyo de la Guardia Nacional había cateado el rancho el 18 de septiembre de 2024.

Nuevamente fueron familiares, sobre todo mujeres acuerpadas en el colectivo Guerreros Buscadores las que con mucha determinación y valor entraron al rancho y hurgaron todos los escondrijos para registrar y difundir el tamaño de la tragedia. Queda demostrado que los familiares son los buscadores efectivos, los que están dispuestos a todo con tal de llegar al lugar más difícil y peligroso.

Actúan con total transparencia y un compromiso enorme por la verdad. No hay más interés que dar con el paradero de los desaparecidos. Sacrifican su salud, su precaria economía y su seguridad. Son sumamente solidarias y muy humanas. Su valor por la vida es lo máximo y el respeto por la dignidad de todas las personas es su regla de oro. Son personas de un espíritu inquebrantable.

Su arrojo en las búsquedas va desenmascarando la indolencia de las autoridades, su desprecio por la vida de las personas desaparecidas, su hipocresía y simulación. Lo más grave son sus redes que se entretejen con grupos de la delincuencia organizada y el arraigo de la corrupción que forma parte de las reglas no escritas de los gobernantes en turno. Las acciones criminales cuando se multiplican se tornan recurrentes ponen en evidencia la complicidad de las autoridades, el engranaje delincuencial que no funcionaría con éxito si no hay pactos perversos, que permiten todo tipo de horrores.

Fingir ignorancia no cabe en una autoridad que cuenta con un aparato de seguridad que tiene la responsabilidad de velar por la paz y la tranquilidad de sus habitantes. Ser omiso no le exime de responsabilidad porque hacerse de la vista gorda y guardar silencio implica complicidad con el crimen, son parte del entramado delincuencial. Lo que buscan estas organizaciones es que las autoridades sean condescendientes y complacientes con sus acciones criminales. La delincuencia organizada cuando se asienta en un territorio es el indicador más claro del involucramiento de las autoridades municipales y estatales en una primera instancia, porque interactúan cotidianamente con estos grupos, y en segunda instancia con las autoridades federales porque están distribuidos estratégicamente en los territorios para investigar delitos, preservar el orden y desmantelar estructuras criminales.

La realidad que enfrentamos en Guerrero no está alejada de lo que pasó en Teuchitlán, Jalisco. La memoria imbatible de los guerrerenses tiene registro de todas las atrocidades que han cometido presidentes de la República, generales, gobernadores, caciques, militares, presidentes municipales, policías, guardias blancas, paramilitares, pistoleros y crimen organizado.

En las décadas del terrorismo de Estado (1965-1990) vivimos un período de violencia estatal intensa. El Estado cometió violaciones graves a derechos humanos de manera sistemática y generalizada contra amplios sectores de la población. Su proceder criminal tuvo como consecuencia miles de víctimas de tortura, personas desaparecidas, personas que perdieron la vida en masacres a partir de ocupaciones militares y cercos policiales.

La política contrainsurgente que se aplicó en nuestra entidad tuvo un carácter sistemático porque se trató de una intervención deliberada del Estado para hacer frente a las organizaciones político-militares que tuvieron un gran arraigo entre la clase explotada. El Estado volcó su fuerza no solo contra hombres y mujeres guerrilleras combatientes. Entre las víctimas de violaciones graves se encontraron también niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, afromexicanas, sexo diversas y comunidades enteras.

La estrategia bélica del Estado se volcó contra comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas con la intención de minar las bases guerrilleras y para dinamitar las luchas de los pueblos para defender sus territorios, enfrentar los cacicazgos políticas y ejercer su libre determinación. Se implantó una política de terror, de vaciamiento de las comunidades a través del desplazamiento forzado. Un ejemplo que muestra las atrocidades del Ejército fue la comunidad de Corrales Río Chiquito, en Atoyac de Álvarez. Se registraron bombardeos aéreos del Ejército, contra las organizaciones guerrilleras.

La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero tuvo conocimiento que en la comunidad de Posquelite, municipio de Coyuca de Benítez, habían enterrado a dos personas que murieron en un enfrentamiento con el Ejército mexicano en 1974. Con un equipo de peritos realizaron la exhumación de los restos que de acuerdo con los estudios genéticos correspondían a Eliseo Flores Vázquez y Martín Nario Organes. Fue un trabajo loable porque se reivindicó la lucha de los caídos y se dignificó su legado y el rescate digno de sus restos. Mientras tanto para las autoridades civiles y los militares estas atrocidades buscan borrarlas de la memoria digna de las víctimas de la guerra sucia.

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creado por decreto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo el honor de acompañar a las familias Rojas Bernardino junto con la asociación de ejidos y comunidades vulnerables y violaciones a los derechos humanos coordinada por la compañera Estela Arroyo. En estos trabajos coordinados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) participaron varias dependencias federales como la CEAV, la CNDH y la Guardia Nacional. A nivel estatal estuvo presente la Fiscalía, la Policía Ministerial, la CNBGro, la CEAVGro, Secretaría de Gobierno y Policía Estatal. Fue un trabajo interinstitucional y multidisciplinario que tuvo como objetivo exhumar siete cuerpos de personas que fueron ejecutadas por el Ejército en la comunidad de los Espadines, Municipio de Ajuchitlán del Progreso en julio de 1971.

Fue determinante la tenacidad de los familiares y de la asociación que los acompaña para obligar a que las autoridades federales atendieran su exigencia de exhumar los cuerpos de sus seres querido que por miedo no habían denunciado ni señalado los lugares donde fueron inhumados. Con la creación de los cinco mecanismos de la Comisión para el Acceso a la Verdad se dieron las condiciones para que los familiares se organizaran y lograran el rescate de Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Bartolo Rojas Nazario, Gervacio Bernardino Durán, Francisco Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán y Bartolo Rojas Nazario. Las pruebas genéticas confirmaron lo que ya sus familiares habían corroborado, que en verdad se trataba de ellos. A pesar de la demora burocrática de sus cuerpos, sus hijos y nietos han tenido la dicha de sepultarlos dignamente.

Estos dos casos nos ilustran cómo el Ejército cometió estas atrocidades y ninguna autoridad se atrevió a investigar a los perpetradores, mucho menos atender a los familiares de personas desaparecidas. Sigue habiendo complicidad para ocultar estos crímenes de Estado y se mantiene el patrón de impunidad que protege a los militares que implantaron el terror y desaparecieron a centenares de guerrerenses.

Lo más grave es que se mantienen los factores de persistencia de la violencia estatal. Es decir, que se mantienen prácticas e inercias institucionales que le dan continuidad a mecanismos y patrones violatorios a los derechos humanos que perpetúan la impunidad y la falta de acceso a la justicia, así como la permanencia de actores responsables dentro de las esferas del poder.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa puso al descubierto que estos pactos de impunidad se mantienen intocados, que las redes de macrocriminalidad se han extendido y arraigado dentro de las estructuras gubernamentales. Este crimen atroz destapó la cloaca de las desapariciones en Guerrero y dio la pauta para que muchas madres se organizaran en colectivos y salieran a buscar a sus hijos. Nuevamente aparecen en primera línea las madres buscadoras que han realizado muchas jornadas de búsquedas en las que han encontrado varios cuerpos y restos en fosas clandestinas.

En el 2015 en Cerro Gordo se encontraron 28 cuerpos, en Pueblo Viejo en el 2019 las madres buscadoras encontraron 21 cuerpos, dentro del municipio de Iguala. Los colectivos de Chilpancingo y Acapulco también tienen varios hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas. La mayoría de lugares están controlados por el crimen organizado. Las autoridades estatales se mantienen agazapadas para no afectar intereses delincuenciales y mantener un perfil bajo dejando que los grupos delincuenciales sigan imponiendo el terror.

Las versiones que circulan en varias regiones es que las organizaciones criminales tienen sus centros de reclutamiento y de entrenamiento. Varios jóvenes están desaparecidos y las autoridades se tornan cómplices porque no los buscan, son familiares los que realizan las investigaciones y los que empiezan a desenredar la hebra delincuencial, pues lamentablemente estas redes están interconectadas con autoridades de los tres niveles de gobierno. El incremento de las desapariciones en el estado es la prueba funesta del quiebre de nuestra institucionalidad, de la complicidad y complacencia con los jefes de plaza y de una gobernabilidad corroída por la corrupción y la impunidad.

Foto: Guerreras Buscadoras de Jalisco